El caso Funes y compañía destapó una red más de corrupción a alto nivel. Justamente fue condenado por todos, nadie los defendió, y ello es importante porque envía el mensaje de que nadie, ni ex presidentes, ministros, y altos funcionarios, están impunes. Es grave el mal utilizar fondos públicos, ocuparlos para fines privados, encubrir y utilizar el Estado para esos fines. Es una burla al pueblo salvadoreño, especialmente para los pobres que pasan hambre, el ocupar el erario público para fines como cirugías plásticas y lujos. Es condenable el ocupar el Estado como caja chica personal. Esperamos sean condenados todos los que la justicia encuentre culpables.
Hay dos partes a ese sistema de corrupción, ambas condenables. La primera es la utilización de fondos públicos para usos personales; ello ha sido condenado por todos y quizás sea más fácil detectar y erradicar. La segunda es la utilización de fondos públicos para “fines de gobernabilidad”, como se llama a la utilización de esos fondos públicos para comprar voluntades. Ello no ha sido tan publicitado, y ha sido poco condenado. Esa práctica penetra más la administración pública y toda nuestra sociedad y, por tanto, tiene más culpables, muchos de los cuales ni siquiera se mencionan, pero son igual de culpables y condenables.
Desde hace más de 30 años la administración pública permite que por decretos ejecutivos o legislativos se le ordene al ministerio de Hacienda hacer transferencias para usos reservados a diferencias instancias públicas, sean estos la Presidencia de la República, diferentes ministerios u otras instituciones. La justificación para ello es que esas instancias tienen que hacer gastos que requieren discreción, que no pueden ser de dominio público; por ejemplo, algunos gastos de defensa, gastos para emergencias, etc. Pero como “en el arca abierta hasta el justo peca”, muchos pecaron. Parece que en esos treinta años desde que se estableció el sistema, ninguna presidencia se salva. Lo que parecía una justificación aceptable, mantener en secreto temporal algunos gastos públicos, corrompió el sistema.
Esos gastos reservados -o gastos de la partida secreta, como se les llama- fueron ocupados por todas las presidencias desde 1986 para pagar sobresueldos al gabinete de Estado, para comprar votos en la Asamblea, para comprar periodistas y formadores de opiniones, resolver conflictos políticos o lograr “gobernabilidad”.
Ese bypass a la transparencia sirvió para seguir funcionando sin tener que tomar medidas políticas difíciles; así, en vez de plantear pagar más a los miembros de gabinete, se pagó sobresueldos; en vez de hacer planteamientos y discusiones públicas en pro o contra de una causa, se compró diputados; en vez de aportar al dialogo nacional y construir opiniones y ciudadanía, se compró periodistas. Estos hechos y esos culpables tienden a pasar desapercibidos. Es claro que igual peca el que paga que el que acepta la paga. Esos periodistas y expertos que reciben fondos por decir o callar lo que otros quieren pecan por corrupción pero también por falta total de ética profesional. Igual pecan esos diputados que venden sus votos, ellos son generalmente los de los partidos más pequeños, pero probablemente ello también explica algunos casos de diputados de partido grande que votaron en contra de su partido. Todos ellos corrompieron el sistema, todos ellos son culpables.
En el caso Funes, algunos de los grandes medios de comunicación cometen otro pecado más que puede tener repercusiones graves de otra índole. Algunos periódicos acusan a algunas instituciones y funcionarios sin tener pruebas. Por ejemplo, insinúan culpabilidad del ministro y ministerio de Hacienda, cuando según ellos han argumentado, y no se ha demostrado lo contrario, todas las transferencias las hizo ese ministerio por decreto ejecutivo o legislativo según establece la ley. Pecan también algunos medios por omisión al no plantear los casos de los culpables que señalamos arriba (diputados, sus periodistas y responsables de columnas de opinión, etc.). Otros medios acusaron al Estado de mal uso de fondos internacionales, lo cual no es cierto, pero sí daña la reputación del país, lo que puede tener importantes efectos políticos y financieros internacionales para El Salvador.
Nadie ha acusado al órgano responsable de asegurar el buen uso de los fondos públicos, la Corte de Cuentas; ellos son los responsables de averiguar qué uso se le dio a los fondos públicos y de denunciar cuando haya mal uso. La Corte de Cuentas ha brillado por su ausencia en este caso. Grave pecado.
Muchos han hecho uso del caso Funes para fines políticos partidarios. Ojala los candidatos y sus equipos se separen de ello y, más bien, tengan visión de país y demuestren el liderazgo necesario al acusar a todos los culpables, exigir justicia y proponer soluciones a ese sistema corrupto.
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