Guatemala está a las puertas de la elección de un nuevo fiscal general. El primer filtro es la comisión de postulación formada en su mayoría por los decanos de 12 facultades de derecho, quienes enfrentan preguntas sobre su idoneidad, y más aún, sobre la legitimidad de algunas de las universidades de las que vienen o por las presiones que sobre ellas ejercen los grupos de poder y de crimen organizado.
Esta investigación fue publicada originalmente por InSight Crime y se reproduce con autorización.
Foto FACTUM/Archivo
En el cuarto piso de un edificio de estacionamientos y oficinas ubicado en el centro financiero de Ciudad de Guatemala hombres armados de una empresa de seguridad privada custodian el activo más importante de la Universidad Da Vinci: su facultad de derecho.
La Da Vinci es una universidad relativamente nueva, como lo es su escuela de derecho. La organización sin fines de lucro que le dio vida legal fue inscrita en 2008. En su lustro de existencia dice haber abierto 70 sedes en todos los departamentos de Guatemala. En 2017, de ahí egresaron unos 541 abogados, una cifra solo inferior a la de la estatal Universidad de San Carlos, que es la más grande del país.
Una rápida revisión a los papeles que la universidad ha hecho llegar al Consejo de la Enseñanza Privada Superior, el organismo que aprueba a los centros de educación superior en Guatemala, parece hablar de un lugar grande: 9 facultades con 46 grados entre maestrías y licenciaturas. Cuando se observa más de cerca, sin embargo, la impresión cambia: una sola profesional es responsable de nueve carreras; en total, 13 personas son encargadas de las titulaciones.
Es más, hasta ahora, según datos de la coordinación académica, desde que abrió sus puertas en 2012 de la Da Vinci no se ha graduado ningún abogado que haya empezado ahí su carrera: de esta universidad se gradúan los estudiantes que no dieron el ancho en otros centros de estudios superiores.
En otras palabras, la Da Vinci es una universidad de cartón.
Aquí, al parecer, los estudiantes no importan tanto. La persona más importante en la Da Vinci es el decano de derecho, quien forma parte de la comisión gubernamental que va a mandar, el próximo 23 de abril, una lista con seis candidatos a suceder a Thelma Aldana, la fiscal general en funciones, al presidente Jimmy Morales.
La elección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) ocurrirá este año en un contexto marcado por el acre enfrentamiento de esta oficina y de su aliada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que en la práctica funciona como una especie de fiscalía adjunta, con las élites guatemaltecas, a quienes MP y CICIG han abierto investigaciones criminales en los últimos años por vínculos con el crimen organizado y la corrupción.
El presidente Morales es investigado por la dupla MP-CICIG por presunto financiamiento electoral ilícito. Aliado de Morales en esta coyuntura es Alvaro Arzú, expresidente y actual alcalde de la capital, investigado también por el dúo MP-CICIG por posibles delitos de corrupción relacionados con contratos de la municipalidad.
Morales y Arzú tienen antecedentes distintos. El poder del primero viene directamente de su calidad de presidente del país. El segundo es un protagonista en la política y élites guatemaltecas desde hace décadas. Y los grupos de influencia a los que se les relaciona no necesariamente son los mismos. Hoy, sin embargo, parece unirlos un objetivo común: debilitar a la CICIG y al MP, las dos instituciones que los investigan.
La influencia que Morales y Arzú y otros grupos de poder político o de crimen organizado puedan ejercer sobre los miembros de la llamada comisión de postulación —en la que está el decano de la Da Vinci— han vuelto a abrir las preguntas sobre la transparencia de todo el proceso, sobre la idoneidad de los miembros de la comisión, y más aún, sobre la legitimidad de algunas facultades de derecho.
En este tablero de ajedrez político que es Guatemala, la comisión de postulación parece ocupar el sitio de alfiles y caballeros, cuya misión es resguardar la entrada a la pieza más importante: la jefatura del Ministerio Público.
Las universidades “de cartón”
Donde más influencia parecen tener los grupos de poder aliados a Morales y Arzú es en las llamadas universidades de cartón, como la Da Vinci. Entre 2013 y 2017 el decano de la Da Vinci fue el abogado José Guillermo Alfredo “Fredy” Cabrera, quien además fue en 2014 el primer representante de la universidad en la comisión de postulación que eligió un fiscal general.
