El presidente no habla de justicia por El Mozote

El discurso del presidente Salvador Sánchez Cerén durante su visita al caserío El Mozote obvió el proceso judicial en contra de los militares considerados autores intelectuales de la masacre cometida en esta zona en 1981. La operación militar que acabó con la vida de más de 900 personas y tiene como señalados a 18 militares, aún espera justicia y reconocimiento. Los representantes de la sociedad civil del lugar, las organizaciones que siguen el caso y la PDDH critican la falta de acción por parte del presidente para exigir una respuesta del Ministerio de la Defensa, y facilitar así la investigación judicial.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

El parque central del caserío El Mozote está irreconocible. El acceso está cercado por vallas negras, hay controles de seguridad, toldos blancos de todos los tamaños y al centro un escenario impecable, imponente. Apenas se alcanza a distinguir la iglesia ni las pequeñas casas que rodean el lugar. Al costado izquierdo queda el memorial de las víctimas de este caserío, las placas con los nombres y la famosa representación de una familia, con forma de sombra, de una injusticia que permanece, aunque haya pasado hace casi cuatro décadas.

Pero hoy todo está inundado de un blanco brillante por la visita del presidente de la República, mientras cientos de asistentes lo esperan sentados en sillas de plástico o de pie, mientras los niños juegan y los que vienen de lejos compran recuerdos y artesanías en los puestos instalados para esta fecha. Es el 9 de diciembre de 2017, el día previo a la conmemoración de la masacre de El Mozote y cantones aledaños, ejecutada hace 36 años en esta zona montañosa del norte de Morazán.

El presidente Sánchez Cerén inaugura una calle de acceso al caserío, la unidad de salud comunitaria y su nueva ambulancia. Después ingresa a la zona del parque, el público aplaude y da comienzo al acto oficial. Intervienen funcionarios de su gobierno, hacen un recuento de los trabajos desarrollados por esta administración. Hablan las supervivientes de la masacre y representantes de víctimas. Un grupo local de jóvenes músicos entona una melodía en memoria de las personas asesinadas. Al final, habla el presidente y antes de empezar su discurso pronuncia un lema famoso del FMLN:

El Mozote – clama el presidente

¡Nunca más! – responden a gritos decenas de personas entre el público

El Mozote – vuelve a clamar el presidente

¡Nunca más! – le vuelven a responder los asistentes.

Comienza el discurso presidencial. Es predecible, no menciona nada que tome por sorpresa la atención del público o los periodistas que han llegado a cubrir el acto.

Sánchez Cerén repitió sobre todo estas palabras: víctimas, memoria, El Mozote, Gobierno, proceso, medidas, mujer, salud, Estado, reparación… Cero menciones a la justicia y a la Fuerza Armada. Ningún comentario sobre el proceso judicial reabierto desde septiembre de 2016, tras ser derogada la Ley de Amnistía. Ninguna referencia sobre el caso por el cual están siendo acusados 18 militares, considerados los autores intelectuales de la masacre por la Fiscalía General de la República y Tutela Legal, la ONG que históricamente ha investigado la masacre y ha acompañado a los supervivientes.

Nube de las palabras más pronunciadas por el presidente Sánchez Cerén en su discuros en el caserío El Mozote.

Al caserío El Mozote han llegado hoy numerosos funcionarios, titulares de ministerios, diputados y alcaldes. Pero el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, no ha estado presente.  El Ministerio de la Defensa tiene un papel protagónico en el proceso judicial: es la autoridad que resguarda los archivos militares, incluyendo los de la época de la guerra. Los acusadores particulares del caso han pedido en numerosas ocasiones que el ministerio entregue la información sobre las órdenes militares y el plan operativo “Yunque y Martillo” que torturó y asesinó a más de 900 personas en diciembre de 1981. Pero el ministerio ya respondió: esa información no existe.

El ministerio de Defensa es una dependencia del órgano ejecutivo. La máxima autoridad del ejecutivo es el presidente Sánchez Cerén, excomandante guerrillero, quien también es, por mandato constitucional, el comandante general de la Fuerza Armada. Pero la respuesta a la petición de información al ministerio, realizada a través del juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera que lleva este caso, insiste: la información no existe.

“Son temas de la iniciativa del poder judicial del país, y en una sociedad democrática corresponde colaborar como hemos hecho siempre. El tema de la justicia es muy relevante, siempre podrán contar con la cooperación del gobierno central y en todo lo que demande”, dijo el secretario de la presidencia, Eugenio Chicas, al finalizar el acto oficial a pregunta de Factum.

