El fiscal general y su confusa lucha contra la corrupción

La nueva Fiscalía de Raúl Melara y su discurso contra la corrupción aún no encuentran tierra firme donde fundarse. A una semana de conocerse la noticia de que pidió que se elimine la reserva a los procesos judiciales por corrupción, la Fiscalía aceptó un trato con la defensa de Ana Ligia de Saca, esposa del expresidente Saca: un procedimiento abreviado en el que ella confiese que lavó dinero de fondos públicos a cambio de trabajo comunitario, en libertad.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

La Fiscalía General de El Salvador difundió este lunes 1 de abril el anuncio de la audiencia preliminar contra Ana Ligia de Saca y 14 acusados más de haber lavado alrededor de 25 millones de dólares de fondos públicos durante la administración presidencial de su esposo, Antonio Saca, entre 2004 y 2009. En sus redes sociales, la Fiscalía colgó un video que mostraba a la exprimera dama dentro del juzgado y a personal fiscal que llevaba sobre carretillas cajas con documentos del caso.

La parafernalia con que se previó la audiencia no fue la misma que se usó para su desenlace. De hecho, la Fiscalía no informó que aceptó un acuerdo con la defensa de Ana Ligia de Saca que consiste en que ella confesará su delito de lavado de dinero a cambio de una condena de tres años excarcelables y de trabajo de utilidad pública. Aunque el delito de lavado de dinero tenga una pena mínima de cinco años de cárcel.

El exfiscal general Douglas Meléndez consintió de igual forma al expresidente Antonio Saca, acusado del mismo delito que su esposa, y recibió la pena mínima. Meléndez fue criticado por haber tolerado una condena de pocos años de cárcel para el expresidente, sin tener la garantía plena de que iba a devolver alrededor de $300 millones que Saca desvió de Casa Presidencial.

El actual fiscal general, Raúl Melara, siguió los pasos de su antecesor y ahora le otorgó el beneficio a la esposa del expresidente, con la salvedad de que la exprimera dama no pasará años en prisión.

La Fiscalía, sin embargo, cree que puede lograr que Ana Ligia de Saca regrese alrededor de $25 millones que ella lavó. Aunque la defensa ya dio visos de que peleará por que su clienta no pase por la instancia civil.

La Fiscalía de Melara y su discurso anticorrupción no encuentran tierra firme. Este 1 de abril, la Fiscalía renunció a sentar un precedente de ganar un caso de gran impacto sobre corrupción y accedió a que la acusada confiese a cambio de beneficios.

Las reservas judiciales y el fiscal adjunto

Una semana atrás, el fiscal general Melara anunció que sus fiscales ya habían recibido la orden de pedir a los jueces que quitaran la reserva a todos los procesos judiciales vinculados a la corrupción. Es decir, que se liberen los expedientes y se desvelen así evidencias y declaraciones de testigos, y que dicha información se ponga a disposición del público. La solicitud, que parece un paso a favor de la transparencia, se produce justo después de que testigos implicaron a su fiscal adjunto, Allan Hernández, en un plan de sobornos que ya puso al exfiscal general Luis Martínez en la cárcel.

Un vocero de la Fiscalía salvadoreña dijo que la medida es parte de la lucha anticorrupción que lleva adelante la nueva administración de Melara. Las declaraciones, no obstante, surgen en medio de señalamientos contra el mismo fiscal general, a quien la Asamblea Legislativa eligió en diciembre pasado, por vínculos con Arena, el principal partido político de oposición (de derecha), y contra Hernández, su segundo al mando, por supuesta corrupción.

La ley salvadoreña contempla la figura de reserva judicial como una forma de proteger a las víctimas y testigos o para mantener en reserva las identidades de menores de edad. El Código Procesal Penal permite que la acusación y la defensa pidan reserva de un proceso al juzgado. Incluso, el mismo tribunal tiene, de oficio, la facultad de decidir si un caso amerita o no la reserva.

“La gente tiene derecho a saber. He ordenado que se pida levantar la reserva judicial en todos los casos ligados a corrupción”, escribió Melara en su cuenta de Twitter el 25 de marzo. El fiscal, más allá de las palabras de su vocero, no ha dado detalles sobre sus intenciones.

La mayoría de los casos por corrupción abiertos en el país en los últimos años han tenido reservas judiciales totales o parciales —la medida puede aplicarse también solo a porciones del expediente, como a declaraciones específicas de testigos implicados en los hechos que han recibido beneficios a cambio de sus testimonios— solicitadas por la Fiscalía.

Entre los casos más relevantes están los gestionados por Douglas Meléndez, el antecesor de Melara en el cargo, que implican a los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes en el desvío o apropiación indebida de unos $700 millones del erario. Ambos casos, pero en especial el de Funes, están basados en buena medida en testigos que han recibido beneficios a cambio de información que compromete a los exmandatarios. Sin reserva, las identidades de esos testigos quedarían expuestas.

Otro expediente relevante es el que reúne varios casos de corrupción atribuidos al exfiscal Luis Martínez, al que la misma Fiscalía ha llamado Operación Corruptela. En uno de esos casos, dos agentes de la Fiscalía, uno de ellos implicado en redes de corrupción, han dicho que Allan Hernández, el actual fiscal adjunto, recibió dinero en efectivo de Enrique Rais, un empresario acusado de sobornar a agentes fiscales para que lo favorecieran en procesos judiciales iniciados por él o en contra de él por sus adversarios comerciales.

