Dividendos del Grupo Poma aliviaron líos de exvicepresidenta con Probidad

En julio de 2017, la sección de la Corte Suprema encontró irregularidades por 11.6 millones de dólares a la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Probidad dio casi seis meses a la exfuncionaria para que presentara pruebas de descargo: a diciembre, De Escobar había desvanecido gran parte de las observaciones gracias, en buena medida, a los dividendos que ella y su esposo, Carlos Patricio Escobar, ganaron entre 2004 y 2016 en tres empresas del Grupo Poma, uno de los conglomerados más poderosos del país y de los más estrechamente ligados al partido ARENA, del que ha sido financista durante años. La exdiputada asegura que ha desvanecido todos los señalamientos y cree que la Corte prepara una resolución por extinción de dominio. 

Foto FACTUM/Frederick Meza

Ana Vilma de Escobar ocupó poco menos de seis meses para reunir la papelería que le permitió justificar casi 10 millones de dólares en depósitos y retiros de cuentas bancarias y otros instrumentos financieros, a los que la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia no encontró explicación en el examen inicial que hizo al patrimonio de la exfuncionaria entre 2004 y 2016. Al final, y después de toda la prueba de descargo que presentó, De Escobar quedó pendiente de explicar de dónde le llegaron 1.4 millones de dólares a ella y a su esposo, quien por ley es también objeto del estudio de Probidad.

Probidad finalizó, el 28 de junio de 2017, un informe preliminar sobre el análisis y verificación de las declaraciones juradas de patrimonio de De Escobar. En ese informe se plantearon observaciones por 11.6 millones de dólares que a juicio de la sección no estaban justificados. El 1 de diciembre de 2017, Probidad emitió una adenda al informe preliminar. La exfuncionaria, a esa fecha, había podido justificar casi 10 millones de dólares y quedaban 1.7 millones en el aire. Esa cifra disminuyó hasta 1.4 millones de dólares, según se establece en el acta del pleno de la Corte Suprema de Justicia del 26 de junio de 2018.

En una entrevista que concedió a Revista Factum, la exvicepresidenta aseguró que en en las últimas semanas ha entregado a la Sección de Probidad la documentación para justificar la suma pendiente, los 1.4 millones de dólares. De Escobar se refiere al monto pendiente de justificar y dice que se trata de un fondo de inversión en Panamá en el que su esposo, Carlos Patricio Escobar, participó en el 2002. “Hemos presentado una certificación de la personería jurídica de la compañía en el registro público de Panamá; una constancia del agente residente de la compañía; una carta del representante legal de la compañía explicando cuál fue la inversión que hizo mi esposo, qué es lo que se le pagó. Pero nada de lo que presentamos pareciera que les satisface a algunos magistrados en la corte”, dijo De Escobar.

1.4 millones de dólares es mucho menos que 11.6 millones, pero es bastante más que los 728,329 dólares por los que el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en decisión dividida, envió a juicio civil al expresidente Mauricio Funes, y mucho más que los cerca de 200,000 dólares por los que una cámara de lo Civil lo condenó por enriquecimiento ilícito.

Lo que De Escobar no justifica aún es, también, casi un millón más que los 812,000 dólares por los que fue condenado Leonel Flores, exfuncionario del gobierno Funes, por enriquecimiento ilícito.

El examen que Probidad realizó al patrimonio de Ana Vilma de Escobar incluyó a su esposo, Carlos Patricio Escobar, y a la hija de ella, Anna Guth Albanez. El análisis comprendió dos periodos: entre 2004 y 2009, cuando De Escobar fue vicepresidenta, y entre 2010 y 2016, años en los que fue diputada en el Parlamento Centroamericano y en la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Ese informe, que Probidad notificó a la exfuncionaria el 4 de julio de 2017, “estableció el hallazgo de irregularidades o inconsistencias a documentar que fueron realizadas durante y después del período en el que la licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar ejerció el cargo de vicepresidenta de la República, las cuales ascienden a un monto total de $11,610,683.45”, según se lee en el informe de la sección de la Corte Suprema de Justicia al que Factum ha tenido acceso.

