En las últimas semanas, las promesas del presidente Trump respecto a las deportaciones se han hecho realidad. Noticias sobre redadas y retenes abundan, junto a casos particularmente escandalosos como la detención de un joven mexicano supuestamente protegido por el Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), o de la mujer salvadoreña capturada en un hospital donde recibía tratamiento por un tumor cerebral, o la madre detenida en el juzgado donde testificó contra su esposo por violencia doméstica, o del viudo mexicano que se suicidó momentos después de su deportación a Tijuana.
Estos casos son solo algunos de una larga lista, ya que cada deportación constituye una tragedia, un cataclismo para la víctima, sus familiares, amigos, y comunidad. Y el gobierno de Trump está haciendo todo lo posible para generar la máxima cantidad de tragedias posibles: sus nuevos órdenes aumentan la cantidad de oficiales migratorios, otorgan poderes migratorios a policías locales, y dramáticamente amplían la cantidad de personas que puedan ser deportadas sin audiencia con un juez. Hoy, cualquiera persona sin documentos que no pueda comprobar que haya vivido en EEUU por los últimos dos años puede ser deportada sin audiencia, y las autoridades pueden deportar a personas solicitando asilo a México mientras se tramita su solicitud, aunque no sean mexicanos.
La maquinaria de la deportación masiva está acelerando su paso. En este momento de crisis, no debemos olvidar que esta maquinaria está hoy en las manos del nuevo presidente porque su antecesor, Barack Obama, se la entregó.
Fue con Obama que las deportaciones alcanzaron niveles sin precedentes (más de 2 millones de personas deportadas durante su mandato, entre ellos más de 326,000 salvadoreños) y que la deportación se consolidó como industria privada altamente rentable. Desde 2009, los centros de detención de migrantes tienen que cumplir una cuota de 30,000 personas detenidas diarias a nivel nacional. Hoy 62% de todos los migrantes detenidos están en manos de empresas privadas que se lucran de la deportación masiva a través de contratos con el Estado. En 2010, Obama firmó una ley aprobando el aumento de la fuerza de patrulla fronteriza y autorizando el uso de drones de vigilancia por la frontera con México; en 2014 financió al Plan Frontera Sur para que México detuviera y deportara miles de migrantes centroamericanos antes de que llegaran a EEUU. En mi país, la criminalización de los migrantes y la militarización de las fronteras son políticas que transcienden las líneas partidarias.
Este régimen de deportación masiva se sostiene, en parte, por un mito fundacional. Aprovechemos esta coyuntura angustiante y urgente para deshacernos de una buena vez de este mito que tanto ha penetrado los discursos oficiales y populares. Me refiero al mito de los buenos y malos migrantes.
Tanto en Estados Unidos como El Salvador circula un discurso dominante que distingue entre dos poblaciones de migrantes:
- Por un lado, se encuentran los migrantes trabajadores, de familia, quienes a través de sus labores honoradas y valores humildes merecen permanecer en sus comunidades de residencia.
- Por otro, están los criminales, transgresores, quienes merecen la deportación.
En El Salvador, este mito sirve para estigmatizar al deportado como delincuente, pandillero y fracasado, y a la misma vez para lamentar el sufrimiento del migrante en tránsito que arriesga su vida por su peregrinaje noble. Sirve también para celebrar a los migrantes “exitosos”, aquellos que han logrado el famoso “sueño americano” en las tierras del tío Sam.
Esta lógica es contradictoria, fraccionaria y, fundamentalmente, irresponsable. Por un lado, porque la mayoría de los llamados “retornados” no tienen antecedentes penales. De todas las personas deportadas a El Salvador entre 2011-2014, solo 30% había cumplido una condena o tenía antecedentes penales en Estados Unidos; de todas las personas deportadas a El Salvador de EEUU en 2010, por ejemplo, 60% no tenían antecedentes penales, y de los que sí contaban con algún antecedente, 32% de ellos correspondía a infracciones menores como manejar ebrio, violaciones de tránsito, o tener documentos falsos.
Además, en Estados Unidos las estrategias policiales racistas que desproporcionadamente detienen y encarcelan a personas de color han convertido a los migrantes latinos y caribeños en poblaciones más vulnerables a la deportación, ya que cualquier contacto con el sistema penal puede terminar en su transferencia a la custodia de las autoridades migratorias. Como resultado, 90% de las personas deportadas de EEUU son hombres, y 97% proviene de Latinoamérica y el Caribe, aunque la mitad de los no-ciudadanos en EEUU son mujeres, y solo 60% provienen de Latinoamérica y el Caribe.
Cuando descalificamos a los migrantes con antecedentes penales nos volvemos víctimas de una lógica neoliberal que reduce toda acción a una supuesta libertad de elección individual. Así, volvemos invisible el contexto en que se desarrolla el drama humano, y en particular, enmascaramos a la violencia estructural y a los sistemas de dominación que se benefician por contar con una mano de obra migrante aterrorizada y dócil. Se trata de sistemas que se lucran de la deportación masiva.
Sostener que existen personas que merecen la deportación es legitimar la lógica de este sistema nefasto de explotación y expulsión. La etiqueta de “criminal” no es una identidad, sino una arbitrariedad jurídica condicionada por los vicios del sistema de justicia estadounidense. Hoy, bajo las reglas de Trump, todo migrante irregular es un criminal.
Este mito sólo sirve para dividir y debilitar a las poblaciones más impactadas por el régimen de deportación masiva y para justificar la inhumana separación de familias. No existen ni buenos ni malos migrantes, solo seres humanos, dignos de exigir sus derechos.
Opina