Cabrera ha sido el líder de una red de influencia de dudosa reputación. Es, además de abogado, un empresario y operador político que ha representado a una cartera de clientes que incluye a algunas de las instituciones más poderosas del país en los últimos años, incluidos el estatal Banco Rural, la superintendencia de bancos y al Partido Patriota, del expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos presos por corrupción y ella investigada por narcotráfico en Estados Unidos.
Infografía: Elisa Roldán/InSight Crime
Una de las instituciones que más aportó al crecimiento de la universidad fue Banrural, cliente de Cabrera, a través de Fernando Peña, expresidente del banco y quien actualmente está preso por presuntos actos de corrupción relacionados con el caso conocido como “Cooptación del Estado”, un esquema criminal liderado según el Ministerio Público por Pérez Molina y Baldetti.
Banrural, por ejemplo, trasladó varios de sus programas de capacitación profesional de empleados a la universidad. Estos estudiantes llegaron a ser dos tercios del cuerpo estudiantil de la universidad, de acuerdo con datos del Consejo de la Enseñanza Superior.
Cuando Cabrera fue postulador en el proceso que terminó con la elección de Thelma Aldana como jefa del MP, las acusaciones que tildaban a la Da Vinci de ser una universidad de cartón estuvieron a la orden del día. Cyriano Ruiz, el rector de entonces y vicerrector actual, se desligó en una entrevista con Nómada de la actuación de Cabrera y aseguró que las críticas a la universidad se debían a que esta era nueva. Y en una entrevista con InSight Crime, Cabrera se defendió: “Nadie me puede decir que no tengo independencia”, dijo después de que Aldana fue elegida.
Pero lo cierto es que la sombra sigue acompañando a esta universidad, que en la comisión de postulación de candidatos a fiscal general de 2018 es representada por Juan Carlos Rodil Quintana, otro abogado del que se desprenden conexiones con grupos de poder relacionados con viejas estructuras políticas y militares de Guatemala.
Rodil Quintana es uno de los fundadores de la universidad y el notario que le dio vida legal, y es hijo de José Rodil Peralta, director del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) en 1982, cuando también fue asesor del exdictador Efraín Ríos Montt, juzgado y condenado por genocidio en 2013 (la condena fue luego revertida por la Corte de Constitucionalidad).
Entre 1992 y 1994 Rodil Peralta fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Al terminar su mandato fue acusado de varios delitos que eventualmente serían desestimados porque el Ministerio Público dejó vencer los plazos procesales para acusar.
En 2016, el presidente Jimmy Morales nombró a Rodil Peralta embajador de Guatemala en Nicaragua. Dos años después, Juan Carlos Rodil Quintana, hijo del viejo abogado, tiene un voto en la comisión de postulación que confeccionará la lista de candidatos a fiscal que llegarán el despacho de Morales, el jefe de papá.
En 2015, Rodil Quintana buscó ser diputado y apoyó públicamente la candidatura presidencial por el Partido Visión con Valores (Viva) de Zury Ríos Sosa, hija de Ríos Montt y exesposa de Roberto López Villatoro, un abogado conocido como el “Rey del tenis”, quien fue capturado en febrero pasado por acusaciones de haber manipulado a través de dádivas y sobornos a miembros de otra comisión de postulación, la que eligió en 2014 a los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones.
Juan Carlos Rodil Quintana es, con todos sus antecedentes familiares, y a pesar de las dos licenciaturas, tres maestrías y un doctorado que asegura tener, decano de una universidad cuestionada por su debilidad académica. Aun así, el suyo es un voto válido en una comisión postuladora que existe, por ley, para garantizar la calidad académica de los postulantes.
De hecho, la comisión de postulación de candidatos a fiscal general está formada por los decanos de derecho de las universidades del país, que son 12, el presidente del Órgano Judicial, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el presidente del Tribunal de Honor del CANG.
Y dentro de esta comisión puede haber hasta más de cinco votos de las universidades de cartón. Otro caso similar a la Da Vinci es el de la Universidad de Occidente, una de cuyas sedes administrativas está en una diminuta oficina en un colegio privado, donde también venden todo tipo de implementos y útiles escolares. Aunque no cuenta con la certificación del gobierno para impartir el pregrado de licenciatura en ciencias jurídicas, la universidad sí ofrece un doctorado en derecho.
