Foto FACTUM/tomada de la FGR

Enrique Rais llegó al aeropuerto de Ilopango antes de las 9:00 a.m. del 2 de marzo de 2014. Quería despedir a los pasajeros que ese día viajarían en el avión matrícula N440KM, uno de los que entonces formaban la flotilla aérea del empresario salvadoreño. El líder de los viajeros era un habitual en esos aviones: Luis Martínez, el fiscal general de la república, con quien Rais sostenía una relación que, casi cinco años después, fue calificada por un juez como crimen organizado.

En el N440KM, propiedad de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos de El Salvador (MIDES), de la que Rais es dueño, viajaron 9 personas a Barbados ese día, de acuerdo con el oficio de salida elaborado por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, del que Factum tiene una copia. Entre los pasajeros, además del fiscal general, iban Allan Edward Hernández, entonces jefe fiscal antiextorsiones; otros dos empleados de la Fiscalía; y Armando Serrano y César Pompilio López, dos abogados que en distintos momentos representaron a Rais.

El fondo de ese viaje, según testigos de investigaciones validadas por la misma Fiscalía General de la República, era un caso de extorsión abierto por la Fiscalía contra los empresarios canadienses Franco Pacetti y Matteo Pascuale, ex socios de Rais en MIDES, y con quienes este inició una guerra comercial.

Antes de que el avión saliera de Ilopango, Enrique Rais entregó sobres de papel manila a tres de los viajeros: uno a Martínez, otro a Hernández y uno más a otro jefe fiscal. El sobre que recibió Hernández contenía mil dólares, según el relato de un testigo incorporado al requerimiento fiscal 28-UIF-2016 y presentado el 18 de octubre de 2018 al Tribunal Cuarto de Paz de San Salvador, un caso que el exfiscal general Douglas Meléndez bautizó  como Corruptela y en el cual la FGR presentó cargos por varios delitos de corrupción contra 30 personas.

El caso Corruptela es, en esencia, el expediente judicial que resume varias redes de corrupción establecidas por Luis Martínez desde la Fiscalía General con políticos y empresarios. La red más importante, a juzgar por los hechos descritos en la acusación fiscal, es la que montó junto a Enrique Rais. Los viajes a Barbados y a otros destinos que Martínez y sus asistentes hicieron en los aviones de Rais están a la base de las investigaciones fiscales, así como de varias acusaciones penales por las que el exfiscal general guarda prisión y el empresario es prófugo de la justicia.

Uno de los testigos, quien según el expediente judicial viajó varias veces en los aviones de Rais, aseguró que todos los viajes empezaban de forma similar. Martínez o sus colaboradores más cercanos citaban a quienes viajarían para que llegaran temprano al despacho del fiscal general. Martínez manejaba después hasta un helipuerto ubicado frente al hotel Sheraton en la colonia San Benito de San Salvador. Desde ahí,  un helicóptero de Rais llevaba a los viajeros hasta el aeropuerto en Ilopango, donde abordaban los aviones del empresario. Algunas veces, en el camino a las aeronaves según el testimonio, había desplegada una alfombra roja con las iniciales RG impresas: Rais Group, uno de los conglomerados sombrilla del empresario.

“En este viaje a Barbados… en el aeropuerto de Ilopango subió al avión el señor Enrique Rais, a despedirlos y en esos momentos el señor Rais le entregó… al licenciado Allan Edward Hernández Portillo y al licenciado Luis Antonio Martínez un sobre y les manifestó que eran para sus gastos… Al abrir el sobre pequeño de manila color amarillo… pudo darse cuenta de que era dinero en efectivo”, declaró un testigo a la Fiscalía.

Los sobres estaban marcados con los nombres de los fiscales y tenían escrita la cantidad  de 2,000 dólares. Hernández y otro fiscal, no obstante, solo encontraron mil dólares en billetes de 20 en cada sobre. El testigo aseguró que ninguno de los fiscales devolvió el dinero.

De acuerdo con el testigo, de quien Factum se abstiene de publicar información que pueda comprometer su seguridad,  Rais subió aquel día al N440KM con otros sobres manila. Al testigo le pareció “extraño” que Rais entregara dinero a los fiscales, pues el objetivo oficial del viaje era, supuestamente, avanzar en un memorándum de entendimiento que la fiscalía salvadoreña firmaría con su similar de Barbados para facilitar la colaboración en investigaciones de delitos financieros.

