El narcoestado se cierne sobre Honduras

Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, fue “objetivo” en una investigación que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, abrió en 2013 a varios políticos asociados con la banda de narcotraficantes Los Cachiros. Entonces, Hernández era presidente del Congreso; el año siguiente se convirtió en presidente del país y se reeligió en 2018 con la bendición de Washington.

Foto FACTUM/Tomada de Flickr con licencia Creative Commons

Tres investigaciones independientes revelan las profundas conexiones entre Los Cachiros, la banda de narcotraficantes más poderosa del país en esta década, y la presidencia de Honduras durante las administraciones de Juan Orlando Hernández, jefe del Ejecutivo desde 2014, y su antecesor, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).

Un documento judicial recién desclasificado en Nueva York, en el marco de un juicio por narcotráfico contra Fabio Lobo, hijo de Lobo Sosa, revela que en 2013 la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) investigó a un grupo de personas por “haber participado en actividades de narcotráfico a gran escala y de lavado de dinero relacionado a la importación de cocaína a los Estados Unidos”. Uno de los investigados era Juan Orlando Hernández.

“Los objetivos de la investigación incluyen a: Jaime Rosenthal, Yankel Rosenthal, Yani Rosenthal, Edwin Rosenthal, Edwin Mayer Rosenthal, Juan Orlando Hernández, Hilda Hernández, Ebal Días y Julián Pacheco”, dice uno de los párrafos de una petición presentada por el fiscal Emil J. Bove III en una corte del distrito sur de Nueva York el 2 de julio de 2015 para que el tribunal autorizara la intervención de las comunicaciones electrónicas de los arriba citados.

Yankel Rosenthal fue ministro de inversiones en 2014, durante el primer periodo de Hernández, y fue condenado por lavado de dinero en febrero del año pasado.

Extracto de documento anexo a proceso judicial en corte del distrito sur de Nueva York en el que fiscales estadounidenses certifican que el presidente hondureño fue objetivo de una investigación de la DEA en 2013.

En otra investigación, anexa al proceso criminal 00174 abierto contra Fabio Lobo en una corte del distrito sur de Nueva York, y desclasificada a inicios de esta semana, dos fiscales estadounidenses aseguran que Lobo hijo fue “lobista” de Los Cachiros ante Lobo padre y el presidente Hernández hasta bien entrado 2014.

Los fiscales Emil J. Bove III y Matthew J. Laroche presentaron, en enero de 2017, sus primeras conclusiones sobre los hechos del caso al juez Joon H. Kim. El documento revela, entre otras cosas, que Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes de Los Cachiros, y grabaciones hechas por Fabio Lobo corroboran que ambos mencionaron al expresidente Lobo Sosa, al presidente Hernández, a su hermano Tony (también acusado de narcotráfico en Estados Unidos) y a otros políticos y militares en relación con un “cargamento de cocaína de varias toneladas”.

Rivera Maradiaga, quien también fue procesado en Estados Unidos por tráfico de drogas, es testigo en el caso contra el hijo de Porfirio Lobo. La fiscalía neoyorquina ha asignado al líder de Los Cachiros la clave CW-2 para identificarlo.

En otra parte del documento de 2017 se relata que Lobo hijo informó a Rivera Maradiaga que había pedido al expresidente Lobo Sosa ―a quien llamó “el Jefe”― y “al presidente hondureño Juan Orlando Hernández ―JO (sic)― apoyar a Los Cachiros porque el gobierno hondureño ya había tomado suficiente de ellos ―los narcotraficantes”. Fabio Lobo, según certifica la fiscalía neoyorquina, también asegura que habló directamente con Hernández sobre Los Cachiros.

Estas son las referencias más directas hechas por narcotraficantes hondureños, testigos, o por los fiscales asignados a esos casos, a la supuesta participación del presidente Juan Orlando Hernández en redes de narcotráfico.

Lobo y Rivera Maradiaga también señalan al general Julián Pacheco, actual ministro de Seguridad de la administración Hernández, como cómplice en el movimiento de varias toneladas de cocaína. Fabio Lobo asegura que un capitán del ejército hondureño lo llevó a una reunión con Pacheco en la que se habló del traslado de tres toneladas de droga. Ya en 2018, un informante de la DEA había implicado a Pacheco con Los Cachiros y el narcotráfico.