La Universidad de Occidente tiene vínculos con la policía guatemalteca, los que pueden explicarse, en parte, por los antecedentes de José Adolfo Reyes Calderón, quien era decano de su facultad de derecho en 2014, y como tal miembro de la postuladora de aquel año. Reyes fue ministro de Gobernación durante el gobierno de Alfonso Portillo, en 2002. Portillo fue el primer expresidente guatemalteco al que investigó el MP de mano de la CICIG, en 2010. Un análisis del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) del proceso de selección de 2014 ubicó a Reyes Calderón como representante de los intereses de sectores militares asociados al gobierno del entonces presidente Pérez Molina.
El rector actual de la Universidad Rural, otra de las de cartón, es el diputado del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) Fidel Reyes Lee. Desde el Congreso, su hermano, el diputado Edgar Reyes Lee buscó impulsar en 2017 una serie de reformas al código penal que buscaban favorecer la excarcelación de Pérez Molina.
Ambos votaron a favor del llamado “Pacto de Corruptos” en septiembre de 2017, el cual puso freno a las investigaciones sobre financiación electoral ilícita contra el presidente Jimmy Morales.
Although one of the older shell universities, San Pablo is usually included in this list.
La universidad San Pablo es la más antigua entre las llamadas universidades de cartón. Fundada en 2006, es parte del imperio económico del polémico empresario, político y pastor evangélico Harold Caballeros, quien actualmente se desempeña como su rector. En 2011 Caballeros creó Viva —el mismo que apoyó la candidatura de Zury Ríos en 2015— para hacerse candidato a la presidencia de la República. Tras salir de la contienda apoyó a Otto Pérez Molina, en cuyo gobierno posteriormente se desempeñó como ministro de relaciones exteriores.
También está, en el grupo de las llamadas universidades de cartón, la Regional, la más nueva de todas. La sede administrativa de la Regional está en una casa de dos pisos, en la exclusiva zona 14 de la ciudad. En la planta baja hay modernas salas de reunión, vacías, cuya presencia contrasta con la mayoría de las sedes que la universidad tiene diseminadas en pequeños locales de centros comerciales en todo el país. La Regional, de hecho, no cuenta con sedes propias, y las clases son dictadas en aulas de colegios o salones comunitarios, la mayoría rentados, según constató InSight Crime en un recorrido en Guatemala.
La facultad de derecho cuenta con unos 300 estudiantes, según cifras de la universidad que no pudieron ser verificadas de forma independiente: la Regional es el único centro de estudios superiores cuya información no es pública en la página de internet del Consejo de la Enseñanza Privada Superior, el organismo que aprueba la creación de universidades en Guatemala.
La Da Vinci, la de Occidente, la Regional, la de San Pablo y la Rural, con lo escaso y cuestionable de sus credenciales, tienen voz, y sobre todo votos, en la comisión. El problema no termina con ellas: sobre otras universidades de mayor abolengo e historia, como la tricentenaria de San Carlos, que es la única universidad pública del país, también rondan las dudas.
La USAC
A finales de febrero pasado, el MP detuvo al abogado Sergio Roberto López Villatoro, alias “El Rey del Tenis”. López Villatoro ha sido uno de los principales operadores políticos de Guatemala gracias a las redes que construyó para influir en la selección de magistrados a la Corte de Suprema de Justicia y de Apelaciones, así como del fiscal general.
Después de una denuncia anónima, interpuesta en la fiscalía en 2015, una investigación de dos años daba cuenta de que Edgar Giovanni Orellana Donis, miembro de la comisión postuladora que en 2014 eligió a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vivía en un apartamento que le había regalado López Villatoro con el fin de influir en la elección.
Las investigaciones del MP descubrieron, por ejemplo, que Orellana Donis recibió en 2015 un sobregiro de 1,6 millones de quetzales (unos US$220.000) del banco G&T Continental sin tener en realidad respaldo crediticio. LOVI y Asociados, firma de abogados de López Villatoro, hizo los contactos para que el magistrado obtuviera la línea de financiamiento.
En total, de acuerdo con el MP, Orellana Donis recibió 6,13 millones de quetzales (unos US$820.000) a cambio de ayudar a manipular la elección de la Corte Suprema. El MP ha pedido antejuicio a Orellana y a Carlos Rodimiro Pérez Lucero, otro miembro de la comisión postuladora de 2014, que se supone recibió dádivas del Rey del Tenis.
