Fiscalía intercedió para beneficiar a expresidente Saca

La Fiscalía de Douglas Meléndez aceptó un trato que favorece al expresidente Saca y deja al Estado como gran perdedor: una pena mínima de cárcel y el pago de una décima parte de los $300 millones que el también expresidente de Arena sustrajo del erario público.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Casi dos años después de anunciar que tenía todas las pruebas necesarias para condenar al primer expresidente salvadoreño por haber robado millones de dólares de dinero público, la Fiscalía salvadoreña aceptó tácitamente su derrota este martes 7 de agosto. En un giro inesperado en su estrategia, la Fiscalía solicitó durante el inicio de la vista pública un procedimiento abreviado que implica la reducción del techo de la pena para el expresidente Antonio Saca de 30 a 10 años, así como una disminución del monto de dinero a devolver que bajó de $300 a $25 millones, es decir, ni una décima parte del total inicial.

Esta negociación resulta al menos contradictoria ya que desde el inicio del proceso, a finales de octubre de 2016, la Fiscalía dijo en reiteradas ocasiones que el caso era sólido y que lo podían ganar en los tribunales. Es más, este mismo martes, minutos después del anuncio de la negociación, Mario Huezo, el fiscal que lidera el caso contra Saca, aseguró que en esta vista pública quedará demostrada la culpabilidad de los imputados.

La Fiscalía aseguró, al inicio del juicio, que el procedimiento abreviado fue solicitado por Saca, a través de sus abogados, mediante un escrito enviado al despacho del fiscal general, Douglas Meléndez, el pasado 17 de julio. En este documento, Saca y tres de sus exsecretarios también acusados por el millonario desfalco aceptaron confesar sus delitos a cambio de una pena mínima. El documento fue contestado por Meléndez seis días después con una respuesta favorable para los cuatro imputados.

Además de Saca, sus tres exsecretarios implicados en el caso, Élmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, también recibirán una disminución de pena con este trato.

Los siete imputados son acusados de los delitos de peculado o lavado de dinero, o ambos, como el caso del expresidente Saca y Charlaix. El peculado es penado con 12 a 15 años de prisión y lavado de 5 a 15. El proceso abreviado estipula que, de confesar sus hechos, los imputados podrán ser condenados con penas que oscilen entre el mínimo y un tercio del mínimo de la pena original. Para el delito de peculado, la Fiscalía ha pedido condenas de cinco años, igual que para el de lavado de dinero. Con el beneficio penitenciario de media pena, Saca y Charlaix tendría que pasar solo tres años más en la cárcel, mientras que Funes y Rank podrían salir durante los primeros meses de 2019, según el artículo 39 -literal B- de la Ley Penitenciaria.

La Fiscalía no ha querido revelar desde hace cuánto inició la negociación del proceso abreviado, contemplado en el artículo 417 del Código Procesal Penal; ni porqué el fiscal general aceptó una condena mínima, y la devolución de menos de una décima parte de lo supuestamente robado al erario público en uno de sus casos estrella.

“(Este es) un hecho histórico. Es decir, a ningún presidente se le había condenado bajo este mecanismo, es decir, por actos de corrupción. Y eso lo vamos a probar y lo vamos a demostrar a lo largo del desarrollo del juicio abreviado donde va a ser presentada evidencia documental, pericial y testimonial que va a demostrar lo que estamos expresando”, dijo con seguridad Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía durante una conferencia de prensa improvisada durante un receso del primer día de la vista pública.

En un primero momento, los tres empleados de Casa Presidencial acusados de ser los operadores del millonario desfalco quedaron fuera de esta negociación. Para ellos, la Fiscalía solicitó el primer día de la audiencia la condena máxima por los delitos de peculado y lavado de dinero. Los abogados defensores de Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera confirmaron durante la vista pública que hicieron la misma solicitud al fiscal general el 28 de julio, previo a las vacaciones agostinas de San Salvador. Sin embargo, en el segundo día de la vista pública, este miércoles 8 de agosto, la Fiscalía pidió el procedimiento abreviado para los tres empleados también. Para estos acusados, la Fiscalía pidió tres años de cárcel, de los cuales están prontos a cumplir dos. Con el beneficio penitenciario de media pena, estos tres imputados podrían quedar libres dentro de pocas semanas.

A pesar de que el acuerdo se conoció oficialmente hasta este martes 7 de agosto, el proceso ya va adelantado. El 3 de agosto, a las 10:00 de la mañana, Élmer Charlaix rindió una “declaración extrajudicial” ante los fiscales, abogados y dos testigos. En esta declaración que quedó plasmada en papel, el exsecretario privado de Saca confesó haber cometido los delitos de los que se le acusa. Los otros tres imputados, incluido el expresidente, también rindieron su confesión ante los fiscales. El Ministerio Público solicitó al tribunal de sentencia que cada uno de los acusados lea en voz alta durante el juicio su declaración para que los juzgadores tengan mayor certeza de lo confesado.