El viernes 31 de mayo, el gobierno de Hernández emitió un comunicado para responder a los señalamientos. La comunicación lleva el título “Documento judicial de Estados Unidos comprueba que nunca se encontró evidencia en contra del presidente Juan Orlando Hernández”, lo cual no es cierto: en ninguna parte de los documentos desclasificados por la corte del distrito sur de Nueva York la DEA o los fiscales estadounidenses indican lo que el comunicado dice. En los expedientes judiciales desclasificados tampoco hay referencia a que la investigación abierta en 2013 esté cerrada.

Según el gobierno de Honduras, los señalamientos hechos por Los Cachiros y Fabio Lobo obedecen a un intento de los narcotraficantes confesos por rebajar sus penas. Hernández, además, se escuda en los espaldarazos que la ha dado la administración Trump, que lo ha calificado como aliado en la lucha contra el narcotráfico.

Los señalamientos, sin embargo, son certificados por fiscales estadounidenses del distrito neoyorquino en un documento en el que resumen los hallazgos de su investigación al juez que lleva la causa contra Fabio Lobo.

MACCIH y fiscalía: Presidencia Lobo financió con dinero público a Los Cachiros

El tercer caso que ilustra la penetración del narcotráfico en la presidencia hondureña es el que la fiscalía de ese país ha bautizado como “narcopolítica”. En ese expediente hay indicios de que la administración de Porfirio Lobo cometió ilegalidades para adjudicar dinero público a una empresa propiedad de Los Cachiros.

De izquierda a derecha: Fabio Lobo, Porfirio Lobo (en cuarto lugar), Javier Rivera Maradiaga (en quinto lugar) y Juan Gómez (en sexto lugar). Fuente: Cortes de Estados Unidos. Cortesía.

La investigación, realizada por la fiscalía hondureña y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), revela que la administración del expresidente Lobo maniobró para que la constructora Inrimar fuera inscrita sin cumplir con los requisitos de ley y, casi inmediatamente, recibiera 21 contratos de construcción en un periodo de cuatro meses y medio por casi 64 millones de lempiras (unos 2.7 millones de dólares).

Es la investigación criminal que con más claridad ha tocado las puertas de Porfirio Lobo, conocido en Honduras como Pepe. Este expediente habla de toda la administración del exmandatario: de cómo su secretario de obras públicas y su consejo de ministros torcieron la ley para entregar dinero público a la banda de narcos a los que la justicia estadounidense atribuye un centenar de homicidios y el tráfico de toneladas de cocaína por el corredor centroamericano.

La operación en favor de los narcotraficantes fue tan eficiente que Inrimar (acrónimo de Inversiones Rivera Maradiaga, que son los apellidos familiares de Los Cachiros) obtuvo su primer contrato, el número 0168/CO/DG/SOPTRAVI/2010, por 1.6 millones de lempiras ―unos 65,000 dólares―, dos días antes de estar autorizada para recibir dinero público, de acuerdo con documentación anexada a la investigación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público hondureño.

A partir de ahí, un rotundo éxito para Inrimar: el Estado hondureño, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Trabajo y Vivienda (Soptravi) le otorgó 21 contratos entre el 2 de agosto y el 16 de diciembre de 2010. Esto es un contrato cada seis días a razón de unos 144,000 dólares semanales por servicios de construcción y diseño que en muchas ocasiones no cumplieron con lo establecido en los términos de referencia de las licitaciones públicas.

De acuerdo con una fuente en MACCIH relacionada a la investigación, “la mayoría” de obras contratadas por la administración de Porfirio Lobo a Inrimar “ni siquiera se realizaron”.

Detalle de contratos entregados por la administración del expresidente Porfirio Lobo a la empresa Inrimar, propiedad de Los Cachiros. Fuente: expediente fiscal en Honduras. Foto cortesía.

Los amaños de las licitaciones son, según los investigadores, otra forma en que la administración Lobo favoreció a la empresa de los narcotraficantes.