Esta investigación fiscal, a la que el MP ha llamado “Comisiones Paralelas”, también da otros indicios de la influencia que el grupo de López Villatoro puede seguir teniendo en personas vinculadas con la comisión de postulación. Uno de esos indicios es el que lleva al nombre de José Antonio Pineda Barales, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la postuladora de fiscal 2018.
Pruebas agregadas al expediente indican que los investigadores encontraron, en una de las sedes de LOVI y Asociados, una lista de nombres en un papel con membrete del hotel Clarión de la capital guatemalteca, donde López Villatoro había pagado, a través de otra empresa asociada a él, unos 145.000 quetzales (cerca de US$20.000) para reunir durante dos días a postuladores de candidatos a dirigir la Corte Suprema en 2014.
Uno de los nombres que aparece en la lista Clarión es el de Pineda Barales, electo como magistrado a la Corte en 2014 como parte de las cuotas del “Rey del Tenis”. También aparece ahí el nombre de Rafael Rojas Cetina, quien es candidato para suceder a Thelma Aldana en 2018.
Emma Patricia Guillermo de León de Chea, quien se postuló a esta elección de fiscal pero fue excluida por no cumplir con los requisitos básicos de ley, fue otra de las que participó en los eventos del hotel Clarión, según las pesquisas del MP.
El Rey del Tenis empezó a tejer su red gracias a los contactos que logró en la USAC, de donde se graduó. Su caso es hoy una muestra de como la universidad estatal de Guatemala también se ha visto envuelta en redes criminales que giran alrededor de la selección de actores judiciales. La USAC produce, de lejos, más abogados que cualquier otra universidad, por lo que sus decanos ejercen una influencia que va mucho más allá del voto que tiene en la comisión de postulación.
“La corrupción llegó a nuestra propia casa”, decía por ejemplo Lenina García el 28 de febrero pasado en un evento en el que empresarios, estudiantes y algunos líderes indígenas presentaron el Frente Ciudadano contra la Corrupción en apoyo a la fiscal general Aldana y al comisionado Iván Velásquez de CICIG, en el que la joven fue una de las principales oradoras.
La frase de García, presidenta de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la USAC, es una referencia directa a los vínculos que analistas y una parte de la prensa guatemalteca atribuyen a autoridades sancarlistas con grupos de poder o de crimen organizado.
Durante los últimos 20 años, la USAC ha solido jugar un rol oscuro en las comisiones de postulación, lo que ha hecho que existan muchos cuestionamientos sobre todas las postuladoras en general.
“La comisión de postulación no es garantía por sí misma, se necesitan reformas. Las sillas de la comisión se convirtieron en sillas de interés particular, de grupos, la comisión se volvió política, en una mesa de intereses y las decisiones se han tomado en reuniones privadas”, dice por ejemplo Marielos Fuentes de la no gubernamental Guatemala Visible, una de las organizaciones que sigue de cerca este proceso de selección y cuyos representantes suelen estar presentes en todas las reuniones que ha tenido esta comisión de postulación desde que empezó a reunirse en una sala de la Corte Suprema de Justicia a finales de enero pasado.
El ICCPG es otra de las organizaciones que ha estudiado de cerca las comisiones de postulación que han elegido a los últimos fiscales generales del país. Elvyn Díaz, su presidente, también es escéptico. “[La presencia de los decanos] se pensó como un filtro académico, pero es un sistema caduco”, dice.
Ejemplo de esto es el caso de López Villatoro. Un investigador del Ministerio Público que conoce el expediente del Rey del Tenis dijo a InSight Crime que de esas investigaciones se desprenden nombres de personas que podrían estar representando grupos de poder con influencia en la comisión. Uno de esos nombres es el de Estuardo Gálvez, quien también influyó en la selección de las altas cortes en 2014.
Gálvez era decano de derecho (2000-2004) y rector (2006-2014) de la USAC. Conoce a López Villatoro desde al menos el año 2000, cuando, de acuerdo con una investigación de Nómada, ambos se aliaron para hacerse con el control del CANG, y desde ahí influir en las comisiones postuladoras de candidatos a las cortes.
