Este camino lo iniciamos en una parte del bosque de Oaxaca, en el sureste de México, país donde en varias administraciones el gobierno no ha detenido los asesinatos de defensores ni con la existencia del Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas creado en 2012. En este país, los defensores que habitan en los estados de la República, lejos del centralismo de la Ciudad de México, son los invisibilizados y están indefensos ante agresiones, como le ocurre a Irma, una defensora que desde que le quemaron su casa debe esconderse por su seguridad. Ella aún no ha sido aceptada en el Mecanismo y su caso está olvidado. Sin protección, se refugia en el bosque para sobrevivir porque ella es parte de los Defensores comunitarios tenían protección del Estado mexicano y aún así los mataron.

Tampoco cambia el panorama para quienes son aceptados en el Mecanismo porque, aún con medidas de seguridad, tampoco se garantiza que están seguros y que no serán asesinados. Varios defensores entrevistados denunciaron la deficiente protección que da la empresa RCU Sistemas, S.A. de C.V, asignada por el gobierno federal para proteger a los activistas. Pese a las críticas y cuestionamientos, pero sobre todo ante los asesinatos de dos defensores del territorio y seis periodistas que estaban bajo su protección, como lo confirmó el equipo al acceder a un documento del Mecanismo.

Las cifras de asesinatos contra defensores continúan incrementándose en México. Tan solo en lo que va de este 2021, han asesinado a 10 defensores ambientales según un recuento hemerográfico y en 2020 se cometieron 18 homicidios de ambientalistas, según el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

México firmó y ratificó el Acuerdo de Escazú, contrario a El Salvador, uno de los países que ni siquiera lo firmó; y donde se registran problemas con las consultas ciudadanas. En este país poco o casi nada se habla a nivel regional de la forma en que se agrede a defensores ambientales, no hay una ley de defensores de derechos humanos y el gobierno actual está persiguiendo a las ONG. Todo esto, mientras que los defensores ambientales ni siquiera son considerados personas en riesgo, no hay registros, ni bases de datos de las agresiones que sufren y, cuando son atacados, sus casos suelen ser criminalizados y estigmatizados al asociarlos con conflictos entre pandillas.

El Salvador criminaliza y judicializa a defensores ambientales como se confirmó en una base de datos construida por este equipo que logró documentar casos ocurridos entre los años 2000 y 2021, en la zona occidental y paracentral del país se han registrado 65 ataques a los defensores ambientales, de los cuales 44 fueron justificados como riñas entre pandillas, es decir, procesados por el sistema judicial. La base analizada registró 14 casos de los que se desprenden 48 víctimas, en su mayoría hombres campesinos.

En la base de datos, también se identificó a 32 victimarios, segmentados en servidores públicos y personajes privados que van desde integrantes de la Policía Nacional Civil hasta de grupos empresariales, en los que destacan las industrias de la minería, energías renovables, construcción y el crimen organizado.

Al llegar al sur, Argentina parecería uno de los países que ha avanzado en la legislación ambiental e incluso fue una de las naciones que impulsó el Acuerdo de Escazú. A pesar de ello, las comunidades y colectivos defensores del medio ambiente han visto cómo la defensa del territorio se vuelve una tarea complicada porque Argentina es un laberinto para la justicia ambiental al no generar una justicia expedita. Ante esto, las comunidades deben acudir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque ahí han encontrado que los procesos también son lentos y contrastan con la rapidez con que las empresas extractivistas se instalan en el país.

Argentina es referente ambiental de América Latina, y tiene leyes, pero le falta que la justicia tipifique los delitos ambientales que hasta ahora son inexistentes. Las víctimas viven una odisea, porque ni siquiera con las instancias internacionales tienen asegurado el acceso a sus derechos.

México, Argentina y El Salvador tienen legislaciones ambientales de diferentes niveles. Aún con la ratificación del Acuerdo de Escazú, este convenio internacional no es punitivo, es decir, no hay castigo para quien lo incumpla. En entrevista con el jefe de Unidad de Políticas para el Desarrollo sostenible de la División de Asentamientos Humanos de la Cepal, Carlos de Miguel, explica que para dar continuidad a su cumplimiento la Conferencia de Las Partes, la máxima autoridad en este tipo de acuerdos, deberá crear un comité para dar recomendaciones y gestionar la cooperación entre los países que quieran mejorar sus mecanismos legales relacionados al acceso a la información, participación ciudadana, acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de defensores ambientales.

Uno a uno, las y los defensores son agredidos y cuando esto pasa no se trata de casos aislados. Todo lo que viven tiene efectos en sus comunidades, porque el miedo se instala para intentar paralizar la defensa ambiental. En este recorrido, así como los ataques a los defensores son la constante, el equipo encontró una coordenada común: Los pueblos resisten y no se detendrán en la defensa de su territorio y de sus recursos naturales.