Estados Unidos simpatiza con una CICIG centroamericana

En 2010, el entonces presidente de El Salvador, Mauricio Funes, propuso ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, la creación de una comisión internacional para investigar el crimen organizado a partir del modelo de la CICIG en Guatemala. Hubo pláticas, borradores, incluso ofertas de cooperación, pero, al final, el presidente se desentendió. Hoy el modelo CICIG vuelve a estar en la agenda centroamericana, en el marco de las pláticas de alto nivel entre Washington y el Triángulo Norte para ejecutar el plan Alianza para la Prosperidad.

Joseph Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, trata de delimitar con los mandatarios centroamericanos los compromisos concretos que cada país asumirá para atraer más dinero con el que financiar la Alianza para la Prosperidad, el plan regional encaminado a atacar las condiciones de estancamiento económico y violencia que, junto a otros factores, empujan la migración de miles de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños hacia el norte.

“Se trata de determinar qué pasos concretos tomará cada uno para encaminar las reformas que son necesarias para crear condiciones que atraigan más apoyo de la comunidad internacional a este plan”, dijeron el viernes 27 de febrero funcionarios de alto nivel de la administración Obama durante una llamada telefónica con corresponsales.

Una de las frases que Biden y su staff han utilizado al hablar de lo que esperan de los gobiernos centroamericanos es “voluntad política” para hacer cambios.

En Washington, sin embargo, hay dudas de que las administraciones de José Orlando Hernández, en Honduras; Salvador Sánchez Cerén, en El Salvador; y Otto Pérez Molina, en Guatemala, sean capaces por sí solos de empujar esas reformas.

Ya la semana pasada el senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont, y uno de los que más de cerca sigue a la región, se mostró escéptico de que los mil millones de dólares que ha pedido la administración Obama para financiar la Alianza por la Prosperidad arrojen resultados positivos para Centro América.

“Por décadas hemos dado billones de dólares a (países dominados por) oligarquías corruptas, guerras civiles y escuadrones de la muerte… (En estos países) persiste el crimen organizado y una corrupción profundamente enraizada y extendida”, dijo el Senador durante una audiencia el 24 de febrero pasado en Capitol Hill, en la que el Secretario de Estado de Obama, John Kerry, defendió el plan de ayuda contemplado en la Alianza por la Prosperidad, aunque con matices: “Vamos a gestionar esa ayuda de forma cuidadosa” para garantizar su gasto adecuado, dijo el funcionario.

Senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont. Foto tomada de sitio web oficial del Senado de los Estados Unidos.

El senador Leahy, cabe señalar, ha sido uno de los congresistas en Washington que más ha apoyado esfuerzos de reformas policiales, depuración institucional y de transparencia en la región. En septiembre de 2013, el senador puso reparos al financiamiento de un segundo compacto de la Cuenta del Milenio (Fomilenio) para El Salvador por dudas que tenía respecto al compromiso de la administración de Mauricio Funes con la transparencia y el combate al lavado de dinero.

Hoy, en el marco de la Alianza por la Prosperidad, Washington vuelve sobre las mismas dudas sobre la corrupción y la capacidad institucional de los países del Triángulo Norte. En privado, según han confirmado a Factum un funcionario de la administración Obama y dos miembros de organismos privados cercanos a las discusiones, la posibilidad de una comisión internacional de combate a la corrupción y la impunidad, que siga las línea de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha vuelto a cobrar fuerza.

 “La Alianza por la Prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica tiene cuatro líneas de acción: dinamizar a los sectores productivos locales, inversión en capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y fortalecer las instituciones del estado para aumentar la confianza de los ciudadanos”

“Un modelo que se debería estudiar”

El viernes 27 de febrero, dos funcionarios de alto nivel de la administración Obama reconocieron que la Casa Blanca ve a la CICIG como un modelo exitoso que empujó cambios en Guatemala. En una llamada off the record, dos de los asesores más cercanos de Biden en este tema, que viajaron con él a Guatemala a la segunda reunión de alto nivel entre el vicepresidente estadounidense y los tres presidentes centroamericanos, expresaron su aval a la CICIG, pero matizaron diciendo que corresponde a cada país determinar cuál es la política pública más conveniente para empujar los cambios necesarios.

“Hemos apoyado todos los esfuerzos contra la impunidad. CICIG ha funcionado y ha tenido un papel en Guatemala… Ha sido un esfuerzo de la sociedad civil y el gobierno que ha sido muy importante, pero son los países los que tendrán que decidir por sí mismos; nosotros creemos que es algo que se debería de estudiar, ya sea ese o un instrumento similar”, dijo uno de los funcionarios a una pregunta realizada por Factum en esa llamada.

Hasta ahora, la relación del gobierno de Otto Pérez Molina con la CICIG ha sido, cuando menos, distante. El año pasado el presidente anunció que el mandato de la Comisión no sería renovado, pero ante múltiples protestas en su país y presiones desde Washington, Pérez Molina ha suavizado su discurso, sin comprometerse a dar continuidad a la comisión.