Infografía: Elisa Roldán/InSight Crime
La principal red de influencia de Gálvez, no obstante, está en la San Carlos. Gustavo Bonilla, el actual decano de derecho de la universidad, era el candidato favorito de Gálvez para dirigir la facultad de Derecho y de acuerdo con fuentes universitarias llegó a la decanatura gracias a las redes de apoyo del exrector.
Sin embargo, el voto de Bonilla no está del todo asegurado para los intereses de las redes que le ayudaron a llegar hasta la comisión postuladora. Representantes de la AEU aseguraron a InSight Crime que Bonilla es más independiente que decanos anteriores, y que incluso podría estar a favor de seguir apoyando las reformas impulsadas por el bloque MP-CICIG.
“El del decano de la USAC es un voto que pesa y en el pasado las estructuras [de la universidad] han respondido a grupos políticos, como los vinculados con el Rey del Tenis”, asegura Lenina García. “Hoy los estudiantes tenemos cercanía con el decano [Bonilla], lo apoyamos, pero le hemos exigido que vote en coherencia con los perfiles idóneos… Si no lo hace se lo vamos a hacer ver”.
Las universidades tradicionales
A finales de febrero pasado, varias fuerzas sociales y económicas de Guatemala se unieron para apoyar la elección de un fiscal independiente. Representantes de importantes sectores agroindustriales, financieros, de servicios y alimentos montaron un evento en el que se lanzó el frente ciudadano contra la corrupción, en el que también participaron la líder estudiantil Lenina García y Helen Mack, dos antagonistas del bloque Morales-Arzú y de los rostros más visibles de los grupos que apoyan a CICIG y al MP.
El evento fue, sobre todo, un acto simbólico, que pretendió reunir en el salón de un hotel de lujo los espíritus que confluyeron en las calles de la ciudad en 2015, cuando grupos empresariales, estudiantes, indígenas y ONG se volcaron a las calles para exigir la renuncia del presidente Pérez Molina tras las investigaciones de CICIG y el MP que lo ponían a la cabeza de un esquema masivo de corrupción.
En varias porciones del acto los mensajes contra las decisiones de Morales eran evidentes, como cuando tres funcionarios a los que el presidente destituyó en los últimos meses, y quienes habían sido colaboradores casi incondicionales de CICIG y el MP, pasaron al frente del salón y recibieron una cerrada ovación.
Esos ánimos, sobre todo los que llegan desde una parte del sector privado, parecen también evidentes en las reuniones de la comisión de postulación, que se reúne en el salón de plenos de la Corte Suprema de Justicia, en la Zona 1 de Guatemala, bajo la imagen del quetzal sobre el escudo de armas del país. Ahí, desde finales de enero pasado, los 15 miembros de la comisión de postulación para fiscal general sesionan en tres mesas colocadas en forma de herradura y en sesiones abiertas al público y la prensa.
En la mesa colocada de frente al público se sientan el presidente del CANG, el presidente del órgano judicial y los decanos de tres universidades privadas, la Landívar, la del Istmo y la Mariano Gálvez. El decano de esta última es, por elección de sus colegas, secretario de la comisión; los decanos de las otras dos están entre las voces más activas y escuchadas en las sesiones.
Jary Leticia Méndez Maddaleno, de la Universidad del Istmo, y Hugo Rolando Escobar Menaldo, de la Landívar, parecen haber asumido una posición de liderazgo en el bloque de universidades privadas del que los analistas separan de las universidades de cartón.
Como la del Istmo y la Landívar, la Universidad Francisco Marroquín ha sido vinculada a sectores privados representados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la gremial que reúne a las élites económicas tradicionales de Guatemala.
La Marroquín, representada en la comisión por el decano Milton Estuardo Argueta Pinto, ha estado vinculada al grupo empresarial Multi Inversiones de Dionisio Gutiérrez, uno de los propietarios del imperio de comida rápida Pollo Campero.
La del Istmo es una universidad que ha tenido vínculos financieros con el empresario Juan Mauricio Wurmser, el actual director de la empresa de publicidad Ogilvy Guatemala, quien fue responsable de la implementación del programa de franquicias de Pollo Campero en Centroamérica.
