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La narcopolítica y el asesinato del zar antidrogas

La primera vez que visité La Mosquitia hondureña lo hice desde el aire. Hacía un reportaje sobre el narcotráfico para Diario El Heraldo de Honduras. El titular de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) del Ministerio Público, el general Julián Arístides Gonzales, me permitió acompañarlo en un patrullaje de rutina que haría como parte de sus investigaciones. El día estaba nublado, el helicóptero estatal entró a una zona de turbulencia y a mí solo se me ocurría dormir para huir del miedo. El general guio la aeronave hacia un supuesto cultivo de marihuana.

Era el año 2004. Volamos sobre una zona aparentemente extensa que me dejó la percepción tantas veces repetida que convierte a La Mosquitia en un territorio estigmatizado por el narcotráfico y que cierra las oportunidades a su gente.

Quince años más tarde, he conocido la belleza del idioma misquito, la diversidad cultural, la exuberancia de sus paisajes y el abandono estatal que condena a los pueblos indígenas tawahkas, misquitos, pech, negros creoles y también a los mestizos que se han apoderado de extensos terrenos: “los terceros”, les dicen los misquitos.

Aunque podría ser un destino turístico por excelencia, las operaciones de la narcoactividad y sus nexos con los políticos criollos o que aterrizan en sus pistas de tierra han condenado a más de dos mil buzos a vivir lisiados porque muchos entran al agua bajo la influencia de drogas para poder soportar la explotación laboral a la que son sometidos por algunos dueños de embarcaciones que no pescan solamente alimentos del mar… y que así como pueden ser empresarios, en una línea difusa también pueden ser políticos locales, nacionales o contactos de políticos de alto nivel.

La gente cuenta en esta tierra que la primera vez que pescadores y nativos vieron polvo blanco flotando en sus aguas, a finales de la década de los noventa, lo bautizaron como el “veneno blanco”, porque adormecía la lengua. No sabían qué era, hasta que llegó un éxodo de turistas hablando en inglés o español que no solo querían el veneno blanco, sino que además pagaban por los paquetes pescados en alta mar.

El veneno blanco sustituyó la política pública al punto de que tienen un aeropuerto con una pista de tierra, no hay servicio de energía eléctrica proveído por el Estado y el agua es insalubre, aunque están en medio del mar Caribe y del océano Atlántico.

Las interrelaciones locales entre narcotráfico y política parecen una pequeña maqueta arquitectónica de lo que pasa a nivel más grande en la estructura gubernamental de Honduras, según lo demuestran las últimas acusaciones que se llevan a cabo en las cortes de Estados Unidos. Fue precisamente el general Gonzales Irías el primero que empezó a hablar del tema desde inicios de la década pasada.

Con el general tuvimos una de las mejores relaciones éticas de fuente-periodista de mi carrera, sin confundir esa relación con la amistad ni compromisos de ocultar información o evitar cuestionamientos a cambio de información. El general era mi fuente y yo una periodista que siempre cuestionaba y dudaba de la información que me proporcionaba. Aun así, era la única, junto al reportero Carlos Javier Martínez, en quien él decía confiar para brindar información.

En varias ocasiones el general me mostró expedientes de narcopistas del tío de un expresidente de Honduras, un prominente empresario que públicamente decía ser víctima del narcotráfico porque en medio de sus plantaciones aparecían pistas clandestinas. El general nunca quiso darme una copia y era difícil seguir la pista de investigación de un personaje protegido incluso desde las salas de redacción. Nunca investigado. Aún hoy tenemos esa deuda desde el periodismo de investigar sus acciones.

También me mostró las fotos de las placas diplomáticas del hermano del expresidente de Honduras, el exdiputado Ramón Lobo Sosa, encontradas en un allanamiento de la DLCN a una propiedad del supuesto narcotraficante Jorge Echeverría Ramos, alias “Coque”, asesinado en el hospital de la Penitenciaría Nacional de Támara, en Honduras. La nota fue publicada en el periódico sin que pasara nada.

El asesinato de “Coque”, según un artículo del sacerdote Ismael Moreno para la Revista Envío, marcó la consolidación de Los Cachiros y su afianzamiento a partir de 2004. Los Cachiros sembraron una escalada nacional de terror y los periodistas tuvimos mucha incapacidad para investigar y difundir. Unos 13 años más tarde, el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Fabio Lobo, fue enjuiciado en una corte de Nueva York por supuestos nexos con Los Cachiros, también el hermano del actual presidente de Honduras era amigo de Los Cachiros.

Volviendo al general Gonzales Irías, le iniciaron una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito desde el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). La investigación fue difundida masivamente por la prensa unos días después de que el director de la DLCN reportó que había encontrado nexos telefónicos entre una alta funcionaria del Ministerio Público y un narcomenudista. Esta última información fue censurada.

El general insistía en que debiéramos investigar desde el periodismo la narcopolítica y el uso de precursores químicos. Yo era una reportera novata, apasionada por el periodismo, pero me parecía un tema difícil, complejo, lejano, imposible de cubrir desde la agenda mediática tradicional.

