El trato se cerró en la madrugada. Una reforma al sistema previsional que aumenta el monto que debe aportar el trabajador pero le garantiza, en teoría, una pensión vitalicia, y que, en esencia, impide el colapso al que el sistema privatizado se encaminaba. A cambio, el FMLN obtuvo el efectivo que con tanta urgencia necesitaba el gobierno.
Foto FACTUM/Archivo
Las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones aprobadas en la sesión plenaria de este jueves 28 de septiembre en la Asamblea Legislativa no aseguran que el monto de las pensiones que se les entregará a los jubilados aumentará de forma significativa. Al contrario, el aporte de los trabajadores a sus cuentas individuales aumentará 1 %, pero la devolución apenas crecerá un 0.3 % y del año 2050 en adelante. Antes, el ahorro será menor que el 10.8% del salario mensual que estaba vigente.
Las enmiendas, que tuvieron un aval casi unánime, sí garantizan que la pensión, en teoría, no se acabe luego de que se agote el dinero ahorrado. La nueva Cuenta de Garantía Solidaria, aplicable incluso para los pensionados del sistema antiguo, salvará al gobierno de endeudarse más para pagar sus obligaciones previsionales con los jubilados. Los diputados hicieron los cambios necesarios para que el sistema, al menos, no colapse, como estaba previsto.
Todo ocurrió en una sesión plenaria partida en dos para que en ese lapso el presidente Salvador Sánchez Cerén diera su firma a las nuevas reformas y también para dar espacio a más decretos: darle permiso al gobierno de endeudarse con 168 millones de dólares para cumplir sus obligaciones lo que resta del año y readecuar la deuda actual con el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
La Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) en la actualidad establece una tasa de cotización máxima del 13 % del ingreso base, es decir del salario mensual, y que distribuye los aportes así: para la cuenta individual, que es el ahorro que se le devuelve como pensión al jubilado, un 6.25 % lo paga el trabajador y un 4.55 % lo cubre el empleador. El otro 2.2 %, a cargo del patrono, es para pagar comisiones a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el contrato de un seguro por invalidez y sobrevivencia.
Plenaria en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, donde ayer se aprobó la reforma previsional. Fotos FACTUM/Cortesía.
La reforma eleva la cotización total a un 15 % del ingreso base. Pero la nueva redistribución de estos aportes va en detrimento del ahorro en la cuenta individual de los trabajadores, aunque con los cambios estén obligados a cotizar más: de 6.25 % que aportaban ahora pagarán 7.25 %.
Los empleadores ahora incluso pagarán menos del 4.55 % para la cuenta individual de sus empleados. De hecho, desde este año y todo 2018, los patronos apenas van a aportar un 0.75 %. Eso significa que el 10.8 % del salario mensual que se ahorraba para la pensión ahora se convertirá en un 8 %. ¿Por qué el trabajador pagará más y el empleador pagará menos y por qué el ahorro será menor cuando en realidad el porcentaje de cotización general subirá dos puntos porcentuales?
La respuesta tiene un nombre: Cuenta de Garantía Solidaria. Los diputados de Arena, FMLN, GANA, PCN y PDC creyeron conveniente crear un fondo solidario que se va a utilizar para continuar con el pago de las pensiones para las personas jubiladas en el sistema previsional antiguo y que es cubierto en la actualidad por el gobierno. Y hacia el futuro, este fondo se activará en favor del pensionado cuando sus ahorros que cotizó en la AFP se agoten y continúe con vida.
El mayor beneficio con esta cuenta solidaria se lo lleva el gobierno: ya no tendrá que tomar prestado de los fondos de pensiones para pagarles a los jubilados del sistema antiguo. Y el mayor perjuicio es que los cotizantes actuales van a pagar más y van a ahorrar menos, aunque las nuevas generaciones de trabajadores de años próximos no verán las diferencias en los ahorros de sus cuentas individuales. Los empleados del futuro entrarán en el mercado laboral con una cuota determinada y con un porcentaje de ahorro que solo podrá ir en aumento.
La nueva distribución de los aportes, entonces, será transitoria y sufrirá cambios según pasen los años. Lo que no variará son los porcentajes de cotización de los trabajadores: siempre serán de un 7.25 %, así como no van a cambiar los porcentajes para el pago del seguro por invalidez y sobrevivencia y el pago de la comisión a la AFP por administrar el dinero: un 2 %.
Con estos valores invariables en el tiempo, los aportes de los empleadores son los que se van a redistribuir en cada período hasta el año 2050. Por ejemplo, en 2017 y 2018, los patronos van a asumir el 0.75 % para la cuenta individual de los trabajadores y van a dirigir un 5 % para la Cuenta de Garantía Solidaria.