La decana Méndez mantiene el gesto serio durante las sesiones de la postuladora. Algunas veces, el rostro se insinúa por encima de bufandas con las que suele protegerse del aire acondicionado que impera en el salón de sesiones. Con ese gesto, la abogada acude a la letra de la ley para interpretar su espíritu en referencia a los requisitos que la comisión está exigiendo a los postulantes.
En la sesión del 25 de enero pasado, cuando la comisión discutió por primera vez la posibilidad de inhibir a candidatos que hubiesen defendido habitualmente a acusados de narcotráfico, organizado y corrupción, fue Jari Méndez quien zanjó la discusión: “El espíritu es que no haya vínculo con el crimen organizado”, dijo en respuesta a colegas comisionados, como el presidente del CANG, que alegaban que descartar a alguien por los clientes a los que ha defendido es injusto.
También fue ella una de las que más defendió, en el pleno, que la comisión incorporara las sugerencias al perfil hechas por el Movimiento Pro Justicia (MPJ), una de las organizaciones de la sociedad civil que siguen de cerca el proceso de postulación.
No siempre estas universidades tradicionales han votado como bloque. Luis Antonio Ruano es el decano de la Universidad Mariano Gálvez y ha tenido cercanía con sectores vinculados al gobierno de Jimmy Morales. En 2016 fue parte de un grupo que asesoró al presidente en una serie de reformas a la polémica Ley Electoral y de Partidos Políticos que incluyó duplicar el techo permitido para la campaña electoral y un incremento en el financiamiento estatal para los partidos políticos.
El MPJ ha dicho de Ruano que en 2014, cuando participó en la selección de magistrados para las altas cortes, se mostró cercano al grupo de Alfredo Cabrera, el operador político asociado con la Universidad Da Vinci.
Sin embargo, en el proceso actual, el decano de la Mariano Gálvez ha estado más cerca del bloque de 10 universidades privadas lideradas por la Landívar y la del Istmo, a las que el MPJ lista hoy entre las que apoyarían la elección de un fiscal general independiente de los poderes fácticos.
El voto menos predecible del grupo podría ser el de Ángel Estuardo Barrios Izaguirre, el decano de la Universidad Mesoamericana, creada en 1971 en convenio con la Universidad Francisco Marroquín se ha alineado en esta postuladora con el grupo de universidades privadas tradicionales, más cercanas al CACIF. Sin embargo, Barrios Izaguirre apoyó en 2009 la elección de Elda Nidia Nájera Sagastume a la Corte Suprema de Justicia, una candidata que llegó aupada por el grupo del “Rey del Tenis” según denunció CICIG entonces.
Comodín Morales-Arzú: El CANG
Tener el control del MP significa controlar la investigación criminal, lo que no es poco en un país en el que cinco de los últimos siete presidentes han sido procesados o investigados por delitos de corrupción, en prisión. Sin el MP, el impacto de las investigaciones de CICIG es menor: la comisión internacional tiene facultades de investigación, pero solo la Fiscalía tiene potestad legal de acusar en los tribunales.
La ofensiva frontal de Jimmy Morales contra la comisión internacional inició el 26 de agosto de 2017, cuando el presidente firmó un documento en el que declaró non-grato a Iván Velásquez, el magistrado colombiano que es jefe de CICIG desde 2013, y le ordenó que abandonara inmediatamente el país. Presiones de Naciones Unidas, el principal soporte político de CICIG, y de otros países cooperantes con Guatemala, como Estados Unidos y Suecia, evitaron la salida de Velásquez e hicieron retroceder temporalmente a Morales.
Los enemigos de Velásquez, no obstante, están bien instalados en la comisión de postulación. Uno de ellos, el más vocal, es Luis Fernando Ruiz Ramírez, el presidente del CANG. De todos los abogados presentes en la comisión, es el más solemne. Vestido siempre de oscuro estricto, el pelo engominado hacia atrás en líneas perfectas, suele esperar unos segundos antes de hablar. Cuando lo hace recuerda a uno de esos catedráticos de aula magna, que hablan como si recitan. Y cuando habla en la comisión es enfático, sobre todo cuando dice hacerlo en nombre de los colegas a los que representa.
El pasado 29 de enero, durante la tercera sesión de la comisión, Ruiz Ramírez tomó la palabra, por segunda vez en la semana, para defender el derecho a postularse de colegas que han defendido habitualmente a implicados en narcotráfico, crimen organizado o crímenes de cuello blanco. Esto a pesar de que ya el día anterior los otros comisionados y él mismo habían votado por inhibir a esos profesionales de participar.
