Daniel Alemán fue detenido el pasado 10 de enero en la cancha de la Residencial Altavista de Tonacatepeque, en presencia de más de 30 personas. Sin embargo, la Policía señala que lo detuvo en el parqueo de un pasaje, un lugar solitario. Su familia y grupos de activistas denuncian que es un caso más de la criminalización a la que están sometidos los jóvenes salvadoreños, especialmente desde el inicio de las medidas extraordinarias que impulsa el gobierno.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
La Altavista es una residencial gigantesca. Más de 17,000 casas, la mayoría de 27 metros de construcción, apiñadas en una zona sobrepoblada que se extiende por tres municipios de San Salvador: San Martín, Ilopango y Tonacatepeque. Daniel Alemán vive en Altavista, en el trozo que le corresponde a Ilopango. Ahí, donde juega fútbol todas las tardes, la policía le puso unas esposas para cambiarle la vida.
Altavista es zona disputada por las pandillas. El proyecto habitacional del grupo Roble, construido a principios de los 90, que se vendió como una zona con escuela y atención hospitalaria cercana para dar vivienda a personas de escasos recursos tras finalizar el conflicto armado, se ha convertido hoy en un lugar peligroso y con problemas de abastecimiento de servicios básicos.
Los registros y cateos de los policías de la subdelegación de Altavista son cotidianos, según los amigos y familiares de Daniel. Las pandillas también están al acecho y entre ambos bandos, agentes y pandilleros, la población trata de escabullirse y pasar inadvertida para poder seguir con su vida. Esta es la realidad de cientos de miles de habitantes de las colonias populosas de las grandes ciudades o de las aisladas zonas rurales de El Salvador: vivir bajo esa represión bilateral que castiga, sobre todo, a los más jóvenes.
La tarde del 10 de enero de 2017, Marcos llegó a casa de Daniel para avisarle que ya se iba para la cancha del polideportivo de Altavista, ubicado en el sector de la residencial que le corresponde a Tonacatepeque. Daniel, de 21 años, ya había terminado sus labores diarias en la panadería de su madre y estaba listo para salir. A esa cancha los jóvenes llegan para “jugar apostando”. El equipo que pierde el partido de fútbol paga la soda a los ganadores.
Ese martes, el partido empezó con normalidad. En la zona había bastantes personas haciendo deporte a esa hora. Según dos testigos, consultados en ocasiones diferentes por Revista Factum, al momento de la detención había, por lo menos, 30 personas en el lugar.
“Como a los 40 minutos llegaron unos 10 policías, estuvieron quizás unos 10 minutos observando el partido. Nosotros lo tomamos como normal: presencia policial, no hay ningún problema. Cuando de repente un policía bajó las gradas y agarró a tres sujetos, entre ellos Daniel. Los revisó a todos y no les encontró nada, no les golpeó ni nada. Dejó de último a Daniel. Se quedó como pensando si se lo llevaba o no, porque no lo soltaba; cuando de repente, sin mediar palabra, sacó las esposas. Daniel le preguntó que por qué lo esposaba, él no le contestó nada, solo le dio la vuelta y subió las gradas, lo subieron a la patrulla y se lo llevaron”, relata Marcos. “Eso fue como entre las 5:00 y las 5:30 de la tarde”.
Daniel fue detenido por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico. Pero, según consta en el requerimiento fiscal, la captura tuvo lugar en “el interior del parqueo ubicado entre el block ‘G’ y block ‘H’ frente al pasaje 6 de la residencial Altavista del municipio de Ilopango”. Los testigos, que estaban a escasos metros de Daniel al momento de la captura, recuerdan algo completamente distinto: fue en el polideportivo, a la vista de 30 personas, y no en un parqueo.
En el requerimiento también se indica que la captura tuvo lugar cuando Daniel Alberto Avilés Alemán (su nombre completo) trató de darse a la fuga tras advertir la presencia policial. Inmediatamente, según la acusación, uno de los agentes le hizo el registro y le encontró “a la altura de la cintura, entre el suéter que vestía, una bolsa de plástico de color negro en el que contiene una porción grande de material vegetal compactada”. Según los dos testigos consultados por esta revista, a Daniel no le encontraron nada al momento de detenerlo. Había, de nuevo, más de 30 personas en el lugar.
Desde el viernes 13 de enero y hasta la fecha, Tatiana Alemán, hermana mayor del joven, no ha parado de difundir la captura por redes sociales como un caso de detención arbitraria. Su familia y amigos dicen que es un joven tranquilo que sueña con ser chef y a quien le gusta, sobre todo, jugar Play Station y fútbol.
Un reporte de prensa de la Policía Nacional Civil (PNC), publicado hasta cinco días después de la captura, el 15 de enero, informaba que al joven Daniel Alberto Avilés Alemán, alias “Queco”, acusado por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, se le había incautado “aproximadamente una libra de marihuana con un valor comercial de $517.56”. El boletín policial también decía que Avilés Alemán “presuntamente pertenece a grupos delictivos que operan en la zona, al mismo tiempo que está siendo investigado por la División Antiextorsiones”.
