Los magistrados de la Sala de lo Constitucional se han dado tres semanas de plazo para resolver sobre el cumplimiento de su sentencia más polémica: la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993. La mayoría de instituciones demandas no han cumplido con la sentencia, tal como reportaron ante la Sala durante la segunda audiencia de seguimiento que se prolongó durante tres jornadas (20, 22 y 25 de junio) – la primera fue en julio de 2017. Las conclusiones de los magistrados se conocerán a pocos días de terminar su periodo de nueve años al frente de la principal instancia judicial del país.
Foto FACTUM/Frederick Meza
Los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional terminarán su periodo el próximo 15 de julio, dos años después de haber declarado inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, una sentencia aún no cumplida que busca reparar los daños de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos y permitir el acceso a la justicia “a fin de contribuir con ello al perdón y a la reconciliación nacional”, según reza el escrito del 13 de julio de 2016.
Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González, cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, dejan sus cargos en julio y ya anunciaron que su resolución sobre el cumplimiento de la sentencia sobre la amnistía será una de sus últimas acciones.
Para verificar el cumplimiento de la sentencia, la Sala realizó una audiencia de seguimiento un año después, en 2017, con representantes del Órgano Ejecutivo, Legislativo y de la Fiscalía General de la República. En esta jornada apenas se reportaron logros, salvo la apertura de algunos casos grandes como la masacre de El Mozote, y que la Fiscalía anunciara la creación de un grupo de tres fiscales dedicados a investigar más de 130 casos de la época del conflicto armado salvadoreño.
En junio de 2018, durante la segunda audiencia de seguimiento, el panorama no ha cambiado mucho. Algunas instituciones siguen sin cumplir con las órdenes de la Sala, sobre todo la Asamblea Legislativa, cuyas responsabilidades vienen descritas al detalle en las páginas 34 y 35 de la sentencia.
Los abogados representantes de la Asamblea Legislativa reconocieron que el órgano legislativo no ha cumplido la sentencia que les obliga a aprobar una ley complementaria, mientras sigue vigente temporalmente la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, en sustitución a la derogada Ley de Amnistía. En ese sentido, la Asamblea informó que el pasado 14 de junio había creado una comisión ad hoc (cinco días antes de la segunda audiencia de seguimiento) para promulgar una nueva ley de reconciliación nacional.
El viceministro de la Defensa, general Carlos Jaime Mena Torres, durante la audiencia por el cumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía. Foto FACTUM/Frederick Meza
Sin embargo, los demandantes Benjamín Cuellar, Ima Guirola, Jorge Alberto Amaya y Pedro Antonio Martínez señalaron durante la audiencia que esa comisión legislativa es integrada por algunos diputados vinculados a la Fuerza Armada durante el conflicto como Rodolfo Parker- señalado en el Caso Jesuitas por el Informe de la Comisión de la Verdad-, el coronel José Antonio Almendáriz y el general Mauricio Ernesto Vargas.
El Ministerio de Hacienda confirmó que no existe una partida presupuestaria específica para que las instituciones públicas puedan dar cumplimiento a la sentencia de la Sala, ni un fondo previsto especialmente para indemnizar a las víctimas y garantizar así el buen uso de esas asignaciones económicas.
La Presidencia de la República presentó un informe largo y muy detallado, enumerando acciones previas a la sentencia que ya incluían un enfoque de atención y reparación a víctimas del conflicto armado, así como la juramentación de la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos o la realización de actividades culturales en memoria de las graves violaciones de derechos humanos, entre otras acciones.
Al concluir el informe presidencial, el magistrado Florentín Meléndez cuestionó algunos elementos: “Se mencionan acciones positivas, pero necesitamos acciones concretas. Por ejemplo, en la atención a víctimas, ¿es a todas? ¿y qué más se hizo?”, dijo durante la audiencia.
La Fiscalía General de la República destacó que actualmente trabaja con 160 casos de la época de la guerra que se reparten entre las oficinas fiscales de todo el país y el Grupo Contra la Impunidad (GCI), que cuenta con solo cuatro fiscales y el apoyo de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil.
El fiscal general Douglas Meléndez, que estuvo presente al inicio de la audiencia, enumeró los cuatro casos que han solicitado que sean desarchivados y otros cinco en los que han pedido la reapertura a los respectivos tribunales: el asesinato de los periodistas holandeses en Dulce Nombre de María, Chalatenango, en 1982; la masacre de Las Hojas en San Antonio del Monte, Sonsonate, en 1982; la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA en 1989; el homicidio del presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y dos asesores sindicales estadounidenses en 1981 y el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cometido el 24 de marzo de 1980. También recordó que siguen los procesos judiciales en los casos de las masacres de El Mozote, Tecoluca y El Calabozo; y por la desaparición forzada de las hermanitas Serrano Cruz.
