En 2017 se han cometido más de 3,500 homicidios en El Salvador, un promedio diario de 11 crímenes hasta mediados de noviembre. La extorsión de las pandillas es uno de los delitos que más golpea la economía nacional y que además implica amenazas y ataques contra las víctimas. Sin embargo, para el Gobierno la mayoría de salvadoreños no huyen por la violencia; lo hacen por cuestiones económicas. Como precedente, La Sala de lo Constitucional ha admitido este año cinco recursos de hábeas corpus presentados por Cristosal donde las familias afectadas han tenido que buscar otro lugar donde vivir dentro del país, por el acoso de pandilleros y, a veces, de las fuerzas de seguridad del Estado.
Foto FACTUM/Archivo
Desde 2014, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advirtió que las pandillas eran el motivo principal por el cual miles de salvadoreños solicitan refugio cada año fuera del país. Este problema lo han destacado también las organizaciones que integran la Mesa Nacional contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado en El Salvador y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en un informe que evidencia la falta de registro por parte de las instituciones públicas para dimensionar el fenómeno y atender las víctimas.
Hace menos de una semana, el 17 de noviembre, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, también detectó este problema durante su visita al país: “noté cómo la violencia está escalando el desplazamiento forzado dentro de El Salvador y la migración. Para poder enfrentar de forma completa este problema creciente, el Gobierno necesita reconocer que está sucediendo”.
Los señalamientos internacionales, y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -que han ordenado proteger a las víctimas-, han obligado un cambio de discurso público al gobierno central. De negar la existencia del desplazamiento interno por violencia (la encargada de atención de víctimas del gobierno incluso dijo que, a veces, las personas solo lo hacen por cambiar de casa y aprovecharse), el gobierno ahora dice reconocer el problema aunque con matices.
El gobierno de El Salvador no reconoce que la violencia sea la principal causa del desplazamiento forzado. Más bien señala que se debe en, primer lugar, a la economía, en segundo lugar a la reunificación familiar y, por último, la violencia.
“Yo creo que por parte del gobierno está claramente reconocido que tenemos ese problema (desplazamiento forzado por violencia). Lo que no podemos reconocer, porque los datos no nos lo orientan de esa manera, es que sea como la única causa, y muchas instituciones así quieren hacerlo ver. No podemos estar de acuerdo porque no es cierto”, sostuvo el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, al preguntarle sobre el reciente informe del alto comisionado tras su visita a El Salvador.
El problema es entonces multicausal, según el ministro, un tecnicismo para referirse al día a día de salvadoreños: pobreza, desintegración familiar y violencia generalizada. Esto se puede comprobar – según las declaraciones de Ramírez Landaverde– con los estudios que organismos internacionales e instituciones públicas salvadoreñas han realizado en el país durante los últimos años.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) define a los desplazados internos como “los individuos o grupos de personas que han sido forzados a huir de sus hogares para escapar del conflicto armado, la violencia generalizada, los abusos de los derechos humanos o los desastres naturales o provocados por el ser humano”. El estudio mundial realizado por agencia en 2016 muestra que las solicitudes de asilo de salvadoreños en Estados Unidos se duplicaron entre 2015 y 2016, pasando de 18.900 a 33.600 casos y convirtiéndose en el primer país de origen de los solicitantes de asilo.
En abril pasado, el jefe de Acnur en el El Salvador, Agni Castro Pita, rechazó el uso del término al considerar que no hay un “desplazamiento por control territorial o de personas” en el país o que sea “producto de un conflicto interno”, según publicó entonces La Prensa Gráfica.
“No hemos visto en El Salvador esos movimientos masivos de comunidades enteras, que se dieron, por ejemplo, en Colombia, que sí era crónica de un desplazamiento anunciado, que había un grupo armado que dice que el 25 de marzo una población tiene que salir. Eso no existe”, declaró Castro.
Sin embargo, solo en 2016 los medios de comunicación registraron varios casos, entre ellos dos condominios de San Salvador y en Caluco, Sonsonate, donde se llegó a instalar un albergue para atender a las familias desplazadas por las amenazas de las pandillas. Mientras otros tantos nunca llegan a ser registrados, ni denunciados, y solo dejan todo atrás y deciden huir del país para tratar de sobrevivir.
Pero las declaraciones de Castro Pita fueron desacreditadas al poco tiempo, en agosto pasado, durante la visita al país de Cecilia Jiménez – Damary, relatora especial sobre desplazados internos.
“Un país no requiere la presencia de campamentos para personas perseguidas por la violencia ni centros de evacuación para reconocer la existencia del desplazamiento interno –dijo entonces Jiménez – Damary-. La violencia generalizada que vive su población es motivo suficiente para justificar un desplazamiento, es decir, verse en la necesidad de huir del hogar para sobrevivir”.
La @SalaCnalSV admitió dos demandas de amparo por familias acosadas por pandillas y ahora ordena a las autoridades brindar protección a las víctimas de desplazamientos forzados internos. pic.twitter.com/xzDvUOQ4pa
— Revista Factum (@RevistaFactum) 22 de noviembre de 2017
Cristosal es una de las ONG que forma parte de la Mesa Nacional contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado. Entre octubre de 2016 y octubre de este año ha recibido 100 casos de familias que han tenido que huir de sus hogares. El perfil mayoritario son familias de escasos recursos que viven en zonas con presencia de pandillas, que han sufrido amenazas y ataques de estos grupos. También hay casos de personas acosadas por policías y militares, pero son los menos.
Como el gobierno no ha querido reconocer el problema, que implicaría una atención especializada a estas víctimas, Cristosal decidió presentar este año cinco recursos de amparo para demandar a las autoridades obligadas a proteger a las víctimas y lograr que se dicten medidas cautelares para ellas. Todos los recursos fueron admitidos por la Sala de lo Constitucional, los dos últimos este 22 de noviembre tras reconocer que las víctimas de desplazamiento no habían sido atendidos debidamente por instituciones estatales.
La organización también espera que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional sirvan de precedente para la creación de programas que atiendan de forma integral a las personas desplazadas por la violencia, con un protocolo y una ley específicos para su protección. Y por supuesto, para que el Gobierno reconozca así el problema.
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