Organizaciones de abogados están impulsando cambios en el sistema electoral de El Salvador para la asignación de diputados en la Asamblea Legislativa. Cada cual tiene su propuesta, aunque hay un fin -aún lejano- en común: que cada diputado responda a los intereses de la porción de población que lo elija, sin importar su partido político. La readecuación de los distritos electorales es fundamental para ese propósito. Mientras tanto, los partidos políticos en la Asamblea, con excepción de tres diputados, permanecen sordos ante estas propuestas y la Sala de lo Constitucional analiza si la actual conformación de 14 distritos electorales (uno por departamento) camina a la par de un sistema igualitario y representativo.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
La forma en que los salvadoreños eligen a sus diputados es desproporcional: un diputado por el departamento de Chalatenango no se elige con el mismo número ni la misma proporción de votos con que se elige a un diputado por La Libertad.
La afectación política de esta desigualdad no es poca. Tener diputadas y diputados que cuestan más votos que otros genera menos representatividad para los votantes -porque en algunos distritos tienen que acumular más votos para elegir a quienes ellos quieren que los gobiernen- y menos oportunidades para que un partido político pequeño y sus seguidores compitan en las mismas condiciones que los partidos con más simpatizantes.
La fórmula actual es fácil: las circunscripciones o distritos electorales corresponden a cada departamento del país, es decir, son catorce. Estas catorce circunscripciones no tienen el mismo número de votantes, porque cada departamento tiene cantidades distintas de población. Desde allí empieza la desproporcionalidad.
La organización Acción Ciudadana y un grupo de abogados en representación de otras asociaciones han buscado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la misma Asamblea Legislativa para motivar una nueva recomposición de los distritos o circunscripciones electorales, de modo que se garantice que la población pueda acercarse más a sus elegidos en la Asamblea.
Estas organizaciones creen que en el nuevo mapa electoral los distritos ya no deben distribuirse de forma simple por cada departamento, pues de allí proviene precisamente la desproporcionalidad.
Acción Ciudadana incluso ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad en la CSJ para revertir el orden actual de los distritos para la elección de diputados. Mientras está a la espera de la resolución que vaya a dar la Sala de lo Constitucional de la CSJ, esta organización, representada por el abogado Eduardo Escobar, tiene preparada una propuesta de cómo deben organizarse los nuevos distritos.
“En la circunscripción 1 tiene que haber una cantidad equis de votantes que tiene que ser la misma que en la circunscripción 2 y en todas las circunscripciones. La magnitud poblacional de las circunscripciones en el país debe ser la misma, es decir, la misma cantidad de personas. Otro elemento que va a derivar de allí también es que el número de diputados que se vaya a elegir tiene que ser el mismo en cada circunscripción”, comentó Escobar a Revista Factum.
La intención de Acción Ciudadana trasciende las fronteras de los actuales distritos electorales, que son los departamentos. Escobar habla de diecisiete distritos en el país y toma de base numérica el censo poblacional de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) de 2007. Ese censo dice que en El Salvador hay 5,744,113 habitantes. Escobar divide entre ochenta y cuatro diputados ese total y le resultan 68,382.3 habitantes por cada legislador.
Este abogado cree que es posible delimitar diecisiete nuevos distritos electorales: para dieciséis circunscripciones se podrían agrupar cinco diputaciones. Eso quiere decir que en cada uno de estos dieciséis distritos habría 341,911 personas. Y para la última circunscripción, cuatro diputaciones, por lo que en esta habría 273,529.2 habitantes. Todo esto, indica Escobar, significa que la delimitación departamental existente en el país sería sobrepasada.
Por ejemplo, Escobar dice que al departamento de Ahuachapán, con 319,503 habitantes según sus números, para crear uno de los dieciséis distritos con cinco diputaciones se le puede unir el municipio de Juayúa, en Sonsonate, con 24,465 habitantes.
