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La sombra de Enrique Rais sobre los asuntos del fiscal general (incluida su reelección)

El lunes 22 de junio, la Policía hizo efectiva una orden de captura girada por la Fiscalía salvadoreña contra Mario Ricardo Calderón, abogado que trabajó para el empresario Enrique Rais y que fue gerente general y director legal del conglomerado que es dueño de Manejos Integrales de Desechos Sólidos de El Salvador (MIDES), la compañía de trata y recolección de basura cuya propiedad el empresario compartía con el consorcio canadiense CINTEC Internacional. Calderón, su esposa Claudia Herrera, quien también estuvo capturada temporalmente en virtud de una orden de arresto girada por la Fiscalía por supuestas amenazas a Rais, y los abogados de ambos, dicen que se trata de un caso de persecución política iniciada por el fiscal general Luis Martínez para evitar que Calderón revele detalles de tratos entre el jefe de la Fiscalía y Rais. Calderón, respaldado por FESPAD e ISD, ha acusado a Martínez ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) de tener un conflicto de intereses en este caso. Calderón y Herrera han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) en Washington que ordene al Estado salvadoreño proteger la integridad de ellos y de sus hijos. El fiscal general Martínez se limita a guardar silencio público y a marcar como favoritos, desde su cuenta personal, tuits de los pocos periodistas que en El Salvador han reportado estos hechos.

Foto principal. El fiscal Luis Martínez (izquierda) reunido con Hugo Blanco Rais, sobrino de Enrique Rais, en el hotel Princess de San Salvador.

 

El 18 de febrero de 2015 el fiscal general Luis Martínez le dijo a La Prensa Gráfica que su oficina investigaba una extorsión internacional por 50 millones de dólares hecha desde El Salvador. Cinco meses después, a finales de julio de 2015, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) hicieron efectiva la orden de captura contra uno de los supuestos implicados en esa extorsión, el abogado Mario Ricardo Calderón, uno de media docena de personas relacionadas por el fiscal al pretendido chantaje. Hasta ahí, la historia se lee como un éxito en la gestión del Luis Martínez, quien en estos momentos se encuentra en pleno cabildeo con los partidos políticos salvadoreños para asegurar su reelección en el cargo. La historia, sin embargo, es mucho más compleja, más oscura.

Esta historia es un capítulo más de la relación entre Luis Antonio Martínez González, el fiscal general de la República, y el empresario José Enrique Aquiles Rais López, el dueño de un consorcio en el que se incluye MIDES, la principal empresa de tratamiento de desechos sólidos de El Salvador.

Esa relación, como descubrió revista Factum, ha sido una de complicidad, que cuando menos ha permitido al fiscal Martínez usar aviones privados, propiedad de Rais, para viajar con fines particulares y misiones oficiales, entre ellas una a Barbados para tratar temas relacionados al pleito legal que Rais y MIDES tienen abierto con la empresa CINTEC Internacional, que era co-dueña de la empresa de basuras, y con los dos extranjeros que son propietarios de esta última, los canadienses Franco Pacetti y Matteo Pasquale. Los abogados Armando Serrano y César Pompilio Ramos, entonces apoderados legales de Rais, viajaron con el fiscal general en ese avión, según registros migratorios a los que ha tenido acceso Factum.

Fue Rais el que acusó a CINTEC, a Pasquale, Pacetti y a Calderón de extorsionarlo. La versión de los canadienses es que el fiscal Martínez ha montado un caso a partir de correos en los que ellos exigían un pago por 50 millones dólares que entendían como una deuda pendiente por la compra de las acciones de Mides. Según Rais esa deuda está cancelada. Las posiciones de ambas partes constan en correos electrónicos a los que Factum ha tenido acceso.

Ese dinero está, precisamente, al centro del pleito que ha enfrentado a Rais con sus antiguos socios. Y ese dinero es, según documentos internos de Mides, sobre el que la Fiscalía montó el caso de extorsión por el que ahora está preso el abogado Calderón. Al final, el pleito empresarial se convirtió en acusaciones de administración fraudulenta y estafa entre los ex socios; y la Fiscalía General lo convirtió, también, en una acusación de extorsión en perjuicio de Enrique Rais.

En estos pleitos, y desde que Luis Martínez es el jefe, la Fiscalía General ha actuado en favor de Rais y sus allegados y en contra de quienes han pretendido confrontar al empresario en el sistema judicial salvadoreño.

La Fiscalía ya pidió dos exoneraciones para Rais, en el proceso 130-4-2014, el que los canadienses abrieron a finales de 2013 contra su exsocio por administración fraudulenta y estafa. Contra los canadienses, sin embargo, Martínez extendió órdenes de captura y abrió procesos penales por apropiación y retención indebidas, falsedad ideológica, difamación y calumnia; contra Calderón, tres procesos penales diferentes (uno de ellos por el que está preso actualmente); y contra Claudia Herrera, la esposa del abogado, uno por amenazas en contra de Rais y el sobrino de este, Hugo Blanco Rais.

Mientras “el largo brazo de la justicia” –expresión que usó el fiscal Martínez en otro caso, el de un pandillero deportado de Estados Unidos a El Salvador- se extendía sin reparos sobre una parte, manejaba con mano suave a la otra, a Enrique Rais, el dueño de los aviones en que viaja el fiscal Martínez.

Esta semana, a pocas horas de su captura, Mario Ricardo Calderón, el ex abogado de Rais –que tras renunciar de Mides se fue a trabajar con los canadienses- acusó a Martínez ante el Tribunal de Ética Gubernamental.

Denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental

La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), ambas instituciones que se han presentado como querellantes particulares en el caso por corrupción contra el ex presidente Francisco Flores y que han criticado el rol de la Fiscalía en ese proceso, acompañaron la denuncia que René Medrano, apoderado legal del abogado Calderón, presentó contra Luis Martínez ante el Tribunal de Ética Gubernamental el 23 de junio de 2015, un día después del arresto del exempleado de Enrique Rais.

En un documento de 9 páginas, que hace varias referencias a las investigaciones periodísticas que desvelaron los viajes de Martínez en los aviones de Rais y enumera los casos en en que la Fiscalía General ha favorecido a Rais en el pleito con Cintec y los canadienses, Calderón acusa a Luis Martínez de conflicto de intereses y de conducta antiética.

Así explica el abogado su acusación: su captura, dice, es resultado de la relación de interés entre el encargado de ejercer la acción penal en nombre del Estado –el fiscal general, Luis Martínez– y una de las partes en el pleito, el empresario Enrique Rais. Tras citar el artículo 3 de la Ley de Ética, que define la figura de conflicto de intereses, Calderón asegura que los actos de Martínez caben dentro de esa definición. “Son aquellas situaciones en las que el interés personal del servidor público o de sus parientes en el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad entran en una pugna con el interés público”, define la ley esa conducta. Al aceptar viajar en los aviones de Rais, dice Calderón, el fiscal Martínez incumplió la prohibición regulada en el artículo 6 de la ley, que impide “solicitar o aceptar… cualquier bien o servicio para hacer valer su influencia en razón del cargo”, algo que ha sucedido, según el demandante, en los casos penales que atañen a Rais en el pleito por Mides.

Calderón y su esposa Claudia Herrera también han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) en Washington que ordene al Estado salvadoreño que los proteja de la persecución penal arbitraria de la que, según ellos, son objeto por parte del fiscal general Martínez.  “…El origen de dicha persecución, obedece sobre todo a la oscura relación que existe entre el Fiscal General y el empresario millonario Enrique Rais. Según lo refieren las víctimas, el licenciado Calderón Castillo es testigo de cargo por hechos ilícitos graves cometidos por el empresario Rais, pero que están bajo protección de la Fiscalía General de la República y por esa razón el señor Rais ha buscado todos los medios para silenciarlo”, dice un informe de hechos nuevos enviado el 22 de junio de 2015 a Washington por los representantes de Calderón, su esposa y los hijos de ambos, en el caso presentado a la CIDH con referencia MC-20-15 P.ELS 452631.

El fiscal contesta… por Twitter

El silencio mediático ha rodeado, en general, las acusaciones públicas por los vínculos entre Luis Martínez y Enrique Rais: solo un canal de televisión, el 12, y tres publicaciones electrónicas, Factum, El Faro y Diario 1, han tratado el tema. Ninguna cadena televisiva. Ningún medio escrito grande.

Hace poco, el columnista Paolo Luers de El Diario de Hoy, escribió en contra de la reelección del fiscal. Su argumento, más bien político, es que Martínez ha procedido sin sustento legal en contra de ex funcionarios de Arena como el expresidente Francisco Flores o el exministro de obras públicas Jorge Nieto (ambos procesados por corrupción), y que el actual fiscal general ha orientado la acción penal del Ministerio Público con criterios políticos para afianzar su reelección. Ni una palabra, en el texto de Luers, sobre los aviones de Rais.

La Universidad Centroamericana (UCA), en un editorial difundido este 26 de junio, critica la aspiración de continuismo de Martínez  remarcando su falta de ética por su relación con Rais y sus pasados vínculos laborales con la familia del expresidente Flores. 

Luis Martínez, por su parte, se abstiene de dar declaraciones públicas: Factum ha intentado obtener reacciones del fiscal general, de su asesor de comunicaciones o del equipo de prensa de la Fiscalía cada vez que ha publicado notas sobre este tema. Nunca hubo respuestas previas a las publicaciones, pero sí hubo, después, comentarios en Twitter o breves declaraciones en las que Martínez tildó a este medio de pusilánime y dijo que todo el tema de los aviones era una cuestión “banal”.

Tras las acusaciones de Calderón y la denuncia ante el TEG, Ramón Villalta, de ISD, mostró durante una entrevista en canal 10 –la televisión pública– un cartel en el que abogaba por la no reelección de Martínez. El fiscal volvió a contestar desde su cuenta personal de Twitter: “Canal 10 se suma a campaña suicia. Será campaña oficial??? Vaya ud a saber”, escribió Martínez. <blockquoteclass=»twitter-tweet» lang=»es»> Canal 10 se suma a campaña sucia. Sera campaña oficial ??? » Vaya uda saber » pic.twitter.com/YiGnwUiG52

El fiscal general, por ahora, sigue sin hablar de sus viajes en los aviones de Rais y de las acusaciones formales, ante el TEG y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington. Solo tuitea para reaccionar en 140 caracteres sobre lo que él considera “campaña sucia”. La última vez que rompió su silencio frente a cámaras de televisión fue hace dos semanas tras presentar su informe de labores en la Asamblea Legislativa; ahí, en la casa de los diputados, habló de otra cosa, de la impresión que tiene de sí mismo y su trabajo: su labor frente a la Fiscalía General, dijo, ha sido buena, y por eso los legisladores deberían reelegirlo.

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