En 2019, para las cuentas individuales habrá un aumento y llegará a 0.80 % y el mismo 5 % para la cuenta solidaria. De 2020 a 2027, el aporte patronal a la cuenta individual subirá a 0.85 % y 5 % para la solidaria. Entre 2028 y 2037 ocurrirá la primera mutación trascendente: 1.35 % para las cuentas individuales y 4.5 % para la cuenta solidaria. Para ese año, las pensiones del sistema antiguo, se prevé, van a dejar de pagarse de forma paulatina.
De 2038 a 2043, los empleadores van a cotizar 1.85 % para la cuenta individual de sus trabajadores y un 4 % para la Cuenta de Garantía Solidaria. Entre 2044 y 2049, se pagará un 2.85 % a la individual y un 3 % a la solidaria. Y de 2050 en adelante ocurrirán las cotizaciones de 3.85 % para la individual y de 2 % para la solidaria.
En las cuentas individuales, a 2050, el 3.85 % de los patronos más el 7.25 % fijo de los trabajadores sumarán 11.1 %, ese porcentaje tiene apenas tres décimas más que el 10.8 % que actualmente se ahorra.
Dos diputados que pidieron la reserva de su identidad comentaron a Factum que la situación de la deuda pública con las pensiones ya era insostenible y que no era conveniente permitir que el gobierno siguiera tomando prestado para pagar a las personas jubiladas del sistema antiguo. Subrayaron que son los cotizantes los que tienen que hacer “el sacrificio” de ahorrar menos, pero procurar el pago de los jubilados y verlo como una ayuda solidaria que les va a garantizar, cuando ellos sean los jubilados, que las nuevas generaciones aporten a esa cuenta especial a la que podrán acudir en caso de que sus ahorros previsionales se agoten.
Lorena Peña, del FMLN (centro), conversa con diputados de Arena en la plenaria en que se aprobó la reforma al sistema de pensiones.
El lado político de las pensiones
Ganar y perder. Con las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, el gobierno administrado por el partido FMLN ganó esto: no va a endeudarse más con el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que sirve para pagar las pensiones a los jubilados del sistema antiguo, porque se creó la Cuenta de Garantía Solidaria, que será financiada con los aportes de las cotizaciones de los afiliados del sistema actual.
El gobierno también ganó esto: va a poder readecuar su deuda vigente con el fideicomiso con intereses cómodos al principio y que se irán incrementando con los años, desde una tasa anual de 2.5 % para 2018 hasta una tasa de 4.5 % a partir de 2022 y hasta que cancele la totalidad de lo adeudado. Para esto último, se tuvo que aprobar un decreto de reforma a la Ley del FOP.
Pero perdió su principal punto de honor respecto a las pensiones: no logró los votos para que los fondos de pensiones actuales pasaran a un nuevo sistema público de administración. Los opositores a esa propuesta advirtieron en su momento que el gobierno no buscaba más que dinero fresco para pagar los gastos descontrolados y planillas excesivas en las instituciones públicas.
La oposición, mientras tanto, ganó el punto de honor contrario al del gobierno: mantener las AFP y decirle no a un nuevo sistema público de pensiones. También ganó con una aprobación de otro decreto a la Ley del FOP -en total, ayer ocurrieron dos modificaciones para este fondo- en el que se establece una subida a un 6 % fijo de tasa anual de interés para los Certificados de Inversión Previsionales que con constancia toma prestado el gobierno. El 6 % de interés se aplicará a partir de la nueva deuda que se vaya adquiriendo.
Pero perdieron en lo siguiente: no pudieron mantener los márgenes de ganancias para las AFP. De hecho, en las reformas aprobadas la madrugada del 28 de septiembre, se acuerda una disminución del 2.2 % al 1.9 % para las comisiones que perciben las AFP en concepto de administración de los fondos de pensiones.
También hubo una reducción en las comisiones que las AFP cobran por renta programada, de un 1.5 % a 1 %. Mientras que eliminaron por completo las comisiones que se pagaban por las pensiones mínimas y también se eliminaron las comisiones que se aplicaban a cuentas inactivas. Ganar y perder.
Los diputados consultados por Factum, por ejemplo, defendieron la idea de la Cuenta de Garantía Solidaria. La visión que tienen es que luego de que haya servido para pagar las pensiones a los jubilados del sistema público, la cuenta solidaria pueda quedarse instalada para dar cobertura a las personas a quienes se les agoten los fondos ahorrados en las AFP.
El Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) deja en abandono a las personas jubiladas cuando se termina la cantidad de fondos que ahorraron mientras fueron cotizantes. La reforma pretende solventar ese vicio del sistema. Si bien no se logró asegurar una mejor pensión en cuanto a más dinero se refiere, los acuerdos políticos se enfocaron en que el dinero para los jubilados no se agote y se mantenga hasta su deceso. En cierta manera, se trata de asegurar una pensión vitalicia, indicó el diputado del partido Arena Juan Valiente.
El pliego de reformas al SAP -noventa artículos a lo largo de sesenta páginas- se aprobó con setenta y cuatro votos de ochenta y cuatro diputados, durante una sesión plenaria que empezó el miércoles 27 de septiembre y se prolongó hasta la madrugada del jueves 28. A la 1:41 de la mañana de este jueves, un aplauso de la mayoría legisladores en el Salón Azul precedió el final de la primera plenaria, para que el decreto ya aprobado fuera enviado a la brevedad al órgano ejecutivo, mientras se llamó a una reunión extraordinaria de la comisión de hacienda.
“El logro principal de este acuerdo es la defensa del sistema de ahorro para pensiones y la garantía de que los ahorros de los trabajadores seguirán siendo de los trabajadores. Asimismo, este acuerdo no resuelve todo, pero es el que pudimos alcanzar, y evidencia que podemos viabilizar otros acuerdos políticos”, dijo la diputada arenera Ana Vilma de Escobar minutos antes de que terminara la primera plenaria.
Las posturas desde el FMLN también reflejaban satisfacción. La diputada Karina Sosa, consultada por Factum, valoró que se pudo lograr un consenso entre los grupos parlamentarios para aprobar las reformas. Algunos legisladores efemelenistas, sin embargo, se mostraron más críticos en sus comentarios, como Calixto Mejía. “Esta reforma que estamos haciendo reconfirma que el sistema privatizado de pensiones por Arena está fracasado”, dijo.
El SAP se creó en 1998 y desde el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol se permitió que el sistema coexistiera con el régimen antiguo de pensiones. Los dos sistemas son distintos y entre esas diferencias hay dos puntos clave: los montos y la duración del pago de pensiones. Desde que se creó el FOP, el pago de pensiones a jubilados del sistema antiguo se ha cancelado con los ahorros de los cotizantes del sistema nuevo que el gobierno toma prestados. Esa práctica, desde un principio, generó una deuda que con los años creció y ahora se ha vuelto insostenible.
El adorno
Luego de haber finalizado la primera sesión plenaria y de convocar a los diputados de la comisión de hacienda a una reunión extraordinaria, se abrió, en la misma madrugada del jueves 28 de septiembre, una segunda plenaria en el Salón Azul del congreso. Entre las intervenciones de diputados, se informó que el presidente Salvador Sánchez Cerén ya había firmado su aprobación de manera exprés a las reformas del Sistema de Ahorro de Pensiones.
Los diputados, ya inmersos en la segunda sesión, aprobaron un nuevo decreto para establecer un 6 % de tasa anual de interés fijo para quienes adquieran como préstamo los Certificados de Inversión Previsionales (CIP), que se encuentran incluidos en el FOP. Otro decreto sobre el FOP fue aprobado: en este, se le dio al gobierno la facilidad de pago de su deuda previsional actual, con una tasa anual de interés variable que en 2017 será de 2.5 % y que de 2022 en adelante subirá a una 4.5 %, hasta que haya cumplido su compromiso.
Pero aún faltaba una última aprobación. Ya era alrededor de las 3 de la mañana y en el pleno se leyó una solicitud del gobierno de Sánchez Cerén: un permiso legislativo para que la Presidencia de la República preste dinero, 168 millones de dólares específicamente, para pagar obligaciones y terminar los compromisos del año 2017.
Sánchez Cerén, en la solicitud, detalló que de los 168 millones de dólares, 5.3 millones van para el pago de las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (ISPFA), otros 34.8 millones para pagar devoluciones del IVA a exportadores; también 26.2 millones para devoluciones del impuesto de renta para los contribuyentes; otros 55.6 millones para el pago del servicio de la deuda pública; y, por último, 45.9 millones para pagar el subsidio de la energía eléctrica.
Arena, fuera de lo común, no hizo ninguna crítica en el pleno por la falta de liquidez del gobierno y varios de los diputados de ese grupo parlamentario votaron por la deuda. Y lo mismo hicieron los legisladores del FMLN en varios tramos de las reformas a la Ley SAP y con el decreto para subir a un 6 % la tasa anual de interés a los CIP. El silencio para no criticarse era mutuo. Terminaron por aprobar los dictámenes y los legisladores en el plenario decidieron irse a sus casas.
Eran las 3:33 de la madrugada.
Al final, un diputado lo dijo: el sistema de pensiones, al menos, va a subsistir.
Opina