En el departamento de San Salvador, continúa, solo se necesitarían tres municipios para crear otro distrito de cinco diputados: Soyapango (241,403 habitantes, según el censo), San Martín (72,758) y Santo Tomás (25,344). Incluso, si llegara a faltar una cantidad mínima para lograr un distrito, tampoco deja de lado la posibilidad de fraccionar los mismos municipios.
“Lo importante es que la cantidad de personas y el número de diputaciones sean constantes en cada circunscripción”, recuerda Escobar.
La propuesta de Escobar no es formal. Antes está esperando la resolución de la Sala de lo Constitucional de la CSJ que va a aclarar si el mapa de circunscripciones actual para la elección de diputados (los 14 distritos equivalentes a los departamentos del país) es ilegal.
Un problema de números
En las últimas elecciones de diputados de 2015, las diferencias de proporcionalidad fueron claras. En San Salvador, el departamento con más habitantes en el país, se eligió a veinticuatro diputados. Los resultados quedaron en once diputados para el partido Arena, diez diputados para el partido Fmln, un diputado para Gana, uno para el PCN y otro para el PDC. La cantidad de votos válidos en este departamento fue de 621,084 y el cociente electoral fue de 25,879 votos.
El cociente electoral es el resultado de la división del total de votos válidos -para San Salvador fueron 621,084, sin tener en cuenta el reconteo que ordenó la Sala de lo Constitucional en ese departamento- entre el número de diputaciones disponibles en ese distrito electoral, es decir, veinticuatro. El cociente para San Salvador de 25,879 votos significó que a esa cantidad debían llegar los partidos políticos para obtener cada uno de los veinticuatro diputados.
En San Salvador, ese cociente electoral fue apenas un 4.16% del total de votos válidos. Pero esa suerte no la corrieron, por ejemplo, Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente, Morazán y La Unión, seis departamentos con los diputados más caros en votos de todo El Salvador.
En estos distritos electorales solo se elige a tres diputados. Por ello, para ganar un escaño, los votos en estos seis departamentos debían equivaler al 33.33%. Mucho más arriba que el 4.16% de San Salvador.
Y la desigualdad sigue: para tener una de las cuatro diputaciones de Ahuachapán, se debió tener un 25% de los votos válidos, el mismo porcentaje para ganar un escaño de los cuatro disponibles en el departamento de La Paz.
Para ganar una de las siete diputaciones de Santa Ana fue necesario tener un 14.28% de los votos. En Sonsonate, con seis escaños, cada uno se ganaba con 16.66% del total de votos, al igual que en San Miguel, que también tiene seis escaños. Y en La Libertad, con 10 curules disponibles, solo fue necesario ganar un 10% de los votos para tener un diputado.
Y cada una de las cinco diputaciones de Usulután se conseguía con obtener el 20% de los votos.
Desproporcionalidad. Por eso, al menos cinco organizaciones de abogados están pujando por que esto cambie a un sistema electoral igualitario.
Solo cuatro distritos y cincuenta diputados
El abogado Félix Ulloa, del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), y representantes de organizaciones sociales como Rómulo Rivas Blanco, Antonio Funes Araujo y Paul Steiner, llevaron en enero pasado a la Asamblea Legislativa una propuesta formal de modificación al Código Electoral para, primero, reducir la cantidad de distritos electorales de los actuales catorce a solo cuatro y, segundo, para disminuir el número de diputados de ochenta y cuatro a cincuenta.
Más allá de la reducción del número de diputados, la propuesta que está en espera de ser estudiada en la comisión de reformas electorales de la Asamblea Legislativa también señala el procedimiento para crear un nuevo mapa de distritos para la elección de parlamentarios.
En esta iniciativa se habla de solo cuatro distritos electorales que se crearían a la base de los departamentos, pero de una forma regional. El planteamiento entonces es de un distrito occidental, que juntaría a los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate, de donde saldrían 11 diputados.