Revista Factum: ¿Y por qué no le piden al general Munguía Payés que entregue la información?

Secretario Chicas:  Somos respetuosos del sistema judicial, y es el sistema judicial el que tiene iniciativa en este tipo de casos, como en todos los de orden judicial. Y en todos los casos el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén ha dado órdenes expresas de colaborar y cooperar.

La negatoria de la información no es reciente, ya está consignada desde el informe de la Comisión de la Verdad, de 1993. Entonces, el ministro de turno dijo exactamente lo mismo: la información no existe. Aunque el secretario Chicas manifieste este apoyo al proceso por parte del presidente, la respuesta es insuficiente para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

“La procuradora ha sido contundente, al menos en tres pronunciamientos, ve que el no brindar estos archivos favorece la impunidad y que incluso podría acarrear responsabilidad por obstrucción de justicia. La procuradora hace un respetuoso, pero vehemente llamado para que se ordene la búsqueda de los archivos y la entrega a los jueces y fiscales y quienes están llevando las investigaciones. Toda esa información es de las víctimas”, dijo Carlos Rodríguez, procurador de derechos civiles e individuales de la PDDH, presente en el acto conmemorativo.

Tutela Legal es la ONG que ha investigado el caso de la masacre de El Mozote desde el inicio y quien ejerce la acusación particular dentro del proceso judicial que se sigue en el juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán. Para el abogado Wilfredo Medrano, de Tutela Legal, la denegatoria de información no se sostiene.

Además de conocer los detalles de la operación “Yunque y Martillo” que acabó con las vidas de casi un millar de personas, Fiscalía ha solicitado datos sobre el tipo de armas que se usaron durante esos días. El ministro Munguía Payés respondió – según las declaraciones de Medrano a Revista Factum – denegando esa información por considerarla inexistente: “Es falso porque ellos llevan un registro de las compras que hacen, inclusive de las donaciones de armas que reciben de Estados Unidos. Estamos seguros que la procedencia es de Estados Unidos, así lo establecen varias balísticas que hemos realizado”

Para Medrano, el gobierno sí puede y debe interceder para lograr esa información de los archivos de la Fuerza Armada.

La operación militar “Yunque y Martillo” afectó a 1,658 familiares de las víctimas, los supervivientes, y a 978 ejecutados. Estos son los datos del censo de víctimas finalizado recientemente por el gobierno en cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según publicó El Faro.

Sin embargo, el censo no es competo, algo que el mismo gobierno reconoce y las comunidades afectadas no han dejado de denunciar, junto a la necesidad de hacer justicia. El padre Rogelio Poncel, párroco de Perquín, lo recordó momentos antes de bendecir la nueva unidad de salud construida en El Mozote bajo la administración de Sánchez Cerén. Y al lado del presidente.

“Cuatro cosas fundamentales que estamos mencionando sin hacer alusión al tema tan delicado de la justicia. Este hecho tan cruel demanda también justicia. Aquí no estamos exigiendo al presidente a que haga todo esto, no estamos exigiendo nada. Estamos manifestando lo que la población siente y pensando que podría ser bueno para que el presidente pueda interponer sus buenos servicios, para que estas cosas todavía puedan realizarse: casas para los adultos mayores, ampliar el número de indemnizados, construcción de una escuela adaptada a las exigencias actuales y el proyecto de educación con becas”, dijo el sacerdote.

Las medidas de reparación de la CIDH para las víctimas y sobrevivientes de la masacre, emitidas en 2012, también establecen la “obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, así como localizar, identificar y entregar a sus familiares los restos de las víctimas de las masacres”.

El plazo para cumplir la demanda de la CIDH acabó este 9 de diciembre de 2017. El gobierno, según el secretario técnico de la presidencia Roberto Lorenzana, en su discurso ante los habitantes de El Mozote, ha cumplido un 70% de las medidas. El acceso a la justicia es una de las deudas.

Las últimas palabras del discurso el presidente se refirieron al compromiso con la población para cumplir con todas las medidas: los 17 compromisos originales con la CIDH que debían ser cumplidos en un plazo máximo de cinco años, y otros 14 asumidos como Estado.

“Tenemos el compromiso y la voluntad de cumplir cada una de las medidas, y vamos a acompañar a todas las comunidades en la construcción de más y mejores oportunidades para una vida digna”.