Para el gobernante FSLN, la petición de asilo político del expresidente Mauricio Funes, investigado por delitos de corrupción en El Salvador, está más que justificada. El expresidente, que niega haber huido a Nicaragua -donde vive resguardado por el oficialismo y ha mostrado un bajo perfil- , ha denunciado un supuesto atentado en su contra. La decisión del gobierno de Daniel Ortega ha sido criticada por analistas nicaragüenses.
La primera versión sobre la estancia en Nicaragua apareció en Twitter doce días atrás. El expresidente Mauricio Funes confirmó en su cuenta que se encontraba en Nicaragua y aseguró que se debía a asuntos laborales. Por una consultoría, según trató de explicar. Este martes 6 de septiembre, sin embargo, el gobierno nicaragüense dio una nueva versión del periplo del expresidente, procesado civilmente por enriquecimiento ilícito y con una investigación fiscal a sus espaldas por ese y otros cuatro delitos: Funes consiguió asilo político para él, su pareja Ada Mitchell Guzmán y tres de sus hijos.
La decisión, de acuerdo con el diputado sandinista Jacinto Suárez, también secretario de Relaciones Internacionales del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), obedece a que este “es un caso claro de persecución política”.
“Nicaragua consideró que es un caso de persecución política, le concede asilo y ya. Ahora se ha vuelto muy de moda judicializar la persecución política”, justificó Suárez, quien ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Nicaragua, al ser consultado vía telefónica por Factum.
Hasta el momento el gobierno de Nicaragua ha guardado silencio respecto al beneficio otorgado a Funes, a quien públicamente se le ha visto resguardado por agentes de la Policía Nacional y quien, según la prensa local, reside en Managua en una vivienda de Las Colinas, un lujoso residencial al sureste de esa ciudad, en el que se encuentran casas de adinerados y embajadas.
Funes está siendo investigado por la Fiscalía de El Salvador por su presunta vinculación en cinco delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito, malversación y peculado durante su administración. La Fiscalía aún no ha acusado penalmente a Funes, aunque sí hizo público el estilo de vida lujoso que tenía el expresidente durante los allanamientos hechos a finales de agosto. Para entonces, Funes ya se encontraba en Nicaragua y negó, pese a lo dicho por el fiscal general Douglas Meléndez, que hubiera pedido asilo al gobierno de Ortega.
En febrero de 2016, además, la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de un juicio civil contra el exmandatario, al determinar una fortuna de $728 mil sin justificar, después de recibir un informe de la sección de Probidad. Ese reporte, que detalla gastos de miles de dólares en accesorios de lujo, coincide con lo encontrado por la Fiscalía en la residencia de Funes, que durante su mandato aseguró que el arzobispo -ahora beato- Óscar Arnulfo Romero era su ejemplo a seguir.
La audiencia civil contra Funes será la próxima semana. Funes no ha dicho si se presentará para defenderse.
El experiodista que gobernó El Salvador entre 2009 y 2014 protagonizó el 24 de agosto un debate con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro en Twitter. Este último relató en la red social que se encontró al exmandatario en un supermercado y le preguntó si estaba en Managua por turismo.
“Este periodista me preguntó qué hacía en Managua. A entrometidos no tengo por qué revelarles mi contrato de trabajo”, contestó Funes. El intercambio de tuit provocó un artículo en el sitio web de entretenimiento más leído de Nicaragua.
Desde que se encuentra en Nicaragua, Funes se ha mantenido bajo perfil, resguardado por el gobierno de Daniel Ortega, que le ha proporcionado seguridad. Desde entonces, el expresidente salvadoreño tampoco ha revelado en qué consiste su consultoría.
El diputado sandinista Jacinto Juárez. Foto: Carlos Malespin.
Con vigilancia estatal
Tras conocerse la noticia el asilo, Funes dijo desde su cuenta de Twitter que tiene más de “tres meses de estar realizando una consultoría en Managua. El asilo político lo tramité ante el gobierno apenas unos días atrás”.
Agregó que tiene “fundadas razones para asegurar que existe un plan de atentados de la extrema derecha en mi contra. Por eso solicité asilo y protección”.
Según la Resolución Ministerial 073-2016, firmada el dos de septiembre y publicada en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, número 168 del martes 6 de septiembre, Funes solicitó el asilo el pasado 1 de septiembre.
El gobierno nicaragüense aceptó dárselo a Funes, de 56 años; a su compañera Ada Mitchell Guzmán, de 26; al hijo de ambos, Mauricio Alejandro Funes Guzmán, de dos; y a los dos hijos mayores del expresidente: Carlos Mauricio Funes Velasco, de 35; y Diego Roberto Funes Cañas, de 25. La razón: “la Constitución Política de la República de Nicaragua asegura el asilo para los perseguidos políticos, amparando a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos”.
Para el analista político y exdiputado liberal José Pallais, “aunque a Nicaragua le corresponde clasificar si es meritorio otorgar el asilo, ha hecho una calificación inapropiada en este caso”.
El opositor al gobierno de Daniel Ortega consideró que “no es apropiada porque en primer lugar Funes fue electo como presidente por el partido que está en el Gobierno, no hay un distanciamiento entre él y el FMLN, no se conoce que sea disidente, lo que hay es una investigación por actos de corrupción de parte de las autoridades”.
“Pareciera que en El Salvador, al contrario de Nicaragua, opera la independencia de las autoridades judiciales, Nicaragua estaría afectando los objetos del asilo al darle protección a alguien acusado por corrupción. Está desvirtuando la figura”, analizó Pallais.
Esta no es la primera vez que el gobierno que preside Ortega brinda asilo a un político extranjero acusado por corrupción en su país. Ya lo hizo en 2006 con el exprimer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra, a quien además le otorgó un pasaporte diplomático.
También fueron beneficiadas con asilo político cuatro miembros de las FARC. Estas últimas también eran custodiadas por policías.
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