El otro sería el distrito central, con los departamentos de Chalatenango, San Salvador, La Libertad y Cuscatlán, con 24 diputados. El distrito paracentral juntaría a La Paz, San Vicente y Cabañas y sería representado por cinco diputados. Y el distrito oriental lo compondrían Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión y allí se elegiría a 10 legisladores.
En la propuesta se les recuerda a los actuales diputados, que son los llamados a hacer este estudio para aprobarlo y reformar el Código Electoral, que la Sala de lo Constitucional, en una resolución de 2002, estableció que existen parámetros constitucionales que los legisladores deben atender para garantizar la democracia en el sistema electoral: “Debe existir una relación incontestable entre el número de escaños o cargos electivos y la población” y “el sistema electoral parlamentario debe fundamentarse en el principio de representación proporcional”. Esto último es lo que precisamente no sucede desde siempre.
“La importancia en definir el tamaño de las circunscripciones electorales, además de su importancia dentro de la cartografía electoral, es porque mediante el mismo se puede afectar positiva o negativamente el carácter igualitario del sufragio”, dicen los representantes de las organizaciones en la propuesta.
Quienes tienen la facultad de legislar para crear un nuevo mapa electoral para diputados son los diputados mismos. Hasta el momento, no ha habido mayores avances en las discusiones.
Incluso, la comisión recibió a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral el pasado martes 31 de enero para discutir si en las papeletas para diputados (de las 14 circunscripciones actuales) debían ir o no las fotografías de los candidatos a diputados suplentes al lado de los candidatos a diputados propietarios.
Los parlamentarios no han atendido la propuesta de las organizaciones; sin embargo, sí le dieron la bienvenida a tres diputados: Juan Valiente, del partido Arena; Cristina López, del PCN; y Rodolfo Parker, del PDC. De los tres, solo López pertenece a la comisión de reformas electorales, pero no es presidenta ni secretaria ni relatora de la comisión.
El diputado Valiente, mientras tanto, ha hecho una propuesta sobre reducción de diputados suplentes. La de él consiste en que en cada departamento los partidos políticos, con ganar al menos un diputado, solo puedan obtener como máximo un diputado suplente. Al igual que las otras propuestas, la iniciativa no está teniendo eco en la comisión de reformas electorales.
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El objetivo último de estas organizaciones es que exista una mayor representatividad y cercanía entre los que eligen y los elegidos. Aunque este fin permanece aún lejano. La Constitución de la República dicta que los diputados representan al pueblo entero. Y esa línea del artículo 125 de la carta magna salvadoreña es lo que les facilita a los legisladores desentenderse de quienes los eligieron directamente en cada distrito electoral.
Por ello, aunque los diputados resulten elegidos en La Unión, en Ahuachapán o en San Salvador, su área de representación es “el pueblo entero” y no específicamente esos departamentos donde la población les dio su voto.
Y estas organizaciones están conscientes de las consecuencias de esa línea de texto de la Constitución nacional.
“Es importante superar esa concepción departamental en la definición de las circunscripciones, que sin duda colisiona con el texto y el espíritu del art. 125 Cn., que define la calidad nacional de la representación de cada diputado, al estipular: ‘Los Diputados representan al pueblo entero…’. Situación que se confirma constantemente en la Asamblea Legislativa cuando se sustituye a un diputado propietario y se llama a un suplente, sin importar por cual departamento fue electo”, reza la propuesta de las organizaciones.
Si bien al cambiar el mapa de distritos para comicios legislativos mediante reformas al Código Electoral podría acercar más a la población y a sus representantes, se haría necesaria una reforma a la Constitución para establecer que cada diputado va a responder y representar a la población del distrito que lo eligió de forma directa.
Esa discusión, que ni siquiera está vestida con una propuesta de reforma en la Asamblea, ni con un recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional, todavía no se asoma en el horizonte legislativo.
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