“Voy a estar pendiente para que todos los expedientes sean estudiados […] para que sean considerados sin importar a quien hayan defendido […] para que nos apeguemos a lo que dice la Constitución”, advirtió el presidente del CANG.
En discusión también estaba, aquel día, la tabla de gradación en la que los comisionados basarán su aspiración de los candidatos; la ponderación que darían a los títulos académicos, la experiencia profesional y el paso por la judicatura, así como a señalamientos contra ellos en instancias oficiales. Sobre el último punto, Ruiz Ramírez fue uno de los que insistió en que estos señalamientos se incluyeran como tachas de los postulantes solo si sobre ellos pesaban sentencias definitivas.
El propio Ruiz Ramírez es, de hecho, objeto de una investigación. La magistrada María Cristina Fernández, suplente de la Corte de Constitucionalidad, ha acusado a Ruiz de haber amañado un proceso interno del colegio de abogados para intentar responsabilizarla de tráfico de influencias. No es casualidad que Fernández emitió uno de los votos que evitó la expulsión de Iván Velásquez cuando la CC resolvió a favor del colombiano un amparo interpuesto tras la petición del presidente Jimmy Morales de expulsarlo de Guatemala.
El pasado 28 de enero, Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack y una de las activistas más reconocibles en la lucha contra la impunidad en Guatemala, denunció a Ruiz Ramírez por las supuestas irregularidades en el proceso que el tribunal de honor del CANG siguió contra la magistrada Fernández; Mack pidió la inhabilitación del abogado.
Infografía: Elisa Roldán/InSight Crime
Mientras tanto, Ruiz Ramírez se ha mostrado fiel a Jimmy Morales y a los bloques de poder cercanos que lo apoyaron para llegar a la presidencia de la república, según cinco fuentes consultadas por InSight Crime en Guatemala, entre ellas miembros de organizaciones de sociedad civil y diplomáticos.
El currículum de Ruiz también revela otros puntos de conexión. El abogado fue asesor del Consejo Nacional de Seguridad, uno de los cuerpos de inteligencia más importantes del país, durante el gobierno del Partido Patriota de Pérez Molina. Y fue catedrático de un doctorado en seguridad del que fue alumno el presidente Morales.
Al CANG también lo representa en la comisión postuladora el actual presidente del Tribunal de Honor, Julio Enrique Dougherty Liekens, quien fue funcionario municipal durante la primera gestión de Álvaro Arzú, entre 1986 y 1990.
La planilla por la que fueron electos Ruiz y Dougherty, que ha sido vinculada al Rey del Tenis, fue impulsada por un grupo de abogados liderado por Ruiz, cuando se desempeñaba como presidente del tribunal de honor.
Julio Enrique Dougherty Monroy, hijo de Dougherty Liekens, es viceministro de comercio exterior del Ministerio de Economía en el gobierno del presidente Morales y también trabajo bajo las órdenes de Arzú en la alcaldía capitalina. A pesar de todos esos vínculos, el presidente del Tribunal de Honor del CANG dice que él, como postulador de los candidatos a fiscal general, no se debe más que “al pueblo guatemalteco”.
Conteo de votos y “buenas decisiones”
Un análisis que ICCPG hizo del proceso de selección anterior a este, realizado en 2014 y del que salió a la postre electa Thelma Aldana, determinó que los decanos de las universidades, en aquella ocasión, votaron en bloques de acuerdo con sus filiaciones políticas y económicas. En representación de las economías tradicionales, es decir los capitales históricos del sector privado guatemalteco vinculadas a CACIF, este tanque de pensamiento listó en 2014 a cuatro universidades privadas: la Landívar (jesuita), del Istmo (Opus Dei), Francisco Marroquín, Mesoamericana y a la San Pablo.
A favor de las llamadas economías emergentes, como las que representa el Rey del Tenis y que están pobladas sobre todo por militares y nuevos capitales, el ICCPG ubicó a las universidades más nuevas, como la Rural o la Da Vinci, al presidente del Órgano Judicial y a los representantes del CANG.
