Sin códigos de ética propios, los medios de comunicación de El Salvador apelan a sus propias costumbres, no escritas, para justificar sus prácticas periodísticas. La realidad, sin embargo, ha demostrado que la mayoría de medios no ha sido capaz de cumplir sus propios acuerdos para, por ejemplo, no exponer a las víctimas de la violencia o violentar los derechos de la niñez.
Un mes antes de iniciar el conflicto entre El Salvador y Honduras, conocido como la Guerra de las 100 Horas, la Asamblea Legislativa declaró el 31 de julio como el Día del Periodista de El Salvador. El militar Fidel Sánchez Hernández, entonces presidente de la República, firmó el decreto legislativo del 16 de junio de 1969 en cual quedó escrito: “En la actualidad el periodismo salvadoreño ha contribuido con su labor seria y orientadora a la solución adecuada de nuestros problemas”.
Pero en ese contexto anterior a la guerra, el papel de los medios de comunicación fue determinante para alimentar las tensiones entre dos países bajo el mando de gobiernos militares. El enfrentamiento deportivo entre las selecciones de fútbol de Honduras y El Salvador, para clasificar al Mundial de México 1970, fue orientado al escenario político, donde se daban agresiones contra trabajadores salvadoreños que vivían irregularmente en Honduras y viceversa. El combate duró apenas cinco días, pero murieron miles de personas. Los registros históricos van desde las 2,000 a 6,000 víctimas, según la fuente.
El manejo mediático de esta guerra fue tan cuestionado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo dejó establecido como primer punto de la resolución emitida el 7 de agosto de 1969: “Recomendar a los Gobiernos de El Salvador y Honduras que requieran de la prensa y de la radiodifusión el cese de toda propaganda que induzca a actos de persecución, o que genere el temor de que tales actos puedan producirse. En el caso de que espontáneamente tales medios de comunicación no cesen en su propaganda estimulante del desorden, uno y otro Gobierno habrán de adoptar las medidas conducentes a ese fin que sean autorizadas por las disposiciones constitucionales que los rijan”.
Cuarenta y siete años después y tras ese importante llamado a la responsabilidad desde los medios de comunicación, El Salvador mantiene la celebración del Día del Periodista, y a pesar de que las formas de hacer periodismo y consumirlo han cambiado con el tiempo, aún tiene deudas importantes para lograr que su papel en la sociedad sea cada vez más profesional y apegado a su función de la defensa de los derechos humanos.
Y es que el derecho a la libertad de expresión al que suelen apelar los medios de comunicación para justificar su labor, según aparece en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha de estar apegado al respeto, a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas; y tampoco está exento de cierto control, según recoge la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA): “La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”. Con estos principios el debate sobre la autorregulación está servido y no solo en El Salvador.
“¿Cómo se controla esto (libertad de expresión)? Esa es la dificultad (…) Nosotros tenemos la dificultad de nuestra historia, como dice Naciones Unidas, en un país democrático estas cosas deberían funcionar a través de regulaciones. ¿Pero El Salvador es ya un país democrático? En las noticias advertimos mucho sesgo partidario e ideológico, mucho, muy fuerte (…) El problema de no tener una sociedad reconciliada hace que ocurran estas cosas y que se haga muy difícil regularlas”, señaló Gerardo Alegría, procurador adjunto para la defensa de los derechos civiles e individuales, durante un conversatorio sobre la libertad de expresión.
Y mientras otras profesiones están estrechamente vinculadas a un código ético definido, el cual se discute, se actualiza y, sobre todo, se trata de poner en práctica, como ocurre con la profesión médica y publicitaria, ¿qué sucede con el periodismo en El Salvador?
Desde 1999 el país cuenta con el Código Ético de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que es de adscripción propia. El código reconoce el valor del compromiso ético “para reforzar los avances del periodismo” en el país, al mismo tiempo que recomienda a periodistas, directores y propietarios de medios que lo tomen en cuenta para “lograr una nueva forma y estilo de ejercer el periodismo en El Salvador”.
En 2012, se presentó una versión actualizada del código de la APES, que pasó de tener 39 a 46 artículos y donde se reforzó, entre otros aspectos, el respeto de los derechos de la niñez en el marco de la entrada en vigencia de la Ley Especial de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina) y la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). En esta edición se estableció la importancia de “contribuir a la creación, seguimiento y fortalecimiento de la figura del Defensor de los Lectores, Televidentes, Radioescuchas y Cibernautas (Ombudsman de la Prensa)”; sin embargo, a la fecha no se ha observado ningún logró al respecto.
En cuanto a los códigos propios por cada medio, como se dan en otros países del mundo, ni La Prensa Gráfica ni El Diario de Hoy, los principales diarios del país, con 100 y 80 años de historia respectivamente, cuentan con dichos documentos, según se comprobó al consultar con editores de ambos medios.