Las irregularidades abarcan a los tres miembros del grupo familiar. A de Escobar Probidad la cuestionó por 1,840,535.07 dólares; a la hija por 81,640.05 dólares; y a Carlos Patricio Escobar, el marido, por 9,688,508.33 dólares. La ley de Probidad establece que los exámenes patrimoniales han de incluir a los miembros del grupo familiar en primer grado de consanguineidad (padres e hijos) y primero de afinidad (cónyuges).

Diez días después de recibir la notificación, el 14 de julio de 2017, Ana Vilma de Escobar solicitó ampliación de plazo a 60 días más para presentar las pruebas de descargo. La Corte Suprema aprobó la solicitud el 27 de julio y la exfuncionaria fue notificada el 7 de agosto. El siguiente informe de Probidad llegó hasta el 1 de diciembre de 2017, casi seis meses después.

En el segundo reporte, Carlos Pineda, el jefe de Probidad, había dado por buenos los argumentos para desvanecer las irregularidades por casi 10 millones dólares.

Pineda es uno de los abogados que en la actual coyuntura de elección de nuevos magistrados de la CSJ pretende llegar a la Sala de lo Constitucional. Su nombre aparece en las listas de preferencia de los diputados de Gana, FMLN, ARENA y PCN.

¿Cómo lo hizo Ana Vilma de Escobar? Presentó documentación legal, entre copias certificadas de cheques, comprobantes de salarios del Parlacen, copias de misiones oficiales al extranjero y comprobantes de los viáticos utilizados, compraventas, pruebas de operaciones bursátiles, declaraciones juradas de familiares y auditorías de la casa Price Waterhouse que dan fe de los dividendos recibidos por su esposo de tres de las empresas del Grupo Poma.

Probidad dio por válida toda la documentación oficial relacionada con viáticos y salarios, así como las auditorías sobre dividendos, pero descartó varias declaraciones juradas con las que la exvicepresidenta quiso justificar depósitos a sus cuentas y a las de su esposo en conceptos varios, como atención médica a familiares del señor Escobar u otros hechos por la hermana de la exfuncionaria. La mayoría de esas declaraciones juradas fueron elaboradas entre el 13 y el 15 de julio de 2017, en las horas previas y posteriores a la petición de prórroga que hizo de Escobar a la Corte Suprema.

Ana Vilma de Escobar, en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, cuando fungió como diputada en el periodo 2015-2018. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

La exfuncionaria comentó en la entrevista con Factum que entre diciembre de 2017 y julio de 2018 ha estado entregando documentación adicional para justificar el monto pendiente. Si bien hubo un plazo fijado por Probidad con prórroga incluida, De Escobar dijo que la ley no le prohíbe que en función de responder a las observaciones de la sección ella pueda enviar información adicional a la corte.

Los dividendos del Grupo Poma

Carlos Patricio Escobar, esposo de Ana Vilma Albanez de Escobar desde el 14 de junio de 1996, fue durante al menos tres décadas uno de los ejecutivos influyentes en el Grupo Poma, de la familia del mismo nombre, dueña de varios hoteles y centros comerciales en El Salvador, referente en el mercado centroamericano de bienes raíces, y uno de los conglomerados empresariales que ha financiado al partido ARENA en varias campañas presidenciales.

Cuando en 2003 el entonces candidato presidencial arenero Antonio Saca cabildeaba al interior del partido y entre sus financistas por el nombre de su candidato a la vicepresidencia, Ana Vilma de Escobar surgió como la opción de un grupo cercano a las cúpulas empresariales del país, según comentaron a Factum dos ex funcionarias de alto rango en dos Ejecutivos distintos de ARENA que vivieron de cerca aquellas discusiones.

La primera opción de Saca era Silvia Aguilar Cartagena, una profesional cercana a él y alejada de los grupos empresariales. Esa opción se cayó, sin embargo, porque Aguilar apareció en una lista de profesionales que obtuvieron sus títulos universitarios de forma irregular elaborada por un fiscal especial en 2001. Surgió, entonces, la candidatura de Ana Vilma de Escobar, aupada en buena medida por los empresarios, entre ellos el Grupo Poma.