El señalamiento por pertenecer a pandillas también se menciona en el requerimiento sin mayor argumentación; solo dice que es “miembro activo de los grupos terroristas autodenominados maras o pandillas”. Pese a lo escrito en el requerimiento fiscal, en el Juzgado de Paz de Ilopango no hay documentación alguna que demuestre que el joven esté siendo investigado por extorsión como se dio a conocer masivamente en el comunicado policial.
La familia ya ha acudido a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para denunciar el caso. Les preocupa el estado de salud de Daniel porque padece de desnutrición crónica desde que nació. Por esta situación escribieron una carta a la procuradora Raquel Caballero, quien envió a un procurador auxiliar a las bartolinas de la PNC en Zacamil, donde se verificaron las condiciones de internamiento del joven.
La PNC es la institución pública que recibe más denuncias ante la PDDH, acumulando entre el 40 y 60 % de registros por año. Solo entre 2015 y 2016 se contaron 1,123 denuncias contra la policía, según el informe Inseguridad y Violencia en El Salvador del Observatorio de DD.HH. Rufina Amaya, del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
Meira Alemán, la madre de Daniel, cree que la captura del joven puede ser en represalia por lo que sucedió un día antes, la noche del 9 de enero. Daniel, recuerda su madre, iba a comprar a una tienda. Los vecinos avisaron que el joven estaba siendo registrado por un policía –según las versiones, el mismo que lo detuvo al día siguiente en la cancha- por lo que Meira, junto a su hija Tatiana, decidieron llegar al lugar. Su madre le había advertido que ya era tarde para andar por la zona, y que mejor no saliera.
Dice Meira: “Eran como las siete de la noche. Me dijo el policía que lo tenía detenido: ‘hágase a un lado’. Llegó Tatiana también, las dos lo estábamos esperando. Lo revisaron y me lo dio. Yo lo abracé y le di una palmada. Y le dije: ‘ya ves, muchachito, vámonos para la casa’. Entonces el policía vio que yo le pegué en la espalda, y me gritó: ‘¡verguéelo bien porque si no yo se lo voy a verguear!’ Entonces yo me di la vuelta y le dije: ‘la única que lo puede verguear soy yo, porque yo lo parí. Su trabajo es investigar, nada más’. Y eso fue todo, ya el día martes como que exclusivamente llegaba a traerlo”.
Meira y Tatiana Alemán sostienen el cartel de la campaña “Los siempre sospechosos de todo”, inspirada en el caso de Daniel.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Las otras consecuencias de las medidas extraordinarias
Desde abril de 2016, el gobierno ha implementado, de manera oficial, una serie de acciones bajo el título de “medidas extraordinarias de seguridad”. El decreto ejecutivo que permitió restringir las visitas a centros penales, intensificar acciones de represión y control en zonas peligrosas, así como endurecer penas, fue prorrogado en febrero de este año, por la Asamblea Legislativa, para su vigencia hasta abril de 2018.
Según las autoridades, con estas medidas se ha logrado reducir los homicidios y detener la comisión de delitos. Y aunque para algunas comunidades muy afectadas por la violencia, el ingreso de militares y policías que actúan de forma estratégica y sigilosa ha supuesto una reducción de los homicidios y la inseguridad; para otros sectores, como el de la población juvenil, ha significado el aumento de la represión.
El juez tercero de sentencia de San Salvador, Antonio Durán, ha observado recientemente que los casos de hombres detenidos por posesión y tenencia han aumentado desde la aplicación de las medidas extraordinarias de seguridad. Según él es “sumamente difícil para las personas probar su inocencia ante la prueba presentada por la Fiscalía”. Por esta razón, el juez incluso duda de muchos casos: no sabe si, por ejemplo, la droga puede haber sido plantada por la policía al momento de las detenciones.
“Han incrementado los casos de posesión y tenencia en el caso de hombres, por esto de las medidas de seguridad. Al final como no hay prueba que controvierta, uno se queda pensando… ¿le pusieron la droga a esta persona o qué? Pero como el libreto viene así un tanto artificioso, pero como el otro no dice nada. Han aumentado las detenciones de personas por posesión y tenencia en general en la calle, que han visto a alguien y llevaba droga. Entonces uno de dos, en realidad la gente corre el riesgo de andar droga en la calle o es una manera de sacarlos de circulación, porque aquí no dicen nada, no declaran”, dice el juez Durán en entrevista con Factum.
Solo en enero pasado, la Policía reportó la captura de 230 personas por el delito de posesión y tenencia, entre ellas la de Daniel. La tendencia por este delito es al alza pues entre 2013 y 2016, las capturas han aumentado un 32.4 %, según las cifras brindadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la PNC.
De las 10,109 personas detenidas por posesión y tenencia de drogas entre enero de 2013 y enero de 2017, el 75.7 % tenía entre 15 y 24 años de edad.
Los registros de la División Antinarcóticos de la PNC indican que en promedio se detienen a 206 personas al mes por este ilícito, es decir, siete al día; y en el 97 % de los casos, los detenidos son hombres, hombres jóvenes. Como Daniel.
