El Departamento de Estado en Washington ha retenido las certificaciones de que Honduras, Guatemala y El Salvador están cumpliendo con los compromisos de “combatir la corrupción”, “investigar a policías y militares acusados de violar derechos humanos” y “cooperar con comisiones contra la impunidad”, los cuales son requisitos para que el Congreso autorice el desembolso de parte de los $655 millones asignados a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
Foto FACTUM/Gobierno de Guatemala, tomada de Flickr con licencia Creative Commons.
La credibilidad del Triángulo Norte en Washington es aún precaria. El indicador más reciente es que el Departamento de Estado (DOS, en inglés) ha retenido los avales a los esfuerzos anticorrupción realizados por los gobiernos del presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, el guatemalteco Jimmy Morales y el hondureño Juan Orlando Hernández. Las certificaciones tendrían que haber estado listas en septiembre pasado, según confirmaron tres fuentes en el Congreso estadounidense.
Los avales de DOS son requisito previo al desembolso de los fondos que el Congreso de Estados Unidos aprobó para financiar la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que suman 655 millones de dólares para este año fiscal.
El retraso podría deberse a la burocracia del aparato de exteriores en Washington, o estar relacionado con que la administración de Donald Trump no ha dado prioridad al reacomodo de funcionarios en las oficinas que, en DOS, se ocupan de Centroamérica. “Puedes resumirlo diciendo que a nadie le importa demasiado en el Departamento de Estado”, dice una fuente legislativa en Washington relacionada con las discusiones sobre Centroamérica entre el Ejecutivo y el Legislativo estadounidenses, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado para hacerlo en público.
Pero al asunto puede ir más allá de un tema burocrático en un momento en que los tres países del Triángulo enfrentan cuestionamientos por casos que hablan sobre el incumplimiento a los compromisos de combate a la corrupción y al crimen organizado, así como de respeto a los derechos humanos exigidos por el congreso estadounidenses para desembolsar fondos de cooperación.
En marzo de 2015, los mandatarios del Triángulo Norte de Centroamérica se reunieron con el entonces vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden para hablar de la Alianza para la Prosperidad. Otto Pérez Molina (segundo de la derecha) era el presidente de Guatemala y fue anfitrión del encuentro. Hoy, Pérez Molina está preso por corrupción. Foto del Gobierno de Guatemala, tomada de Flickr con licencia Creative Commons.
“También puede (el atraso en la certificación) estar relacionado a discusiones sobre casos como el de Berta (Cáceres, en Honduras), los ataques a la CICIG (en Guatemala), o las ejecuciones sumarias (en El Salvador)”, aseguró un funcionario estadounidense que conoce las discusiones internas en la administración.
Las certificaciones de los tres países estaban previstas para septiembre. Sin embargo, hasta el viernes de la semana pasada, los avales no habían llegado al Congreso, según confirmó Factum con dos fuentes legislativas que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a discutir en público procedimientos internos; tampoco habían sido publicadas en el Registro Federal (el diario oficial en Estados Unidos).
Justo a finales de agosto, el presidente guatemalteco Jimmy Morales intentó expulsar del país al comisionado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El Ministerio Público y CICIG habían iniciado antes investigaciones por corrupción contra familiares y aliados políticos del presidente. Estados Unidos y Naciones Unidas condenaron la acción y Morales tuvo que dar marcha atrás.
En octubre, también el presidente hondureño Juan Orlando Hernández se encontró con el agua al cuello cuando un grupo de investigadores independientes concluyó que funcionarios de su gobierno y empleados de una hidroeléctrica habían participado o facilitado el asesinato de Berta Cáceres, una reconocida ambientalista en Honduras.
Las alarmas volvieron a encenderse en Washington, sobre todo en oficinas de congresistas que suelen poner atención a lo que pasa en Centroamérica y tienen voz en las decisiones sobre la asignación de fondos de cooperación. Tal es el caso de Patrick Leahy, demócrata de Vermont, que ha increpado varias veces a los gobiernos centroamericanos por lo que considera falta de compromisos en el combate a la corrupción y la impunidad.
El Salvador también generó preocupación, en específico por las acusaciones de que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén tolera grupos de exterminio incrustados en grupos élite de la Policía Nacional Civil.
También en septiembre, tras la publicación en Revista Factum de un reportaje que revelaba la existencia de escuadrones de la muerte en la PNC, en Washington arreció el debate sobre el compromiso de El Salvador en temas de derechos humanos. Una fuente del Departamento de Estado confirmó que el tema de las ejecuciones extrajudiciales está “sobre la mesa”. Otra fuente en la cámara de representantes aseguró que el canciller salvadoreño Hugo Martínez había recibido interrogantes al respecto en una visita realizada a Washington en octubre.
En San Salvador, sin embargo, la Cancillería niega que el tema haya sido objeto de conversación bilateral. “El tema de las posibles ejecuciones extrajudiciales no ha sido abordado en las reuniones con los funcionarios de la administración estadounidense”, contestó por vía oficial el Ministerio preguntas de Factum.
Sobre el atraso en las certificaciones del Departamento de Estado, la Cancillería salvadoreña dijo: “No acostumbramos pronunciarnos sobre los procesos internos de la administración del Gobierno de los Estados Unidos y hasta el momento no se ha informado sobre un retraso en este tema”.
El atraso en las certificaciones no significa, necesariamente, que los fondos de la Alianza para la Prosperidad sean retenidos, pero hablan, sí, de los pobres réditos del Triángulo Norte en materia de combate a la corrupción y la impunidad.
Proceso detenido
Cada seis meses, según lo establecido en la ley de operaciones en el extranjero y programas relacionados del senado, el Departamento de Estado debe publicar en el Registro Federal certificaciones de que los tres países han cumplido con 16 condiciones relacionadas con el combate a la corrupción, el fomento de la transparencia, el respeto a los derechos humanos y ejecución de medidas para minimizar la migración de nacionales a Estados Unidos para acceder al 75% de los fondos destinados por el Congreso a la región en el marco de la Alianza para la Prosperidad.
Certificación del Departamento de Estado de los esfuerzos de Honduras y El Salvador por detener los flujos migratorios a Estados Unidos, requisito para el desembolso de 25% de fondos destinados a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
Son dos certificaciones al año. La primera está relacionada al desembolso del 25% de los fondos y tiene que ver con el cumplimiento de medidas anti-migratorias, tales como: informar a los ciudadanos de los peligros de viajar indocumentados a los Estados Unidos, combatir el tráfico de personas, mejorar la seguridad fronteriza y colaborar con el gobierno estadounidense en las deportaciones de centroamericanos. Estas certificaciones ya fueron publicadas.
El desembolso del 75% del dinero está atado al cumplimiento de medidas tomadas por los gobiernos centroamericanos para socavar la migración de sus nacionales a los Estados Unidos. El resto de los fondos son aprobados sin condicionamientos.
La segunda certificación, sobre temas relacionados a la corrupción, ocurre si el Departamento de Estado considera que Guatemala, Honduras y El Salvador han cumplido, entre otras, con estas condiciones: “combatir la corrupción, incluyendo investigaciones y persecuciones penales de funcionarios de gobierno de quienes se alegue han cometido actos de corrupción; implementar reformas para mejorar la transparencia; contrarrestar la actividad criminal de pandillas, traficantes de droga y crimen organizado; investigar y acusar penalmente a militares policías señalados por violaciones a los derechos humanos; colaborar con las comisiones contra la impunidad”. Estos son los avales que siguen pendientes.
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