Además, la @FGR_SV ha solicitado el desarchivo de estos casos:
1. Homicidio del Dr. Francisco José Guerrero, presidente de la CSJ, 1989.
2. Asesinato de profesora María Cristina Pérez, 1989.
3. Asesinato de Patricia Méndez, 1982.
4. Asesinato de 5 dirigentes del FDR, 1980.— Revista Factum (@RevistaFactum) 20 de junio de 2018
Los archivos militares que no aparecen
Uno de los principales obstáculos para el avance de las investigaciones fiscales, desde que se derogó la Ley de Amnistía, ha sido la dificultad para acceder a los archivos de la Fuerza Armada que documentan las operaciones militares a las que se refieren las masacres recogidas en el Informe de la Comisión de la Verdad. Este informe es el referente de la Sala de lo Constitucional para establecer una guía y orientar las múltiples investigaciones que se tendrán que reabrir o desarrollar tras la sentencia de 2016.
El viceministro de la Defensa, general Carlos Jaime Mena Torres, rindió un informe durante la segunda jornada de la audiencia donde detalló que colaboraron en 34 requerimientos para dar cumplimiento a la sentencia: 20 para los casos en investigación de la Fiscalía, cinco para las nuevas investigaciones a partir de recursos de hábeas corpus y nueve requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe de Defensa fue el más breve, apenas seis minutos para describir el cumplimiento, pero uno de los más cuestionados por los demandantes, que como la Fiscalía han recibido negativas ante las numerosas peticiones de documentos militares, en muchos casos porque la Fuerza Armada ha dicho que no existen.
Mucha información de las operaciones militares “nunca se generó o pudieron haberse destruido o quemado a consecuencia de los ataques a edificios militares, o se deterioraron, hay que tener en cuenta que han pasado más de 30 años…”, dijo Mena Torres, durante la audiencia ante la Sala.
Pero Ima Guirola, demandante y representante de la sociedad civil, le cuestionó: “Si hay información militar de inicios del siglo veinte, ¿cómo es que no tenemos de operaciones de guerra de hace un par de décadas?”
“La ley nos prohíbe inventar cosas que no nos constan o de las que no tienen información sobre ello”, dice el viceministro de Defensa, Mena Torres, y que por el tipo de guerra que se vivió en el país la planificación de operaciones se hacía en el terreno y luego se destruía.
— Revista Factum (@RevistaFactum) 22 de junio de 2018
El Ministerio de Defensa intentó, incluso, apegarse a una sentencia de la Sala de 2017 (amparo 713) sobre excepciones a la Ley de Acceso a la Información Pública, alegando que no están obligados a generar información que no existió al momento de los hechos. Pero el magistrado Florentín Meléndez recordó al viceministro que esta excepción no debe afectar al derecho a la verdad y que, además, “no podrá invocarse el carácter reservado cuando se trate de graves violaciones a derechos humanos”.
Pero el viceministro insistió y arguyó que los planos de las operaciones, por ejemplo, se dibujaban en el terreno y luego se destruían. En la tercera sesión de esta audiencia llevó uno de muestra, lo desplegó ante la vista de los magistrados y pidió incorporarlo en su informe: “esta es la referencia más cercana a lo que se usaba en la época de la guerra”, dijo Mena Torres mientras sostenía el mapa en sus manos ante la mirada atónita del público y la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, que desde su asiento usó el celular para tomar varias fotografías del mapa.
Documento mostrado por la representación militar durante la audiencia de la Sala de lo Constitucional. Foto FACTUM/Frederick Meza
Para el abogado Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), presente en las audiencias como amicus curiae (amigo de la corte) para aportar elementos relevantes al caso, los impedimentos para acceder a la información militar de la época de la guerra tienen que ver mucho con el lenguaje técnico militar porque es diferente al que usa la población civil y que así se justifican las inexistencias de documentos. Por ello recomendó que se elabore un glosario de términos técnicos y también que se logre el acceso al archivo de Naciones Unidas para tener más documentos sobre los casos en investigación.
La sentencia sobre el cumplimiento del Estado se dará a conocer en el plazo de tres semanas, dijeron este 25 de junio los magistrados, muy cerca ya de la fecha en que cuatro de ellos -lo más relevantes en los últimos nueve años- depongan sus cargos y el futuro de esta sentencia quede en manos de los nuevos y aún no elegidos, integrantes de la Sala de lo Constitucional.
Opina