Los motivos de Melara no son claros, sobre todo porque él no los ha explicado. La eliminación de la reserva a casos judiciales puede desvelar más detalles sobre los alcances de la corrupción en El Salvador y exponer a más funcionarios públicos que trabajaron bajo la protección de dos expresidentes y el exfiscal general entre otros, pero también puede mandar al traste investigaciones ya abiertas.

El director de la PNC, Howard Cotto (izquierda), junto al fiscal general, Raúl Melara, durante conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, en Casa Presidencial, el 18 de enero de 2019.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Las oportunidades más próximas para que la Fiscalía de Melara luzca su discurso anticorrupción no necesariamente son casos derivados de hechos recientes. La orden de la Cámara Tercera de lo Penal para reabrir, de cero, el proceso por la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA, así como la investigación abierta por el magnicidio del arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, serán claves en la gestión de Melara. Sin embargo, su ausencia en el foro “Memoria, verdad y justicia en El Salvador”, que reunió a organizaciones de derechos humanos, generó reclamos que pusieron en duda la voluntad de Melara por esclarecer los crímenes de lesa humanidad, principalmente los ocurridos en la guerra y sus periferias.

Pero Melara tiene en su oficina más investigaciones con casos de corrupción que su antecesor, Meléndez, dejó sin abordar. Aún es una incógnita si Melara se decidirá llevar a los tribunales a los representantes de los partidos FMLN, Arena e incluso al equipo del presidente electo, Nayib Bukele, que negociaron con las pandillas un respaldo de estos grupos criminales en las elecciones presidenciales de 2014 -los dos primeros- y la “gobernabilidad” para la Alcaldía de San Salvador en el caso de Bukele.

En el caso de Arena, fueron el entonces vicepresidente de Ideología y diputado del partido, Ernesto Muyshondt, y el exalcalde de Ilopango Salvador Ruano (fallecido), quienes negociaron con jefes de pandillas el apoyo para las elecciones en las que Arena llevó como candidato presidencial a Norman Quijano. En videos que fueron filtrados, se pudo observar cómo los areneros incluso consultaron con los pandilleros el perfil del próximo ministro de Seguridad en caso de que Arena ganara la elección.

Los efemelenistas Arístides Valencia, ministro de Gobernación, y Benito Lara, quien fue ministro de Seguridad entre 2014 y 2016 y luego fue adscrito como asesor de Casa Presidencial en el área de seguridad pública, pactaron con jefes de pandillas la asignación de hasta $10 millones para que los administraran las pandillas y se distribuyeran en microcréditos, a cambio de apoyos electorales hacia 2014, en las elecciones que ganó el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén.

Mientras que en el caso de Bukele, el pacto, que duró su permanencia en la alcaldía, desde 2015 hasta 2018, se fundamentó en dinero y un mínimo poder de decisión para las pandillas a cambio de evitar boicots y mantener la gobernabilidad del municipio. El mínimo poder de decisión se trató de la capacidad del Barrio 18 Revolucionarios para asignar puestos en el mercado Cuscatlán, un proyecto emblema de la administración de Bukele en la capital.

El exfiscal Meléndez no abordó las secuelas del caso Taiwán, en las que, por lavado de dinero, el exjefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) Tovías Armando Menjívar detectó que más miembros del partido Arena estaban involucrados, en específico, con el fin de que los dineros de Taiwán llegaran a una de las cuentas bancarias del partido Arena. Meléndez, conociendo el caso, plasmado en la Operación Corruptela, no actuó contra ninguno de los areneros.

Melara, por su parte, ya acusó a cinco de los señalados por Tovías Menjívar: el expresidente Antonio Saca, Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, Juan Tennant Wright Castro y los fallecidos Felipe Samayoa Rivas y el expresidente Francisco Flores. Sin embargo, el exjefe de la UIF también había descubierto a Eduardo Zablah Touché, a Guillermo Ávila Qüehl y José Antonio Salverría como corresponsables. El fiscal Melara no ha explicado por qué a estas tres personas se las excluyó de las acusaciones.

Melara también tiene en su nueva oficina una investigación sobre la compra o soborno de diputados que llevó a cabo el expresidente Mauricio Funes durante su administración, entre 2009 y 2014. Para estas operaciones, como reveló Revista Factum, se valió de su operador político Herbert Saca, quien contactaba a los diputados para manipular las votaciones en la Asamblea Legislativa a favor de los intereses del exmandatario y, en algunas ocasiones, a favor de su partido FMLN.

En cuanto a las reservas, buena parte de los casos pendientes en los tribunales, como los que pesan contra el exfiscal Luis Martínez, están basados, en buena medida, en testimonios de supuestos implicados de menor importancia en las redes de corrupción que han accedido a revelar lo que saben a cambio de reducciones de pena o, incluso, de no ser acusados ante los tribunales.

El fiscal Melara tampoco ha dicho, por ejemplo, si procederá judicialmente contra las personas que han recibido beneficios penales a cambio de sus testimonios.

Todavía es una incógnita si Melara, como cosecha propia de su administración, llevará a los tribunales más casos de corrupción. Las señales de Melara aún tienen intermitencias. El último beneficio que le otorgó a Ana Ligia de Saca, la última primera dama de los gobiernos de Arena, puede indicar qué tipo de fiscal eligieron los diputados. Por el momento, tiene a su lado como fiscal adjunto a Allan Hernández, a quien ya defendió en público a pesar de que al menos dos testigos y documentos oficiales lo involucran con redes de corrupción que han existido en la Fiscalía General.