De Escobar ha negado siempre que su candidatura a la vicepresidencia o posteriores aspiraciones a puestos en la Asamblea Legislativa o en la dirigencia de su partido tengan que ver con su cercanía a los empleadores de su esposo: “No soy Poma, soy Albanez, si no ha quedado clara mi independencia en todo sentido, estamos complicados. Esa fue la excusa política de tiempos de Tony Saca, ese fue el mote con el que les encantaba excluirme sin ningún fundamento”, dijo la exfuncionaria a El Faro en 2013 a propósito de una disputa por puestos en el Consejo Nacional de ARENA, el COENA.

En ese reportaje, El Faro cita a un director del COENA y a dos personas “cercanas a la dirigencia” que dan por sentado que Carlos Patricio Escobar es una “persona cercana al Grupo Poma”.

Lo cierto es que entre 2004 y 2015, según los dos reportes de Probidad, Carlos Patricio Escobar ganó 6,573,002.68 dólares en concepto de dividendos por su participación en empresas insignia del Grupo Poma, y que ese dinero era parte importante del patrimonio familiar, según la misma Ana Vilma de Escobar lo reconoce varias veces, según los dos informes de la sección de la Corte Suprema.

En primera instancia a Probidad le llamó la atención que Carlos Patricio Escobar recibía depósitos cuantiosos en cuentas de bancos salvadoreños, provenientes en su mayoría del International Bank of Miami, en Estados Unidos, a través de otro banco, el Wells Fargo. Los investigadores de la Corte señalan, por ejemplo, un depósito por 174,989 dólares recibido el 28 de noviembre de 2006 por el esposo de la entonces vicepresidenta: “se desconoce el origen” de los fondos, se apunta en el examen inicial.

En total, Probidad cuestionó depósitos que Carlos Patricio Escobar recibió, entre el 17 de junio de 2004 y el 15 de mayo de 2009, en la cuenta corriente número 000-000-01-400008-7 del Banco Cuscatlán por 1,836,702.68 dólares procedentes del International Bank of Miami. La Corte también cuestionó 5,166,137.80 dólares, buena parte recibidos por Escobar en la misma cuenta tras el cese de funciones de su esposa como vicepresidenta.

El 13 de julio de 2017, un día antes de que Ana Vilma de Escobar pidiera ampliación de plazo para presentar prueba de descargo a Probidad con el fin de intentar desvanecer los reparos por 11.6 millones de dólares, su esposo declaró bajo juramento ante el notario Napoleón Hernández Jiménez que había abierto en 1989 la cuenta en el banco de Miami y que incorporó a su esposa como beneficiaria de esta luego del casamiento.

También dijo Carlos Patricio Escobar al notario que a partir de 2000 en esa cuenta del International Bank of Miami, la número 30036047-6, empezó a recibir depósitos por los dividendos que producían las compañías International Shopping Centers of Honduras, Hospitality Services of Honduras y Real Hotels Resorts -todas relacionadas al Grupo Poma-, en las que él tenía participación accionaria.

La sección de Probidad no dio por válida como prueba la declaración jurada en la que Carlos Patricio Escobar hace constar la existencia de la cuenta en Miami y el origen de los fondos que desde ahí le remitían a su cuenta en el banco de Cuscatlán. Lo que sí da por bueno Probidad es una auditoría de la casa Price Waterhouse Cooper en la que constan los dividendos que recibió de las compañías del Grupo Poma. Lo segundo basta a la sección de la Corte para cubrir las dudas sobre el origen de la mayor parte del dinero detectado a Escobar tras la salida de su esposa de la función pública.

“El análisis de los ingresos del señor Carlos Patricio Escobar… toma en cuenta los fondos recibidos del exterior por sus dividendos del Grupo Roble Internacional según reportes emitidos por Price Waterhouse Coopers, dichos fondos cubren ampliamente las diferencias negativas referidas”, concluye Probidad en el informe que Carlos Pineda, el jefe de la sección, firmó el primer día de diciembre de 2017.

Ana Vilma de Escobar, como su esposo, también ha tenido participación accionaria en empresas del Grupo Poma, aunque los dividendos que ella reportó a Probidad son mucho menores. Ese dinero, no obstante, también le sirvió para justificar reparos que la sección de la Corte Suprema le hizo a ella directamente por depósitos a los que en principio los investigadores no encontraron explicación.