En El Salvador, la administración Funes inició una gestión internacional silenciosa en 2010 para explorar, ante la ONU y la Casa Blanca, la posibilidad de establecer una comisión similar en ese país. De entrada, la oposición del entonces fiscal general, Romeo Barahona, fue rotunda. Al final, Funes abandonó la iniciativa.

En Washington, no solo la administración valida el modelo CICIG como un mecanismo capaz de confrontar la impunidad y la debilidad institucional en la región.

“Ha jugado un papel central en promover importantes reformas del sistema de justicia guatemalteco para equiparlo con instrumentos modernos y eficaces para combatir las redes criminales y de corrupción, y en la depuración de las instituciones, incluyendo la remoción de 1,700 agentes de la PNC”, dice Adriana Beltrán de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, en inglés), quien siguió de cerca las negociaciones para la creación de la Comisión.

El modelo Guatemala

La CICIG debe buena parte de su existencia a la presión que Washington ejerció a los gobiernos guatemaltecos de Óscar Berger y Álvaro Colom, coinciden tres personas que estuvieron directamente relacionadas con el cabildeo para convencer a las élites del país centroamericano de que era necesaria la independencia de un ente internacional capaz de hacer lo que las instituciones guatemaltecas, por desgaste, complicidad con el crimen o simple incapacidad, no podían: atacar la impunidad y la penetración del crimen organizado en todos los niveles del Estado.

En corto, el modelo CICIG, o modelo Guatemala como empieza a llamársele en Washington, implicó que el Estado guatemalteco cediera a soberanía a un ente extranjero, esto es, que permitiera a investigadores no adscritos al Ministerio Público colaborar con pesquisas criminales y, sobre todo, a un comisionado extranjero asumir algunas funciones de fiscal general.

Al ojo de Washington, según se desprende de cables desclasificados durante el primer periodo presidencial de Barack Obama (2008-2012), la CICIG no era solo un modelo que había sido exitoso en Guatemala, sino también uno que podía ser replicado en Centroamérica.

El 2 y 3 de mayo de 2010, Arturo Valenzuela, entonces subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, se reunió en Guatemala con el presidente Álvaro Colom y el sector privado para hablar sobre los retos del país en materia de seguridad y sobre el modelo CICIG.

“Discutieron sobre la necesidad de cooperación regional en temas de seguridad y justicia… Valenzuela le preguntó a Colom sobre la posibilidad de extender el modelo CICIG en otros países para desarrollar un grupo de expertos con experiencia en investigaciones y en procesar con éxito casos de alto perfil”, dice el cable R 071350Z (del que Factum tiene copia), en el que el entonces embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, informa a Washington sobre la visita del subsecretario Valenzuela.

Claudia Paz, exfiscal general de Guatemala, al recibir el Premio de Derechos Humanos WOLA 2014. Foto tomada del sitio de WOLA.

La atención internacional que Guatemala generó en 2007, tras la llegada de los carteles mexicanos de la droga y, sobre todo, del asesinato de tres diputados salvadoreños y su motorista a manos de policías y de las ejecuciones posteriores de estos oficiales en una cárcel de máxima seguridad, un movimiento anti-impunidad que, además de fortalecer la posición de CICIG, culminó con el nombramiento de la abogada Claudia Paz y Paz como fiscal general.

Paz y Paz ha sido reconocida como una de las fiscales más independientes de Guatemala: además de procesar a dos expresidentes, a exdirectores de la Policía, y de hacer reformas internas en el Ministerio Público, durante la gestión de esta funcionaria hubo un importante aumento en los índices de condenas por homicidios.

“Los esfuerzos de la CICIG también han sido fundamentales para lograr la remoción de funcionarios comprometidos o con vínculos con estructuras criminales o de corrupción; sus esfuerzos contribuyeron a la elección de Claudia Paz y Paz como fiscal general, lo cual trajo cambios importantes… (que) implicaron bajar los niveles de impunidad de homicidios de un 97% a un 70%” dice Beltrán, de WOLA.

En El Salvador, los índices de condena en el caso de los homicidios apenas suben del 4% y a pesar de múltiples denuncias públicas de corrupción y penetración del narcotráfico en la Policía y otros órganos de Estado, ningún miembro de alto rango de la PNC ha sido juzgado desde su fundación en 1992. Diputados relacionados con el narcotráfico y el tráfico de personas han sido elegidos y reelegidos. Y, el año pasado, el fiscal general Luis Martínez se negó a procesar por lavado de dinero a José Adán Salazar Umaña, un comerciante local al que la administración Obama ha designado como capo internacional del narcotráfico.

Esa discusión, la de las reformas necesarias para evitar que Guatemala regrese a las épocas previas a la CICIG, o que las instituciones de Honduras y El Salvador generen más confianza, está en la mesa de la Alianza por la Prosperidad. CICIG, dicen los estadounidenses, es un modelo viable.

 Lea aquí parte del primer capítulo del libro "Infiltrados", de Héctor Silva Ávalos, donde se narra cómo se frustró un intento por crear una versión salvadoreña de CICIG.