Hay un discurso a seguir

A pesar de la evidente disminución en las penas solicitadas para los imputados, la Fiscalía insiste en celebrar este hecho como algo “histórico”. La representación fiscal niega que la reducción de las penas para los exfuncionarios de Arena sea un “beneficio”, pues cren que pudieron haber ganado el caso sin este trato.

Parado frente a la puerta de la sala de audiencias 2-B en el centro judicial Isidro Menéndez, el jefe de la UIF, Jorge Cortez, se alista para una conferencia de prensa improvisada. Minutos antes, su subalterno y coordinador del grupo que lidera la investigación contra Saca, Mario Huezo, había solicitado al tribunal segundo de sentencia el proceso abreviado contra cuatro de los siete imputados por el desvío de $300 millones del erario público.

Cortez es un hombre de confianza del fiscal general. Es alto y doble. Siempre bien presentable. Lo acompaña este día Luis Ever Fernández, un empleado de la oficina de Comunicaciones de la Fiscalía. Minutos antes de salir de la sala de audiencias, Fernández avisó a los periodistas que el jefe de la UIF estaba pronto a dar unas palabras. Una vez frente a las cámaras, Fernández ayuda a su jefe a arreglarse el cuello, a verse bien.

Jorge Cortéz, Jefe de la UIF de la FGR, brinda declaraciones afuera de la Sala 2-B del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, este 7 de agosto de 2018. 
FOTO FACTUM/ Salvador MELENDEZ

Unos segundos antes de iniciar el discurso, Fernández se para a unos centímetros de la espalda de su jefe para hablarle al oído. Una veintena de periodistas se han apuñado alrededor de Cortez y Fernández. Un periodista de Factum se queda a las espaldas de ambos. La grabadora se enciende mucho antes de que Cortez diga sus primeras palabras oficiales y logra captar las indicaciones del asistente.

–Como te digo, ya me habló el jefe ahorita y me dijo que (hay que) hacer énfasis en “no, no, no, no” en aquello que te mencioné y que la condena es histórica, dice Fernández a Cortez.

Las indicaciones cobrarán sentido unos minutos después, cuando Cortez, ante las insistentes preguntas de los periodistas, niegue que la reducción de pena por procedimiento abreviado sea un beneficio y más bien exalte los resultados de la Fiscalía.

–Ustedes tenían un caso para ganar el proceso, ¿por qué la necesidad de hacer un proceso abreviado?, pregunta un periodista a Cortez.

A las espaldas de Cortez, Fernández murmulla. La grabadora graba: “No es un beneficio, no es un beneficio”, masculla.

–Como lo dije al principio –responde Cortez –, nosotros estamos actuando dentro del marco de la ley. Este es un procedimiento abreviado, no significa que el caso se ha perdido. Es más, nosotros estamos proponiendo una pena de diez años de prisión para el expresidente de la República, igual que para el señor Élmer Charlaix. Eso es lo que la ley nos establece, eso es lo que nos impone el Código Procesal Penal y estamos en ese marco..

–Pero ¿por qué otorgarle un beneficio a estas personas?, le pregunta otra periodista.

Fernández murmulla nuevamente: “No es un beneficio”.

–No estamos hablando de un beneficio, repite Cortez.

–Pero eso dijo el juez, insiste la periodista.

–El procedimiento abreviado no es un beneficio, se defiende el jefe fiscal.

–Pero están disminuyendo la pena, interrumpe un periodista.

–… el 417  está hablando.

–Pero están disminuyendo la pena, insiste otro periodista.

–Si me permite la respuesta -continúa Cortez- el 417 del Código Procesal Penal no lo establece como un beneficio, lo establece como una facultad que en este y en los demás casos puede darse. Óigase bien, esto no es un beneficio, esto no es un acuerdo, no es una prerrogativa, esto no es ningún tipo de concesión sobre el cual se pueda (“es un mecanismo”, susurra el asesor) dar a entender a la sociedad, este es un mecanismo que la ley lo permite hasta el momento de la vista pública.

Al final de la conferencia improvisada, otro periodista le insiste con una pregunta más.

–¿Este es el concepto de justicia que tiene la Fiscalía? ¿Este es el concepto de justicia que tiene la Fiscalía?

Cortez y Fernández se dan la vuelta y se marchan.