Los abogados de Rais iban a Barbados a otra cosa. Según el testimonio, César Pompilio López y Armando Serrano, los dos abogados de Rais que viajaron a la isla caribeña en compañía de de los fiscales, tenían la misión de visitar los registros públicos de Barbados “donde los abogados buscaban matrículas de empresas en las que tenía interés Rais”.

“La visita (a los registros) tenía que ver con la investigación que Allan Hernández llevaba contra los canadienses por extorsión”, aseguró el testigo.

Los fiscales y los apoderados de Rais se hospedaron en el mismo hotel.  Al final del día en que Serrano y López visitaron las oficinas públicas en Barbados, Hernández comentó que había viajado “por la información del registro que los abogados consultaron”, según el testimonio.

El viaje a Barbados ocurrió poco menos de un año antes de que Luis Martínez hiciera público en una entrevista con La Prensa Gráfica que la Fiscalía investigaba una extorsión internacional por 50 millones de dólares. Luego otras fuentes fiscales confirmaron que Martínez se refería a la investigación por extorsión que llevó a Allan Hernández al Caribe.

Franco Pacetti y Matteo Pascuale, los dos empresarios canadienses, han alegado en tribunales salvadoreños que ellos vendieron a Rais sus acciones en Mides, que el salvadoreño les pagó 5.2 millones de dólares y que aún les debe 25 millones de dólares. Los norteamericanos aseguran que Rais solo les depositaba el dinero correspondiente a las ganancias a las que tenían derecho como copropietarios de la empresa y que intentó hacer pasar esos pagos como cancelación de la deuda.

La Fiscalía de Luis Martínez abrió el expediente de extorsión contra los empresarios canadienses y validó la versión del amigo del entonces fiscal general. El alegato del empresario salvadoreño es que Pacetti y Pascuale lo extorsionaban cuando le cobraban el dinero que, según los canadienses, aún se les adeudaba.

En el expediente de Corruptela, la Fiscalía General acusa a Luis Martínez de fabricar pruebas para favorecer a Rais en varios casos, incluidos en los relacionados a los litigios comerciales que involucran a los canadienses. Uno de los testigos citados en ese caso dice que al menos un informe preparado en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR en 2014 tenía “la clara intención de favorecer los intereses del señor Enrique Rais”. El supervisor de ese informe fue Allan Hernández.

De acuerdo con dos testimonios consignados en Corruptela, a los que Factum ha tenido acceso, el viaje de Allan Hernández a Barbados fue solo una de las acciones en favor de Rais en las participó el entonces jefe de la unidad especializada de delitos de extorsiones de la Fiscalía General.

Un mes antes de su visita a Barbados, Hernández había viajado a Bahamas. El 7 de febrero de 2014 abordó el mismo avión, el N440KM, para otra diligencia para Rais. Esa vez, según documentación que consta en el proceso, el fiscal general no iba entre los viajeros, pero sí el  dueño del avión y principal interesado en el desenlace del caso: Enrique Rais.

Enrique Rais, cuando esperaba entrar al Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, en el Centro Judicial Isidro Menéndez, el 25 de Agosto de 2016, durante la presentación del requerimiento por su captura junto con el Ex Fiscal, Luis Martínez. El empresario aprovechó la libertad condicional para fugarse. Ahora está en Suiza.
Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

El jefe de la Unidad Antiextorsiones realizó entrevistas en ese viaje a Bahamas. Según un acta firmada por el mismo Hernández, esa vez entrevistó a dos abogados que previamente habían sido contratados por Rais para analizar cuatro documentos sobre sus negocios con los canadienses. Al final de las entrevistas, los abogados que hicieron el estudio para Rais se comprometieron ante Hernández a enviar un informe técnico desde Bahamas a El Salvador “para ser presentado a las autoridades que estimen convenientes”.