Por esos mismos días, yo estaba francamente frustrada por la censura y temerosa por la información que conocía sobre el crimen organizado. Preferí darle un giro a mi carrera, entrar a la televisión, hacer un periodismo más suave, sin conflictos, sin investigar, sin frustraciones por nadar contra la censura. Dejé de cultivar mis contactos, entre ellos el director de la DLCN.

En eso estábamos cuando vino el golpe de Estado y nos sacudió a todos, nos hizo repensar el periodismo, partió en dos el ejercicio periodístico. La atención se centró en la ruptura del orden constitucional mientras el crimen organizado avanzaba a pasos agigantados y la prensa concentraba su atención en el abismo social que generó el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

Después del golpe volví a investigar. Poco a poco fui incursionando nuevamente en investigaciones televisivas sobre temas de tráfico de madera, corrupción, lavado de activos, y revelamos algo que parecía inverosímil: la existencia de narcoalcaldes y que “el Chapo” Guzmán se paseaba por el país.

La última vez que vi al general fue en 2009. No recuerdo de qué tema hablamos. Para ese entonces el Cártel de Sinaloa se consolidaba en Honduras con sus socios locales.

Unos meses después, el director de la DLCN había dado un giro en sus relaciones con los periodistas. Comparecía en conferencias de prensa de manera más frecuente, apareció con la Policía Nacional en una conferencia conjunta anunciando operaciones en La Mosquitia.

Unos días después lo asesinaron.

Fue abatido el 8 de diciembre de 2009, menos de un mes después del triunfo electoral de Porfirio Lobo Sosa, cuyo presidente del Congreso Nacional designado era Juan Orlando Hernández, hermano de Juan Antonio Hernández, un excongresista hondureño enjuiciado por narcotráfico en Estados Unidos.

Las cámaras de vigilancia muestran el carro que conducía el general y detrás suyo se ve a motociclistas que le daban persecución. Varios policías implicados en su asesinato fueron supuestamente “limpiados” (asesinados), según excompañeros suyos de la DLCN.

El fiscal general Luis Rubí mostró un discurso público de consternación y anunció que investigaría, pero internamente fue poco contundente en la investigación y sus omisiones favorecieron la impunidad de este crimen, de acuerdo con funcionarios del Ministerio Público.

Como una pieza más del rompecabezas, en las últimas horas, Magdalena Boynton, subdirectora de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, envió una “solicitud urgente de asistencia” en el procesamiento de Juan Antonio Hernández, con base en el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

Juan Antonio Hernández, conocido también como Tony Hernández, es sospechoso de estar en complicidad con asesinos del zar antidrogas Julián Arístides Gonzales, pero además es enjuiciado en el «procesamiento, recepción, transporte y distribución de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína que llegaron a Honduras por medio de aviones, embarcaciones rápidas y, por lo menos en una ocasión, un submarino, desde el 2004, o alrededor de esa fecha, hasta el 2016, o alrededor de esa fecha. Hernández tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los cuales parte de la cocaína fue marcada con el simbolo “TH”, es decir, “Tony Hernández”. Hernández también coordinó y en ocasiones participó proporcionando fuerzas de seguridad fuertemente armadas para el transporte de cargamentos de cocaína dentro de Honduras, incluidos integrantes de la Policía Nacional de Honduras y traficantes de drogas afinados con, entre otras, ametralladoras».

«Los fiscales están investigando a integrantes actuales y pasados de la Policía Nacional de Honduras, incluido uno o más cómplices de Hernández, en relación con el asesinato de Julián Arístides Gonzales Irías en Honduras en diciembre de 2009. De acuerdo con múltiples testigos, los traficantes de drogas hondureños pagaron a integrantes de la Policía Nacional de Honduras para matar a Gonzales Irías. En abril de 2016, se publicaron artículos en el periódico The New York Times que incluían lo que parecían ser copias de unos informes de investigación de las autoridades del orden público de Honduras, relacionados al asesinato de Gonzales Irías. Los artículos y uno de los informes de Honduras describen un video de vigilancia que muestra una reunión llevada a cabo el 7 de diciembre de 2009, aproximadamente a las 7:22 p.m., que involucra a varios integrantes de las fuerzas del orden público de Honduras planeando el homicidio de Gonzales Irías y realizando pagos en efectivo a participantes en el plan de asesinato».

En la misma causa se mencionan sobornos para funcionarios y excongresistas por parte del narcotráfico. Lo mismo reitera la acusación contra el exdiputado Fredy Nájera, extraditado a Estados Unidos.

La vida le va dando razón a Julián Arístides Gonzales. Aunque a él se la arrebataron, queda el poder de la palabra.


*Wendy Funes es periodista hondureña. Fundadora del periódico Reporteros de Investigación. Ganadora del premio Libertad de Expresión en categoría Periodismo de la organización Index on Censorship (2018). Desde 2015 investiga la criminología mediática en la prensa escrita de Honduras.

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