Poco más de lo mismo parece estar ocurriendo en 2018. La ley establece que es necesaria la mayoría calificada, 9 de 15 votos, para escoger a los seis candidatos que integraran la lista que llegará al escritorio del presidente Morales. Y a finales de febrero, el Movimiento Pro Justicia (MPJ), otra de las organizaciones civiles que siguen de cerca el proceso de postulación, presentó un estudio en el cual distinguió dos bloques: el liderado por las universidades privadas de más renombre —Landívar, del Istmo y Marroquín—, que cuenta con 10 votos, y otro en el que están la Rural, la Da Vinci, USAC, la Regional y los dos miembros del CANG.
En su propio análisis, el ICCPG también los divide en dos grupos: “Grupo proimpunidad y grupo que seguiría apoyando la lucha contra la corrupción”.
Sin embargo, persisten dudas sobre las universidades privadas, dado que sus intereses se han visto también golpeados por la dupla MP-CICIG. Los análisis hechos por el MPJ y otras organizaciones similares antes de este proceso advertían que, a diferencia del de 2014, cuando el sector privado de Guatemala apoyaba casi sin fisuras la labor de la CICIG, en esta ocasión la embestida de la comisión y del MP de Thelma Aldana contra personas e instituciones importantes de las élites económicas —como el mismo presidente Arzú— podía provocar que algunas de las universidades privadas se inclinaran por candidatos menos afines a la CICIG.
Hasta ahora, Carmen Aída Ibarra, del MPJ, cree que el bloque liderado por las universidades Landívar y del Istmo ha tomado, en general, “buenas decisiones” y, “la comisión ha mostrado tener buen criterio” en asuntos técnicos como el perfil y la tabla de calificación de los candidatos. Sin embargo, Ibarra advierte que en este proceso aún no es posible hablar de las élites económicas tradicionales como un bloque.
Al final de cuentas el presidente Morales, el elector final, solo necesita que un candidato sea de su gusto.
Otro factor que podría resultar decisivo son los mensajes de Estados Unidos, país que ha apoyado a la CICIG y sus comisionados desde que la comisión llegó a Guatemala en 2006. En 2015, cuando el MP y CICIG revelaron la investigación que costó la presidencia a Otto Pérez Molina, el entonces embajador estadounidense Todd Robinson se convirtió en el apoyo más influyente de fiscal general y comisionado.
Luis Arreaga, el sucesor de Robinson, tiene un estilo menos público, pero también ha hecho evidente su apoyo a CICIG. El gobierno del presidente Morales, tras el fiasco de la declaratoria de non-grato contra el comisionado Velásquez, ha optado por cortejar a la administración de Donald Trump con decisiones como mover la embajada de Guatemala en Israel a la ciudad de Jerusalén y a través del cabildeo a sectores evangélicos cercanos al vicepresidente Michael Pence.
En Washington, fuentes diplomáticas han dicho a InSight Crime que la posición de la embajada en Guatemala sigue siendo a favor de la elección de un fiscal independiente, o sea, pro CICIG. Un funcionario del Congreso advirtió, bajo condición de anonimato, que la elección de un jefe del Ministerio Público que tenga vínculos evidentes con grupos de crimen organizado podría provocar que el Departamento de Estado no valide la certificación de combate a la lucha contra la corrupción en el país, la cual es necesaria para que Estados Unidos desembolse fondos de cooperación. La certificación está detenida desde septiembre de 2017, poco después de que Morales intentó expulsar al comisionado Velásquez.
No es poco lo que está en juego en Guatemala. Sin importar las alineaciones políticas de quien responda, parece claro que el futuro institucional del país pasa por el control inmediato del Ministerio Público, el ente que en los últimos años, junto a CICIG, ha desenmarañado y, como nunca antes, ha perseguido penalmente a los complejos entramados de corrupción e intereses que han solido operar desde el Estado y han terminado infiltrados en las mismas instituciones de las que se nutre la comisión de postulación para la elección del fiscal general.
En este tablero político, los filtros que la ley otorga a las facultades de derecho parecen caducos e intrascendentes. En un mapa que incluye a universidades creadas por operadores con evidentes vínculos a grupos de poder enfrentados a la justicia, a una universidad estatal plagada aún por las sombras de un pasado de corrupción, y a un bloque de instituciones privadas susceptibles también de influencia de sus financistas, la transparencia sigue pareciendo un bien escaso.
Esta investigación fue publicada originalmente por InSight Crime y se reproduce con autorización.
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