Los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional se despiden con sorpresas. La admisión de dos recursos que señalan a comandantes de los grupos armados de izquierda, incluido el actual presidente del gobierno, Salvador Sánchez Cerén, sientan un precedente importante sobre la impunidad y el derecho a la verdad para las familias afectadas por crímenes y desapariciones forzadas cometidas antes de la guerra. Sobre todo, cuando se trata de dos figuras relevantes de gran proyección internacional: el poeta Roque Dalton y el embajador de Sudáfrica, Archivald Gardnier Dunn.
Foto FACTUM/Archivo familia Dalton
Este martes 10 de julio fueron admitidas dos demandas presentadas por familiares de personas ejecutadas y desaparecidas antes de la guerra civil (1980-1992) y relacionadas con dos grupos armados de la izquierda salvadoreña. La primera es una demanda de amparo presentada en junio de 2018 por Juan José Dalton Cañas contra la Fiscalía General de la República, el Juez Noveno de Paz de San Salvador y la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, por no investigar el crimen de su padre, el escritor Roque Dalton, torturado y asesinado en mayo de 1975 por órdenes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
El segundo se trata de un hábeas corpus o exhibición personal que fue presentado por Chistopher Robin Gardner – Dunn Moreira, nieto de Archibald Gardner Dunn, quien era embajador de la República de Sudáfrica en El Salvador, secuestrado el 28 de noviembre de 1979 por las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) al mando de Salvador Sánchez Cerén, según la demanda.
Este recurso fue el primero que la Sala admite contra uno de los grupos armados de oposición que posteriormente integraron la guerrilla salvadoreña durante el conflicto. Por tanto, permite sentar un precedente para todas las personas que decidan reclamar justicia por los crímenes que no aparecen recogidos en el Informe de la Comisión de la Verdad (1993), pues estos casos ya forman parte de las investigaciones que dirige la Fiscalía tras la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz. Así lo confirmó el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, en un informe reciente brindado ante la Sala donde indicó que trabajan en 160 casos de esa época.
En el caso del embajador sudafricano secuestrado en 1979, la Sala designó a Carlos René Gaitán Martínez como juez ejecutor, para que se encargue de intimar al ahora presidente de la República para que se pronuncie sobre esta presunta desaparición forzada. Esto porque debe “contar con información del hecho mencionado, así como datos respecto a la ubicación de la persona de la que se afirma su desaparición”, dice la sentencia de la Sala.
Casa Presidencial emitió un comunicado este miércoles 11 de julio a través de sus redes sociales, firmado por el secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, con tres posicionamientos sobre la admisión de la Sala: primero, que la Comisión de la Verdad hizo una investigación exhaustiva del caso y no mencionó a Sánchez Cerén ; segundo, que el presidente no pertenecía a la dirigencia de la FPL en ese momento, sino que era un líder magisterial; y tercero, que “esta resolución tiene un propósito político de dañar la imagen del presidente”.
Resolución de la @SalaCnalSV tiene propósito político. pic.twitter.com/x0vIRtHk5W
— Casa Presidencial (@presidencia_sv) 11 de julio de 2018
El primer punto de este comunicado es cuestionable porque el periodo de investigaciones que abarcó la Comisión de la Verdad en su informe “De la locura a la esperanza” se centró por su mandato en “los graves hechos de violencia cometidos desde 1980”, como se señala en la página 2 del documento histórico. Sin embargo, el secuestro del embajador, como ya se dijo, comenzó en noviembre de 1979 y se prolongó supuestamente hasta octubre de 1980, cuando las FLP emitieron un comunicado informando de su ajusticiamiento y aclarando que no darían a conocer el paradero de los restos del embajador, según un reportaje publicado en noviembre de 1997 por un amigo del embajador e intermediario en su secuestro, el ex embajador salvadoreño Ernesto Rivas Gallont.
