El coronel David Edilberto Iglesias Montalvo, exjefe del Conjunto II de Inteligencia, ahora comanda la Tercera Zona Militar, la más grande de El Salvador y que integran la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel y la Sexta Brigada de Infantería en Usulután.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador todavía tiene en sus oficinas un expediente contra un teniente coronel y dos coroneles de la Inteligencia del ejército salvadoreño, acusados de haber formado una red criminal entre 2016 y 2017 para manipular juicios e intimidar y asesinar testigos en un caso en que ocho soldados élite resultaron condenados a catorce años de prisión por privación de libertad y torturas.
Uno de esos coroneles, David Edilberto Iglesias Montalvo, fue el jefe del Conjunto II de Inteligencia de la Fuerza Armada hasta principios del mes de junio de 2019 y ahora es el nuevo comandante de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel.
La Orden General de la Fuerza Armada de El Salvador de junio de 2019 informa en el numeral 4 sobre traslados: del Conjunto II de Inteligencia el coronel Iglesias Montalvo pasa “al ejército, en la Tercera Zona Militar, en la Tercera Brigada de Infantería, como comandante de zona, comandante de brigada y comandante departamental de San Miguel”. Iglesias Montalvo dirige ahora la brigada a la que el presidente Nayib Bukele ordenó retirarle el nombre de “Domingo Monterrosa” el primer día de su mandato.
Iglesias Montalvo, siendo jefe del C-II de Inteligencia, dirigió operaciones ilegales ejecutadas por el teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño, exjefe del Batallón de Información y Análisis del Ejército (BIAE), que consistieron en integrar un grupo de militares, policías, abogados, médicos, informantes civiles e incluso pandilleros para interferir en un proceso del Juzgado de Sentencia de Ahuachapán contra ocho soldados del BIAE que eran acusados de privación de libertad y torturas contra dos personas.
Las llamadas telefónicas que se intercambiaron en esa red fueron escuchadas por el Centro de Intervención de Llamadas de la Fiscalía General de la República (FGR), que siguió las pistas de los militares desde que recibieron una denuncia sobre un grupo de exterminio enquistado en la Fuerza Armada, liderado por autoridades.
Pero la remoción de Iglesias Montalvo del C-II no significa de hecho una degradación. El nuevo cargo del coronel en realidad le confiere un nuevo poder territorial en el departamento de San Miguel. La comandancia de la Tercera Zona Militar, la más grande de las cinco zonas militares de El Salvador, no solo se remite a San Miguel y a la Tercera Brigada de Infantería, también incluye el mando sobre la Sexta Brigada de Infantería en Usulután.
La Fuerza Armada, desde que recobró poder y regresó con mayor presencia en las calles de El Salvador en los dos gobiernos del FMLN, entre 2009 y 2019, ha sido denunciada por violaciones a los derechos humanos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registró entre 2009 y 2017 hasta 998 denuncias. También ha sido señalada por desapariciones forzadas de personas, como ocurrió en los años de la guerra de los años ochenta, y soldados han sido condenados en juzgados civiles por delitos como torturas y asesinatos, cometidos durante operaciones de seguridad pública permitidas por los gobiernos de turno.
Un club del crimen
La red criminal de los jefes de Inteligencia de la Fuerza Armada fue el caso más concreto de cómo los gobiernos del FMLN y la administración del general David Munguía Payés en el Ministerio de la Defensa Nacional permitieron que la institución retrocediera en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la Constitución, principalmente en el espíritu de someter el poder militar al poder civil y respetar el principio de que la Fuerza Armada es “obediente, profesional, apolítica y no deliberante”. La Orden General de los militares de junio de 2019 no detalló quién sustituye ahora al exjefe del C-II de Inteligencia.
Revista Factum, en su investigación “Un club del crimen carcome a la Fuerza Armada”, reveló que la red que lideró el coronel Iglesias Montalvo con el teniente coronel Ascencio Sermeño, al igual que con el coronel Héctor Solano Cáceres, exjefe del C-II de Inteligencia y antecesor de Iglesias Montalvo, tuvo otras misiones aparte de asegurar la absolución de los ocho soldados del BIAE, para lo que se llegó incluso a planificar los asesinatos de dos testigos clave.
En las llamadas intervenidas, la FGR pudo descubrir que varios de los soldados del BIAE que resultaron condenados en 2017 confesaron que también habían participado anteriormente en operaciones de exterminio. La FGR identificó también a Iglesias Montalvo por el contenido de las llamadas como un alto jefe de la Fuerza Armada con conocimiento de esas operaciones de exterminio que ocurrieron durante el período en que el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén, que declaró la guerra a las pandillas. El coronel está acusado de agrupaciones ilícitas, de denuncia o acusación calumniosa y de proposición y conspiración para el homicidio agravado de dos testigos en un proceso judicial.
El coronel David Edilberto Iglesias Montalvo, al centro, vistiendo uniforme de fatiga, durante una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, en Casa Presidencial, en San Salvador, El Salvador, el 18 de enero de 2019. Foto FACTUM/ Salvador Meléndez
En febrero de 2018, luego de que la FGR ordenó las capturas de los jefes militares, la jueza Lorena América Rodríguez, del Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador, rechazó en un principio las intervenciones telefónicas a este grupo de la Inteligencia militar por un tecnicismo. Pero la Cámara Especializada de lo Penal corrigió a la jueza y la instruyó a que conociera de nuevo la causa. En junio siguiente, la jueza Rodríguez determinó que su juzgado no podía conocer el caso porque, a su juicio, no se trataba de un caso de crimen organizado y decidió enviarlo al Juzgado de Instrucción de Ahuachapán. La FGR volvió a apelar esa decisión y se determinó al final que es el juzgado especializado el que debe abordar ese proceso.
En una llamada telefónica al Juzgado de Instrucción de Ahuachapán se constató este jueves 13 de junio que el expediente de los militares no llegó a esa sede y que en realidad es el Especializado de Instrucción B de San Salvador el que sigue conociendo ese caso. Esa información la corroboraron otras dos fuentes judiciales que solicitaron el anonimato, pues el expediente tiene reserva.
La jueza Rodríguez, desde junio de 2018, dejó en libertad a los tres militares y a otros supuestos cómplices de la red criminal mientras continúa el caso. Factum constató a finales del año pasado que el teniente coronel Ascencio Sermeño había sido separado de la jefatura del BIAE. Pero en los otros dos casos, pese a las acusaciones de la Fiscalía, el exministro de la Defensa David Munguía Payés mantuvo a los dos coroneles en sus cargos: Solano Cáceres como delegado militar en Honduras e Iglesias Montalvo como jefe del C-II de Inteligencia, hasta la semana pasada.
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