Además de los viajes financiados por Rais, Allan Hernández fue el jefe fiscal a quien el fiscal general encomendó supervisar la elaboración de un informe financiero cuyo objetivo era determinar “si los canadienses habían hecho pagos a MIDES”. La información que alimentó ese informe no llegó de consultas a los empresarios extranjeros, sino que la proveyó Hugo Blanco Rais, sobrino de Enrique Rais y su mano derecha. Hernández siempre estuvo al tanto de eso, según los testigos citados en Corruptela.

Cuestionado sobre estos antecedentes de su fiscal adjunto, el actual fiscal general, Raúl Melara, ha optado por defenderlo sin fisuras.

El defensor de Hernández

El fiscal general se ha esmerado en defender al hombre que en su ausencia tomará las riendas de la Fiscalía.  Remarcó que Hernández goza de toda su confianza y buscó tres salidas para intentar justificarlo: dijo que no fue el único fiscal que viajó en aviones de Enrique Rais, sostuvo que lo hizo porque siguió órdenes del ahora encarcelado exfiscal Martínez y, por si esas excusas no bastaban, dijo de Hernández que “él  no está señalado, él aparece mencionado”.

“Ellos lo hacían por orden directa del fiscal general. Lo hacían en el cumplimiento de su  función. Esta no solo es la explicación que él ha dado, es la explicación que casi una docena de fiscales ha mencionado, porque no solo él es que se haya subido en esos aviones…  y eso no es ningún delito. Fueron a otros países a realizar diligencias del señor Rais, ¿Qué delito es subirse a un avión si usted va a trabajar?”, dijo  Melara durante la entrevista en la radio Club 92.5.

El fiscal incluso dijo que se trata de “suspicacias”. Y no se refirió en ningún momento a la condena impuesta en 2016 por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) contra Martínez por recibir beneficios indebidos de Rais.

A la salida de esa entrevista en radio, el pasado 14 de febrero, Revista Factum lo buscó para hacerle más preguntas y estas fueron sus respuestas.

—Esta mañana usted ha justificado que el fiscal Hernández viajara en los aviones del señor Rais ¿Fiscal, usted se subiría a los aviones de uno de los procesados?

—En ese momento, yo tengo entendido que el señor Rais no era procesado ni era investigado, respondió Melara.

(Cuando Hernández viajó con Rais, el empresario ya tenía calidad de denunciado en la Fiscalía. En 2013, los canadienses lo denunciaron por estafa y administración fraudulenta. Ese caso nunca prosperó en la Fiscalía de Luis Martínez.)

—Rais acusó a los canadienses y era parte interesada en un proceso fiscal y aún así viajaron con los abogados de él, ¿Le parece correcto, le parece ético?

—Viajaron una gran cantidad de fiscales por orden del exfiscal Luis Martínez y estaban cumpliendo su labor como fiscales.

—No teme que vayan cometer ilegalidades por el hecho de seguir órdenes…

—No hay por qué cometer ningún tipo de ilegalidades.

— ¿Le parece, entonces, ético que él se haya subido al avión de Enrique Rais aun cuando era de una persona interesada en un proceso fiscal?

—Todos los fiscales en su momento se subieron a un avión, tengo entendido, por orden del exfiscal Martínez en el cumplimiento de sus labores como fiscales, justificó el fiscal general.

Sobre el dinero  que, según uno de los testigos, recibió Hernández de manos de Rais, Melara respondió: “No se ha determinado que él haya recibido ningún tipo de dinero por eso”.

Raúl Melara, Fiscal General de la República.
Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

“Hubo varios fiscales que subieron en los aviones del señor Rais cuando él no era imputado, cuando no era investigado, y en ese sentido lo hacían por órdenes expresas del exfiscal  general Luis Martínez”, volvió a responder Melara ante otra pregunta de una reportera de televisión.

El fiscal general mencionó en tres ocasiones cuál es la hoja de vida y la experiencia de su adjunto,  incluso destacó su breve paso por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), un perfil que, en su opinión,  lo hace “totalmente merecedor del puesto”.

Días después, en otra entrevista radial, Melara aseguró que Hernández nunca supo que el avión en el que viajó dos veces pertenecía a Rais. “Según tengo entendido ninguno de los fiscales tenía información de que ese avión era de quién era”, dijo Melara en el programa de Pencho y Aída este 19 de febrero.