En el primer informe, Probidad cuestionó a la exvicepresidenta por 36 remesas que realizó después de 2009 en la cuenta #89-01 Cashmatic Persona Natural de Inversiones Bursátiles Credomatic S.A. de C.V. por 587,963.33 dólares, “de los cuales se desconoce su origen”. De Escobar dijo, en su argumentación de descargo, que ese dinero tiene dos orígenes: los salarios, dietas y viáticos que recibió como diputada del Parlamento Centroamericano entre octubre de 2009 y abril de 2012, y de Inversiones Roble S.A. de C.V., Metrocentro S.A. de C.V. y Hoteles S.A. de C.V., “empresas en las cuales tengo participación accionaria”, según dijo De Escobar a la Corte.

Entre 2004 y 2016, Ana Vilma de Escobar recibió dividendos por 382,159.50 dólares de las tres empresas del conglomerado, la mayoría -el 85%- de Metrocentro. Mientras fue vicepresidenta y directora de PROESA (la oficina de promoción internacional de inversiones del gobierno) durante la administración Saca, De Escobar nunca dejó de recibir dividendos de alguna de las compañías del Grupo Poma.

Cuando el quinquenio Saca concluyó, la vicepresidenta Albanez de Escobar llevaba ya casi dos años distanciada del presidente. La disputa se agravó cuando decidió postularse como precandidata de ARENA para la presidencial de 2009, en contra de los deseos de Saca, quien tenía como favorito a René Figueroa, su ministro de Seguridad y compadre. Tras perder un ejercicio de elección primaria que Saca dirigió tras bambalinas, De Escobar lo acusó a él y a Herbert Saca, primo y asesor cercano del presidente, de manipular la interna.

Ana Vilma de Escobar fue vicepresidenta de El Salvador en el periodo 2004-2009. Foto FACTUM/Frederick Meza

Aquellos eventos explican el malestar de la exfuncionaria en 2013 cuando dijo a El Faro que eran acólitos de Tony Saca los que habían repetido que ella era la representante política del Grupo Poma en el gobierno, y que eso les había servido de excusa para excluirla de la dirigencia arenera. Muchos años después, sin embargo, ella misma ha reconocido ante Probidad que la relación de su grupo familiar con el conglomerado empresarial ha sido, al menos, provechosa en términos financieros; tanto que le ha permitido desvanecer observaciones por casi 10 millones de dólares.

Lanchas, casas, terrenos y 1.4 millones sin explicar

Mauricio Funes fue uno de los primeros funcionarios a los que Probidad echó el ojo luego de que, a partir de 2009, la recién inaugurada Sala de lo Constitucional le inyectara vida a la sección de investigación patrimonial de funcionarios a la que gobiernos de la derecha política en el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo habían quitado poder.

En febrero de 2016, Factum hizo público el informe inicial de Probidad sobre el patrimonio de Funes tras su gestión presidencial. Los montos observados, como se dijo arriba, fueron mucho menores que los que la Corte detectó en el caso de Ana Vilma de Escobar. Sin embargo, las investigaciones sobre Funes daban cuenta de un estilo de vida suntuoso -que incluyó viajes de placer, compras de accesorios de lujo y de vehículos- no justificado por los ingresos formales que obtuvo mientras fue mandatario.

Lo que los datos aportados por la exvicepresidenta y su grupo familiar a Probidad dicen sobre su estilo de vida es un poco distinto: era una vida suntuosa incluso antes de que ella llegara a Casa Presidencial y continúo siéndolo después.

Cuando entró a la casa de gobierno, Ana Vilma de Escobar y su esposo eran dueños de dos lanchas turísticas -productos de sendas herencias-, de cuatro aeronaves y de seis automóviles; de dos terrenos y una casa de veraneo en el Lago de Coatepeque; de tres terrenos rústicos en Jaltepeque, Usulután; y de dos lotes en Planes de Renderos, entre otros.

Cuando era diputada, entre 2012 y 2013, De Escobar adquirió un departamento y un espacio para habitación de servicio por un total de 397,085.30 dólares en el condominio El Pedregal de Antiguo Cuscatlán, en una de las zonas más exclusivas aledañas a la capital.

