Guatemala se desilusionó con los políticos y sus partidos al punto de elegir como su presidente a un populista, desconocido en la arena política, y sin apoyo partidario fuerte, todo lo que dificultó el legislar y gobernar. El resultado fue un gobierno igual o peor que los anteriores.
Para enfrentar la corrupción, infiltrada hasta el más alto nivel y que había penetrado el Estado, Guatemala creo una comisión independiente, controlada por el sistema de Naciones Unidas, la CICIG. La CICIG logró resultados contra la corrupción, pero las instituciones nacionales no se fortalecieron, algunas se debilitaron y se creó dependencia en la lucha contra la corrupción de fuentes externas a tal punto que ella está tratando de renovar su mandato por quinta vez. Guatemala es el país del Triángulo Norte con gran inequidad y discriminación, con mucha inestabilidad, que pone énfasis en su política contra la migración en el control. Como resultado de esas circunstancias, Guatemala ha duplicado su número de migrantes capturados por agentes de los Estados Unidos en los últimos dos años.
Esos hechos guatemaltecos brindan lecciones valiosas a nuestro país, aunque existen diferencias importantes entre ambos. La elección de candidatos populistas, con políticas públicas poco conocidas, sin un respaldo partidario sólido que le permita formar buen equipo de gobierno, que no esté claro en lo que quiere impulsar al estar en gobierno, y que no cuenta con una bancada legislativa que le facilite aprobar leyes, contraer préstamos, en fin gobernar, es –en el mejor de los casos– muy peligroso, y fácilmente puede resultar en un desastre. Un candidato populista guindado a un partido minoritario, con el único objetivo de ganar las elecciones, puede resultar en un gobierno débil, un gobierno que necesite formar alianzas sobre la base de dádivas y –probablemente– corrupción.
El modelo de la CICIG se sigue publicitando y tratando de introducir en El Salvador. Sin embargo, si se comparan resultados entre los dos modelos, el de la CICIG de Guatemala y el de fortalecimiento e independencia de las instituciones nacionales, ambos han producido buenos resultados, ambos han tocado las estructuras hasta el más alto nivel, y ambas han actuado con independencia. Ambos probablemente son justificados en su contexto.
El modelo chapín está siendo cuestionando legalmente pues depende de una aprobación del mismo poder que tiene que investigar. Mantener a la CICIG ha llevado a mayor intervención de poderes extranjeros e internacionales y, especialmente, no ha fortalecido a las instituciones nacionales.
En El Salvador, la Fiscalía General ha mantenido su independencia, con muchas batallas en el proceso, incluso con parcialización y corrupción de su parte en algunos casos, pero ha salido adelante, logrando los resultados ya señalados. La Fiscalía ha mantenido su independencia, ha podido realizar sus investigaciones y defender sus casos con la necesaria libertad. En el proceso ha enfrentado los poderes establecidos y se ha fortalecido institucionalmente. Ello lo ha logrado sin una intervención extranjera abierta y sin crear dependencia foránea.
Por último, están los resultados del reciente estudio del Departamento de Seguridad Territorial (HSD) de los Estados Unidos que señala que los detenidos por sus agentes en la frontera, entre el 2016 y 2018, se han reducido en un 135 % para El Salvador, pasando de 27 mil a 11.5 mil, mientras que para Guatemala han aumentado en un 110%, pasando de 20,226 a 42,757.
Los expertos explican la alta migración chapina porque “hambre, inseguridad alimentaria, limitadas oportunidades de trabajo, y abandono por el Estado, es el statu quo en la Guatemala rural, la cual tiene la tasa más alta de malnutrición crónica del continente”. A pesar de todas las políticas del gobierno de Trump los expertos concluyen que “las personas continúan migrando porque sus condiciones de vida allá no están mejorando”. El informe termina preguntándose ¿por que la diferencia con El Salvador?
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