Registros desde enero de 2013 a enero de 2017.
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Una defensora pública, consultada por Factum, señala que entre los delitos donde se dan más impunidad y detenciones arbitrarias suelen ser los vinculados a la extorsión y los de posesión y tenencia con fines de tráfico. Según su experiencia, es frecuente que los usuarios a los que ha defendido le confiesen que ellos no tenían nada que ver, que otras personas les metieron la droga entre sus pertenencias. Y aunque la duda siempre queda, dice que es bien difícil poder demostrar lo contrario cuando se está enfrentando a una autoridad.
Según la versión que Daniel transmitió a sus abogados, cuando fue remitido a las bartolinas de Ilopango, los mismos agentes le entregaron el paquete con la droga, de aproximadamente 20 centímetros de largo, y le dijeron: “esto es tuyo”.
Ser joven en El Salvador
A partir del relato de la familia y las amistades de Daniel, Luis Felipe Sánchez, abogado de la familia, considera que se trata de un caso de “persecución lastimosamente institucionalizada y de tipo sistemática en contra de la juventud que reside en zonas vulnerables con presencia de grupos de pandillas. Creo que la juventud no tiene las posibilidades de sustraerse de las zonas de riesgo por la misma carencia de recursos”.
Aunque Daniel no tiene antecedentes penales de ningún tipo, la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas no permite aplicar medidas sustitutivas de la detención, según establece el artículo 331 del Código Procesal Penal. Por lo que Daniel tendrá que permanecer detenido mientras se espera que un tribunal determine la próxima fecha para la audiencia preliminar.
Organizaciones como el Servicio Social Pasionista, Fespad, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y Azul Originario han denunciado el aumento injustificado de la represión policial y militar y las detenciones arbitrarias que estigmatizan a la población joven de El Salvador
Los casos de Wendy Morales, trabajadora social y activista, sobreseída por un caso de extorsión realizado a través del servicio Tigo Money; Miguel Ángel Deras, imputado injustamente por la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico, sobreseído recientemente, y cuyo caso se dio a conocer a través de El Faro; así como la historia de Daniel Alemán, están saliendo a la luz como estandartes de la denuncia contra la persecución hacia los jóvenes por el simple hecho de serlo.
Según Wendy, a raíz del movimiento que surgió en su defensa se creó una página en Facebook “Justicia para Wendy”, donde han recibido hasta 200 denuncias de personas cuyos familiares dicen haber sido detenidos de manera injustificada.
Dice Wendy: “Creo que realmente tenemos una falsa percepción de seguridad y de control social, creemos que tener al montón de gente presa y llevársela detenida es limpiar y hacer un buen trabajo, porque estamos limpiando a estas lacras. Eso no va a disminuir la violencia, sino generar más. Personalmente creo que únicamente les interesa elevar cifras para aparentar un buen funcionamiento cuando realmente están haciendo detenciones arbitrarias”.
Estas organizaciones están convocando a encuentros para dar asesorías en derechos humanos a la población más vulnerable durante este mes. Saben que son pocos los casos que, como Wendy, Miguel Ángel y Daniel, logran la atención y el apoyo de la población para que se haga justicia.
En febrero lanzaron la campaña “Los siempre sospechosos de todo”, para dar visibilidad al caso de Daniel. La artista María Luisa Saenz Jaramillo, más conocida como Malu, diseñó un cartel de libre distribución, junto con un grupo de artistas como Crack Rodríguez, Ekin Nopsy, Malatinta y Wendy Morales, entre otros. Todos ellos se han unido para denunciar el caso de Daniel a través de diversas acciones artísticas.
Meira Alemán dice que, a partir del caso de su hijo, ha comenzado a conocer los de otras personas detenidas irregularmente. De manera personal ha comenzado a animar a los familiares para que denuncien y conozcan cuáles son sus derechos. Espera que, “así como Daniel, todos los casos ocultos tengan rostro”.
La salvadoreña Meira Alemán denuncia, en una entrevista con Factum, que su hijo Daniel fue detenido por la Policía Nacional Civil en la colonia Altavista, Ilopango, y les acusa de haberle plantado drogas para retenerlo. Alemán busca ayuda para poder liberar a su hijo.Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Mientras este joven permanece detenido y sus planes personales en suspenso, en barrios y colonias como Altavista la rutina para muchos jóvenes es vivir bajo el hostigamiento de las autoridades.
“Nos dicen – los policías- que les digamos donde están los bichos (pandilleros) como si uno sabe, o que les digamos donde venden la droga, como que si uno sabe. O que les digamos a dónde se mantienen, como si uno sabe. Cosas que quizás a ellos (pandilleros) les tienen que decir pero nos las preguntan a nosotros pensando que se las vamos a decir. Y entonces como uno viene y dice que no sabe nada, tal vez le pegan a uno”, dice Marcos, el amigo y vecino de Daniel. “Y uno, ¿cómo va a hablar? Si ahí vive y convive…”
*Marcos es nombre ficticio. Se usó de esta manera para proteger a la fuente.
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