Sobre el segundo punto del comunicado firmado por Lorenzana, queda consignado en la demanda que la dirección de las FPL estaba ese año bajo el mando de Salvador Cayetano Carpio; sin embargo el nieto del desaparecido embajador reconoce que “…estando de comandante de las FPL, Salvador Cayetano Carpio, los segundos desde el secuestro de mi abuelo, fueron Mélida Anaya Montes y Salvador Sánchez Cerén”. En la demanda agrega que a ellos fue a quien su padre (hijo del embajador) dirigió una carta pública, “solicitando que se manifestaran sobre el paradero de los restos de mi abuelo, sin embargo, hasta la fecha, nunca ha tenido respuesta, razón por la que creo que las personas relacionadas son la antigua organización de las FPL”.
Si la futura intimación del presidente Sánchez Cerén no permite aportar más información sobre el hecho y los restos del exembajador Eddie Dunn (como era conocido), la Sala indica que “de negarse la existencia de aquella, deberá solicitar al demandado que justifique, por cualquier medio de prueba, tal negativa”.
Extracto del reportaje publicado por el ex embajador Rivas Gallont en La Prensa Gráfica en 1997.
En la demanda de amparo por el caso de Roque Dalton, su familia está solicitando que se investigue el crimen que permanece en la impunidad a pesar de la denuncia presentada en 2010 ante la Fiscalía General de la República. La familia quiere que se establezca judicialmente quiénes fueron los responsables de su muerte y el posterior desaparecimiento de los restos del poeta.
Los señalados como presuntos autores del crimen son los excomandantes guerrilleros del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), Joaquín Villalobos Huezo, alias “Atilio”, y Jorge Antonio Meléndez López, alías “Jonás”, actual secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y director general de Protección Civil durante los últimos dos gobiernos del FMLN, es decir, desde 2009 a la fecha.
Villalobos y Meléndez fueron sobreseídos en 2012 – a petición de la Fiscalía- por el Juez Noveno de Paz de San Salvador y este fallo fue ratificado por la Cámara Tercera de lo Penal alegando que el crimen ya había prescrito pues no podía considerarse como de lesa humanidad; entre otros argumentos porque no había sido cometido en un estado de beligerancia o durante el conflicto armado. Como se ha conocido hasta la fecha, Dalton era integrante del ERP y fue fusilado tras un juicio sumario de este grupo armado, por considerarlo un informante de la CIA.
La Sala ha resuelto que la familia de Dalton tiene derecho a conocer las circunstancias y los motivos por los que se perpetró su asesinato, ya que “tales actuaciones habrían vulnerado el derecho a la verdad por la supuesta omisión del Fiscal de investigar los hechos denunciados y por la presunta denegación de acceso a la justicia por parte de las autoridades judiciales que conocieron del caso en sede ordinaria”, detalla el escrito de admisión.
“El Juez (Romeo Aurora) Giammattei dijo que había prescrito, eso no quiere decir que sean inocentes – enfatiza Juan José Dalton-. Ahora la jurisprudencia en el país ha cambiado, lo contemplan como crimen de lesa humanidad. Ahora se puede reclamar también por el asesinato o secuestro del empresario Roberto Poma (ejecutado por el ERP en 1977, donde también es señalado Villalobos). En el caso de Archivald, la familia reclamó y no está contemplado dentro de la Ley de Amnistía, es anterior. La Sala le está diciendo a la gente que cualquier salvadoreño tiene derecho a reclamar por el asesinato y tortura”.
Un día después de la admisión del amparo, Jorge Meléndez negó durante una entrevista radial haber asesinado al poeta. El funcionario tildó a Juan José Dalton de “sinvergüenza” y dijo que todas sus pruebas, como la entrevista que realizó en 1993 a Villalobos y que salió publicada en el diario mexicano Excelsior, donde el excomandante reconoce su autoría en el crimen de Dalton, son “un montón de fotocopias y de ahí no se puede colegir que esas personas son los asesinos”. Sin embargo, Meléndez dice que no se opone al derecho a la verdad, porque “lo que decidió la Sala puede ser positivo. Yo tengo primos, una tía, capturados y desparecidos, no estoy en contra de la verdad”.
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