Las investigaciones de la institución que ahora dirige contradicen a Melara: Hernández no solo sabía que el avión era de Rais; también le aceptó dinero al empresario en un caso que buscaba favorecerle, según dos testimonios.

El director de comunicaciones de la FGR dijo que Hernández no se pronunciará sobre el tema porque el fiscal general ya “sentó posición” al respecto.

La mafia en acción

Todos los fiscales se subieron a los aviones de Enrique Rais por órdenes de Luis Martínez, repitió el actual fiscal general, al defender el nombramiento de Hernández como adjunto. Lo que Melara omite es decir que la Fiscalía que hoy él dirige ha hecho varias acusaciones en juzgados salvadoreños en los que incrimina a Martínez y a varios de esos fiscales en delitos, y que Hernández también recibió órdenes de fabricar pruebas, según dos de los testigos citados en el expediente Corruptela.

En abril de 2014, un mes después del viaje a Barbados, Luis Martínez hizo una llamada a Tovías Menjívar, entonces jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), para avisarle que el jefe fiscal Allan Hernández le solicitaría apoyo. Un día después Hernández llamó a la UIF.

La petición del jefe antiextorsiones era sencilla: esa unidad fiscal tenía que elaborar un informe relacionado con el caso existente entre los empresarios canadienses y Rais. La información para alimentar el reporte la proporcionarían César Pompilio López y Armando Serrano, los dos abogados de Rais con los que Allan Hernández había viajado a Barbados en marzo.

Días después, fue Hugo Blanco Rais quien, en nombre de su tío, llegó en persona a una sala anexo al despacho del fiscal general para entregar información. En total, Blanco entregó unas 200 páginas sueltas con datos financieros. “Hugo Blanco era el enlace entre la UIF y Enrique Rais”, dice uno de los testigos.

José Vaquerano, uno de los analistas de la UIF, fue uno de los empleados públicos a los que Blanco Rais entregó información, en un procedimiento que según uno de los testigos citados en Corruptela es irregular. “El protocolo usual es que la UIF hace las peticiones directamente a las instituciones involucradas… pero se hizo así por la influencia de Hugo Blanco Rais y Enrique Rais en Luis Martínez”.

Sobre el informe dice un testigo que participó en la recolección de información para confeccionar el documento que ni Allan Hernández ni Tovías Menjívar dijeron a los analistas que lo utilizarían para un proceso penal y que ellos no lo supusieron así porque “era un informe de inteligencia sin efectos legales”.

Uno de los testigos asegura que el informe final que produjo la UIF no era un peritaje oficial, sino un análisis de inteligencia elaborado con las fotocopias que Blanco Rais y los dos abogados proporcionaron a Vaquerano. Aun así, a sabiendas de que no cumplía con los requisitos legales de forma, Luis Martínez insistió a Tovías Menjívar, el jefe de la UIF, que firmara el documento.

El testigo también declaró a la Fiscalía General que con la información proveída por los enviados de Rais determinaron que el empresario había constituido compañías en Barbados, la isla a cuyos registros públicos acudieron dos de los abogados del magnate junto al fiscal Hernández en el viaje de marzo de 2014.

El fiscal general incluso propició una reunión entre Menjívar, Allan Hernández y Hugo Blanco Rais en la UIF para afinar detalles. Menjívar firmó el informe a pesar de que, según uno de los testigos, tenía “conocimiento pleno de su ilegalidad”.

De acuerdo con los testimonios el objetivo final del documento era probar, con evidencia falsa, que Enrique Rais había, en efecto, saldado sus deudas con los canadienses.

A mediados de 2016, en el marco de la primera investigación que la Fiscalía, bajo las órdenes de Douglas Meléndez, abrió contra Martínez por varios delitos de corrupción, los fiscales decomisaron una agenda a Wilfredo Gutiérrez, otro abogado de Rais quien, como su exjefe, es hoy prófugo de la justicia. Ahí, Gutiérrez escribió que “lo de Tovías (Menjívar) arreglaría todos los casos” pendientes de Rais.