El 10 de mayo y el 6 de julio de 2010, el gobierno de Honduras aprobó sendos decretos ejecutivos para declarar estados de emergencia por el paso de la tormenta tropical Agatha por el país. Esos decretos autorizaban a la administración Lobo a adjudicar contratos de reconstrucción de daños sin concurso público: entre el 5 de mayo y el 16 de diciembre de 2010, Inrimar recibió 43,022,396.80 millones de lempiras (unos 1.8 millones de dólares). De acuerdo con la ley hondureña, todos los decretos ejecutivos pasan por el Consejo de Ministros, cuyo jefe es el presidente de la República.

Otro testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga en Nueva York indica que en 2010 fue Antonio Hernández, hermano del presidente actual de Honduras y hace nueve años diputado, quien facilitó el contacto entre Los Cachiros y la administración de Porfirio Lobo para “conseguir que finanzas del gobierno pagarán a Inrimar”.

InSight Crime consultó en Tegucigalpa a investigadores relacionados con el caso Inrimar por qué el expresidente Lobo no está en la acusación que por este caso presentó la fiscalía el pasado 24 de mayo. Uno de esos investigadores aseguró que hay, en la fiscalía, una línea de investigación abierta exclusivamente al expresidente. No está claro si el Ministerio Público presentará cargos.

En una conferencia de prensa realizada en la capital hondureña el viernes 24 de mayo, Lobo Sosa descartó los señalamientos, acusó a Luis Antonio Guimaraes Marrey ―actual vocero de la MACCIH― de urdir una persecución política y lo retó a presentar pruebas al público.

La enorme sombra del narco

El asunto va ya más allá de los círculos íntimos de los dos hombres que han gobernado Honduras tras el golpe de Estado de 2009. Va incluso más allá de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. Todo el asunto empieza a desvelar con más claridad la cercanía entre todo el Estado hondureño y el narcotráfico en un corredor por el que, según Washington, ha pasado entre el 80 y el 90 por ciento de la droga que ha ingresado a Estados Unidos en la última década.

El cerco sobre Lobo y Hernández viene estrechándose desde hace años, cuando juicios abiertos contra el hijo del primero y el hermano del segundo por narcotráfico encendieron las alertas sobre la influencia del crimen organizado en la política hondureña.

Al expresidente Lobo también se le ha relacionado con salvadoreños que han tenido complicaciones con la justicia: fotografías lo exhiben en compañía de José Natividad Luna Pereira, fundador de la banda de narcotraficantes Los Perrones en el oriente de El Salvador, y con Enrique Rais, empresario que es acusado de fraguar un esquema de corrupción en la Fiscalía salvadoreña y que hoy es prófugo de la justicia.

Enrique Rais, empresario salvadoreño acusado de delitos de corrupción y otros y prófugo de la justicia, junto al expresidente Porfirio Lobo en Tegucigalpa. Foto cortesía.

Nunca, sin embargo, la posible implicación directa de Lobo y de Juan Orlando Hernández, su sucesor, había estado tan a la vista: el caso de Inrimar habla de un esquema de corrupción de todo el Estado hondureño para favorecer a Los Cachiros en el que parece muy difícil obviar al expresidente; y en el caso de Juan Orlando Hernández, pues la misma DEA lo investigó por sospechas de que pertenecía al grupo criminal ligado a la banda de narcos.

Lobo y Hernández accedieron a la presidencia hondureña por el Partido Nacional, que tomó el poder tras el golpe de Estado que botó a Manuel Zelaya, aliado político del régimen chavista en Venezuela, en 2009.

Ya durante la administración de Zelaya la inteligencia antidrogas de Estados Unidos había advertido sobre el ensanchamiento de la ruta hondureña, sobre todo a través de los remotos territorios fronterizos de Gracias a Dios, Olancho y Yoro, departamentos del norte y oriente hondureño donde Los Cachiros y otras bandas afianzaron su control territorial a partir de 2010.

Hoy sabemos que el crecimiento de Los Cachiros en las rutas hondureñas de la cocaína coincidió con la buena salud de sus tratos con la Casa Presidencial en Tegucigalpa.