Mientras era vicepresidenta, en febrero de 2009, su esposo adquirió por cerca de 352,000 dólares un apartamento y un cuarto aledaño en el lujoso condominio de playa Costa Real, construido por el Grupo Poma en la playa Costa del Sol. La pareja, además, adquirió en septiembre de ese año dos palcos en el Estadio Cuscatlán por 35,000 dólares. Entre 2009 y 2016, De Escobar hizo depósitos en media docena de cuentas de tres bancos del sistema financiero local por 1.9 millones de dólares.

También hay otras diferencias entre ambos casos, los del primer presidente que llegó al poder con las etiquetas de la izquierda política y la de la última vicepresidenta de derecha que ha ocupado oficina en Casa Presidencial.

Para empezar, a Funes la Fiscalía hoy lo acusa de desvíos millonarios por la suma de unos 301 millones de dólares de fondos reservados de Casa Presidencial que el expresidente, según la acusación del Ministerio Público, ocupó en buena medida para mantener su vida de lujos. Lo que la justicia salvadoreña reclama al exmandatario va, ya, mucho más allá de los exámenes de Probidad.

Pero antes del desfalco millonario que le atribuye la Fiscalía, la justicia civil condenó a Funes por enriquecimiento ilícito por poco mas de 200 mil dólares, que es mucho menos que los más de 700 mil dólares que Probidad le detectó en principio o los 1.2 millones que la Fiscalía le atribuyó por los señalamientos de la Corte. Nada de esto tiene que ver con las supuestas extracciones millonaria de Capres, caso al que la Fiscalía bautizó como saqueo público.

En el caso de Ana Vilma de Escobar, Probidad se ha abstenido de recomendar lo que hizo con Funes por cantidades mucho menores: enviar a la exfuncionaria a un juicio civil por enriquecimiento ilícito. De Escobar subrayó en la entrevista con Factum que los exámenes de Probidad son “profesionales”, pero que en realidad son los magistrados los que toman decisiones “políticas” con los informes técnicos de la sección.

En la sesión de Corte Plena del 26 de junio pasado, la magistrada Doris Luz Rivas solicitó, sobre el caso de Ana Vilma de Escobar, que “se aclare si la funcionaria recibía las cantidades exorbitantes que se denuncian en la sociedad” y que si esas cantidades están relacionadas a “pagos de gerentes y demás” en FECEPE, un fondo especial para la creación de empleos por el que De Escobar, que estuvo a cargo de ese proyecto, ha sido señalada por sus adversarios políticos. El magistrado Sidney Blanco, coordinador de la comisión de ética y probidad, propuso que se requiera a la Presidencia de la República, a la Corte de Cuentas y al Banco Central de Reserva la información y las auditorías hechas a FECEPE. La moción se aprobó con nueve votos de los magistrados.

La exvicepresidenta dice tener conocimiento de que ya existe un proyecto de resolución en su caso y que la recomendación, según ella, va encaminada a abrirle un juicio de extinción de dominio y no enriquecimiento ilícito. El magistrado Sidney Blanco, en una entrevista del programa 8 en punto de principios de julio, comentó que, a pocos días de terminar su período de nueve años en la corte, es difícil que los casos de Probidad sobre Ana Vilma de Escobar, Sigfrido Reyes, Óscar Ortiz y Guillermo Gallegos se resuelvan con prontitud.

“A estos y otros funcionarios que ya están investigados e identificados sus bienes, en cualquier momento, de acuerdo con la ley, la Constitución y la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, pueden extinguírseles los bienes, dineros o valores”, dijo Blanco en la entrevista. De hecho, estas declaraciones y otras más que dio en ese programa le valieron para que fuera recusado por De Escobar, quien considera que el magistrado adelantó criterio.

El caso de la exvicepresidenta recuerda al del exdiputado y ex presidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, miembro del FMLN. Probidad le encontró reparos por $1,357,579. Después de presentar diferente documentación, las irregularidades bajaron a $207,400. ¿Cómo lo hizo? Gracias a su nueva vida como empresario -que inició siendo ya diputado-, y que le permitió tener ganancias de hasta $160,000 en su patrimonio, según los informes de Probidad. Su bonanza, sumada a la de su esposa, han sido suficientes para que Probidad, en su proyecto de resolución -según la copia que Factum consultó-, considere que Reyes no se enriqueció ilícitamente cuando fue diputado.