El anteproyecto de ley de Educación en Afectividad y Sexualidad Responsable fue rechazado para consideración por la Asamblea Legislativa porque ningún partido político, o sus líderes, tuvieron la valentía de apoyarlo. Tampoco ningún partido político o sus líderes tienen visión de país en el tema o la visión de una nueva generación que tiene valores diferentes a los tradicionales. Si tuvieran esas visiones serían capaces de ver por encima de los costos políticos inmediatos y entender que lo que le conviene al país es una ley similar a la propuesta. Pero los políticos no tienen esa apertura y, por miedo a esos valores y poderes tradicionales, la Asamblea envió el anteproyecto a descansar por seis meses. Que luego esos líderes y partidos políticos no nos vengan con la historia de que “son el cambio”.
Los costos de seguir sin acceso a una educación sexual comprensiva en el pais, como lo piden la mayoría de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, entre otras, las expone claramente Claudia Cristiani en su artículo del 10 de julio, en El Diario de Hoy. Esta columna quiere explicar que la educación sexual comprensiva (ESC) busca empoderar a los jóvenes, especialmente a las mujeres, para proteger su propia salud, y no enseñar el Kamasutra.
Como respuesta a la necesidad de información y aumentar la capacidad de los jóvenes para proteger su salud reproductiva y sexual, la comunidad internacional y muchos países han aportado una serie de medidas y lineamientos que guían la educación sexual. En esos lineamientos se señala que la educación debe empezar lo más temprano posible: se debe impartir en las escuelas y comunidades, y debe ser apropiada a grupos de acuerdo a edades. La educación sexual complementa, no sustituye, la que den los padres. Es necesaria la intervención del Estado para garantizar una educación comprensiva, complementando la educación familiar, especialmente en las adolescentes y las poblaciones de menores recursos, y para atender a ese 60% de las familias salvadoreñas que no son nucleares, y reducir esos más de 11 mil embarazos anuales no deseados de niñas menores de 17 años.
Esa educación debe explicar algo que es natural en nuestro desarrollo humano, nuestra sexualidad. Para ser comprensiva y tomando en cuenta las condiciones de pobreza y educación de nuestro país, esa educación debe buscar específicamente disminuir la inequidad de genero, educar a los jóvenes sobre las formas de proteger su salud reproductiva y sexual, las relaciones de género, cómo protegerse de enfermedades trasmitidas sexualmente y de embarazos no deseados, incluyendo abuso sexual, el machismo y violencia intrafamiliar.
La ESC debe buscar explícitamente empoderar a los jóvenes, especialmente a las mujeres y las poblaciones marginadas, para que se vean como miembros iguales en sus relaciones, capaces de proteger su propia salud, y sujetos capaces de participar en su sociedad. Pues como lo dice la ley recientemente aprobada en el Ecuador “el derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de decidir de manera libre, responsable, e informada procrear o no, cuando y con que frecuencia, es un derecho que corresponde ejercer directamente a las y los adolescentes, como sujetos plenos de derechos y en virtud del principio de autonomía”.
Los datos internacionales demuestran que la ESC tiene efectos positivos en los adolescentes, que no aumenta la actividad sexual, y que los programas que promueven solo la abstinencia no tienen ningún retraso en la edad de la iniciación sexual. Dado todo lo anterior es de esperar que los diputados, partidos políticos y candidatos cambien su actitud ante la educación sexual comprensiva y que la sociedad civil, especialmente los jóvenes, reclame a sus candidatos una mejor definición en el tema.
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