Los testimonios citados en el expediente Corruptela no dejan lugar a dudas sobre el papel que Allan Hernández jugó en la confección de un informe a la medida de los intereses de Rais:  fue Hernández quien tomó decisiones en reuniones en las que también participó Hugo Blanco Rais; él habló al menos tres veces a la UIF para interesarse por los avances del informe y apresurarlo; él fue quien comunicó directamente a la UIF que los abogados de Rais y el sobrino de este proporcionaría la información para el informe; él fue quien viajó junto a los abogados de Rais a Barbados para obtener información en el caso abierto contra los enemigos comerciales del empresario salvadoreño. Todo eso consta en una acusación elaborada por la Fiscalía General de la que hoy Allan Hernández es fiscal adjunto.

Hernández ha dicho en su defensa que él desconocía quién pagaba los viajes. Según una entrevista que dio a la Fiscalía en enero pasado, él sostiene que nunca supo que estaba realizando diligencias financiado por la parte interesada en el caso. Pero no niega que elaboraron el peritaje contable del caso con información proporcionada por los abogados de Rais.

“Decidieron que lo hiciera alguien que conociera de la materia, dicho apoyo se solicitó a la Unidad De Investigación Financiera, lo anterior con autorización del exfiscal General de la República, recuerda que esto fue realizado mediante memorando y que los insumos para realizar el peritaje fueron proporcionados por los abogados de la víctima desde el inicio del expediente, es decir la parte querellante”, consignaron los fiscales del caso Corruptela.

Hernández también reconoció durante esa entrevista que recibieron la denuncia de los canadienses en contra de Rais y que decidieron archivarla. Según él, la archivaron por falta de pruebas y, de acuerdo con su versión, nunca recibió lineamientos de Martínez para hacerlo.

Uno de los testigos citados en las investigaciones fiscales aseguró que el afán de Luis Martínez por proteger a Rais involucró a varias unidades de la Fiscalía, como las ya citadas UIF, la unidad antiextorsiones, y la de asuntos internacionales. A través de la UIF, el fiscal general también intentó usar la participación de El Salvador en un grupo internacional que reúne a unidades de investigación similar en todo el mundo, conocido como Grupo Egmont, para favorecer a Rais. En 2014, Martínez ordenó a Tovías Martínez, el jefe de la UIF salvadoreña, que enviará al Grupo Egmont información sobre procesos que la Fiscalía, en estrecha comunicación con Rais y sus colaboradores, había abierto en contra de los canadienses. Uno de los testigos asegura que con ello se hizo un uso “inadecuado” de los canales oficiales y que la acción “perseguía satisfacer los intereses del señor Rais”.

La acusación en el caso Corruptela pasa por varios delitos de corrupción atribuidos al exfiscal general Luis Martínez y un grupo de jefes fiscales que actuaban bajos sus órdenes para cometer ilegalidades. De ese grupo dijo en julio de 2016 el expresidente del TEG, Marcel Orestes Posada, que vendía justicia.

Muchas de las ilegalidades atribuidas por la Fiscalía a este grupo de fiscales tienen que ver con la venta de justicia a Enrique Rais, pero también incluyen tratos ilegales con otros corruptores, entre ellos Mauricio Funes; empresarios sobre quienes pesaban reportes de operaciones sospechosas emitidos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; y otros hombres de negocios vinculados con el partido Arena y el desvío de fondos atribuido al expresidente Francisco Flores. En enero pasado el juez primero de sentencia de San Salvador dijo que se trata de una estructura de crimen organizado.

A la fecha, Luis Martínez guarda prisión. Varios de sus excolaboradores más cercanos, como el exgerente de la FGR Mauricio Yánez, el exfiscal adjunto Edgar Márquez y el exjefe fiscal Julio Arriaza están presos mientras se desarrollan procesos judiciales contra ellos por delitos de corrupción.

El nombre de Allan Hernández, de momento, no aparece en imputación alguna de la Fiscalía General.

Con la llegada de Raúl Melara al despacho principal de la Fiscalía, el nombre de Allan Hernández aparece, además de en los expedientes judiciales abiertos por el caso Corruptela, en el lugar del organigrama institucional asignado al fiscal general adjunto, que es el funcionario que asume como asignado constitucional para la defensa de los interés del Estado y como jefe del ejercicio de la acción penal en el país cuando el titular hace falta por viaje, destitución o fin de su periodo constitucional.