Dos reportes recientes, uno de la ONU y otro de Cristosal, vuelven a destacar que la violencia sigue obligando a jóvenes salvadoreños a huir de sus hogares y de su país. Muchos de ellos siguen intentando entrar a los Estados Unidos, donde las políticas draconianas de la administración Trump se empeñan en tratarlos como a criminales y les niega cualquier posibilidad de refugio.
Foto FACTUM/Archivo
El Gobierno de Estados Unidos reconoció esta semana que ha separado a más de 2,300 niños de sus padres, y que lo lleva haciendo al menos desde mediados del pasado abril. Esta medida es parte de la política migratoria “Tolerancia Cero” anunciada recientemente por la administración del presidente Donald Trump, y suspendida este miércoles 20 de junio tras múltiples protestas internacionales. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) niega que se trate de una estrategia para frenar la migración irregular, desde marzo del año pasado el jefe de ese departamento ya había amenazado con aplicarla “para impedir que haya más movimiento dentro de esta red extremadamente peligrosa”, según publicó el New York Times.
Separar a los niños de sus padres es la más reciente de medidas represivas con las que Trump ha poblado sus políticas públicas en el tema migratorio, que ya incluyen el fin de beneficios migratorios que favorecían a hijos de migrantes indocumentados llevados a Estados Unidos cuando eran muy pequeños -los llamados Dreamers- o del Estatus de Protección Temporal, el TPS.
La mayoría de afectados por la reciente política de separación de niños son mexicanos y centroamericanos, el principal flujo de migrantes que se aventuran a cruzar la frontera de forma irregular, donde por supuesto hay menores salvadoreños. Hasta el 19 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que tenía conocimiento de por lo menos 50 menores de edad separados de sus padres. La cifra, sin embargo, podría ir variando según se avance en la revisión de los casos uno a uno. “Ese dato es bien dinámico todos los días pero tenemos más o menos medio centenar”, dijo la viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Ludovina Magarín a La Prensa Gráfica.
Unicef y el Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos condenaron la medida, mientras la Cancillería de El Salvador ha pedido través de un comunicado publicado este lunes que se cese con la separación de las familias y que se respeten sus derechos.
En la línea de estas políticas contra la migración, el gobierno estadounidense anunció a inicios de este mes que los solicitantes de asilo que justifiquen su “miedo creíble” por la violencia intrafamiliar y la persecución de pandillas en su país de origen, no podrán optar a un estatus de protección. También que todos aquellos que crucen la frontera de forma ilegal serán detenidos y puestos a las órdenes de un juez. Este 20 de junio, tras la ola de condenas, la administración Trump anunció que dejará de separar a las familias, pero no se comprometió a reunificar a las familias afectadas por su política de cero tolerancia.
En la capital estadounidense, analistas citados por el Washington Post en un artículo publicado el mismo 20 de junio aseguraron que la medida de separación de menores de sus familias perseguía el mismo objetivo político que antes impregnó la cancelación del DACA -como se conoce por su acrónimo en inglés a la política que favorecía a los Dreamers; obligar al Congreso a aprobar una ley migratoria que financie el muro fronterizo con México, en el que Trump basó buena parte de su campaña presidencial.
La tragedia empieza en casa
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) lanzó el 19 de junio su informe estadístico anual Tendencias Globales, con datos de 2017, donde El Salvador se posicionaba con más de 59 mil casos, como el sexto país con más ciudadanos solicitando asilo. Por delante están otras naciones como Afganistán, Siria o Irak, que han salido recientemente de una guerra o permanecen en conflicto.
La pesadilla que viven a diario muchos salvadoreños afecta directamente, y en la mayoría de casos, a mujeres, niños y jóvenes. Las cifras del Instituto de Medicina Legal lo demuestran: entre 2014 y 2017 fueron asesinadas 3,868 personas que tenían entre 0 y 19 años; es decir, casi tres muertes al día durante ese periodo.
Cristosal, una ONG especializada en la atención de familias desplazadas por la violencia publicó el martes 20 de junio el informe “Generación Sin Retorno” para denunciar la vulnerabilidad de esta población y el impacto que provoca en sus vidas. Entre enero de 2016 y mayo de 2018, Cristosal atendió a 675 menores de edad y jóvenes amenazados, aunque los más afectados por grupos de edad son los jóvenes (18 a 25 años) y los niños y niñas (0 a 11 años). La mayoría ya habían tenido que desplazarse y dejar su lugar de residencia por la violencia. Los municipios donde se reportaron más casos fueron San Salvador, con 63 desplazados; Soyapango con 49; Panchimalco con 28 casos; e Ilopango, con 26 afectados.
Los motivos para tener que dejar sus casas fueron principalmente las amenazas directas -siete de cada 10 -, pero también los homicidios y el reclutamiento forzoso por parte de pandillas. Las familias señalan a las pandillas en el 96 % de casos, y en menor medida a la Policía, grupos de exterminio y la Fuerza Armada. Aunque, según los casos atendidos por esta ONG, un 46 % de las familias decidieron no denunciar por miedo a sufrir represalias principalmente, porque no confía en las instituciones públicas u otras razones como falta de pruebas.
Las consecuencias para las familias que han sido desplazadas o están pidiendo ayuda para poder hacerlo son lógicas: la mitad perdió su trabajo al dejar su lugar de residencia y con ello su principal fuente de ingresos. Y más de la mitad de los niños y adolescentes que estaban estudiando cuando sus familias denunciaron los hechos, tuvieron que abandonar el centro escolar y sus estudios.
Además, el 89 % de las familias afectadas tiene niños y jóvenes entre sus miembros, por decidieron migrar a otros países como Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala y optar por un estatus de protección, según registra el informe de Cristosal.
Mientras tanto, el Gobierno de El Salvador ha rechazado que en el país se esté dando una crisis humanitaria de dimensiones suficientes para reconocer el desplazamiento interno forzado por la violencia. El gobierno ha publicado un informe que nombra el fenómeno con otro nombre “movilidad interna a causa de la violencia”, se apoya exclusivamente en datos del año 2016 y señala que solo el 1 % de las personas encuestadas reconoció haber huido de su casa por la violencia.
El gobierno se apoya en las entrevistas realizadas por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para intentar desmentir que la violencia sea la principal causa por la que los salvadoreños salen del país. Según la encuesta realizada en 2017 a 4,762 menores de edad deportados -retoma Cristosal- , el 35.9 % respondió que salió del país por motivos económicos, el 32.4 % para reunirse con sus familiares y el 30.4 % por la inseguridad.
No reconocer el problema es un obstáculo para luchar en contra de ello, como ha denunciado en numerosas ocasiones esta ONG, varios relatores de Naciones Unidas y hasta el mismo Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en el marco de su visita al país en noviembre de 2017.
Ante la crisis de los niños separados de sus padres y madres, Cristosal denuncia que se trata de una estrategia deshumanizante del gobierno estadounidense y hace un llamado a respetar la dignidad de los niños y sus familias: “este es un momento decisivo para que las personas y comunidades defiendan la dignidad inherente de todo ser humano, en cualquier lado de cualquier frontera”, recoge en su declaración Noah Bullock, director ejecutivo de esta ONG.
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