“Siempre se habla en abstracto, no es que nosotros tenemos nuestros propios mecanismos para autorregularnos ¿Cuáles son? Silencio total. Entonces es un buen punto a tomar en cuenta, si es necesario que haya en el horizonte un manual que diga: nosotros escribimos conforme a esto, y es un ejercicio de transparencia”, dice señala Carlos Domínguez, docente de periodismo en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) y miembro electo de la comisión de ética de la APES.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), que agrupa a 84 emisoras de radio y televisoras, se acogió en 2012 a la Declaración sobre Principios de Ética, firmada en Lima (Perú), en 1955. Este pacto se formalizó antes de que El Salvador iniciara las primeras retransmisiones de televisión. La declaración contiene ocho principios bastante generales que resaltan el valor de la radio para ayudar en contextos de emergencia nacional y catástrofes, sobre el uso correcto de la palabra y el lenguaje, el poder educativo, así como el respeto a la libre competencia. Además se especifica que no debe haber injerencia de las autoridades estatales, salvo casos relacionados con la violación a la ley penal.
Otro precedente importante de un intento de autorregulación es el acuerdo “Me Uno”, firmado en 2006 por representantes de 15 medios de comunicación de El Salvador para la cobertura responsable de la violencia que se da en el país. La iniciativa retomó el manual de La Prensa Gráfica para la cobertura de los hechos violentos y a la misma se unieron El Gráfico, Diario Co Latino, Diario el Mundo, ASDER y los canales de televisión 2, 4, 6, 12, 15, 19, 21, 33, 35. El Diario de Hoy no participó en este acuerdo donde se llegaron a varios puntos, entre ellos: No mostrar cadáveres ni escenas que contengan sangre; tratar con respeto la dignidad de las víctimas y sus familiares; no más espectáculos policiales; no hacer apología del delito; cero tatuajes de pandillas; más historias de reinserción; espacios de expresión para el público y respeto al principio de inocencia.
Sin embargo, este intento de autorregulación ha perdido bastante vigencia hoy día. En algunos de esos medios se pueden ver hoy los tatuajes de las pandillas, cadáveres y coberturas de las intervenciones policiales aprovechando su vistosidad. Los miles de homicidios que se cometen cada año, la tregua entre pandillas y la evolución del fenómeno de la violencia han hecho que en muchos casos prime el morbo y aumenten los mensajes de odio, precisamente en las ediciones digitales donde son comunes los comentarios de lectores que piden matar a todos los miembros de maras y pandillas para resolver el problema de la violencia en el país.
“Los enemigos de la regulación son las empresas informativas, cuando dicen que la mejor ley es la que no existe, una visión muy libertaria en general del manejo de la información. Lo que pasa que la autorregulación no está funcionando, si yo me voy a tomar los puntos del Me Uno, hay algunos avances, en la foto mejoraron pero lees el texto y es un desastre”, considera Andrea Cristancho, catedrática de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), que desarrolla una tesis doctoral sobre la profesionalización periodística donde trata sobre regulación y auto regulación.
La posición de esta catedrática concuerda con las manifestaciones de rechazo por parte de ASDER y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) contra los proyectos de Ley de Medios Públicos y Ley de Radiodifusión Comunitaria, presentados en 2013 por el Gobierno y la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS). Argumentan que esas normativas podrían servir para beneficiar a los medios de comunicación afines al Gobierno.
Pero la gran concentración de medios, tan típica de Latinoamérica y con especial énfasis en una tierra ya concentrada como es Centroamérica, ha sido uno de los grandes obstáculos también para lograr avanzar en la autorregulación, apunta Cristancho. Un ejemplo de ello es el reparto del espectro radioeléctrico nacional mediante subasta, motivo de lucha durante años por parte de las radios comunitarias y organizaciones defensoras de derechos humanos. El grupo Telecorporación Salvadoreña (TCS) de la familia Eserski es pionera en el establecimiento de la televisión en el país y ha mantenido el monopolio sobre las frecuencias de 11 canales. Mientras que en la radio, 27 emisoras son repartidas entre el Grupo Samix, Corporación FM, Grupo Radio Stereo y Corporación KL, ocupando la mayoría del espectro y dejando solo dos emisoras para radios públicas y una para las comunitarias.
Este reparto se logró modificar en mayo pasado gracias a la reforma de varios artículos de la Ley de Telecomunicaciones y después de que se declarara inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, abriendo así espacios para los medios con menos recursos económicos o sin ánimo de lucro. Esta decisión fue celebrada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que vio un avance en la “democratización” del espacio público.
Todo lo anterior ha sido expuesto sin contar con una regulación que podría servir para garantizar la libertad de expresión, en un país caracterizado por sus altos niveles de violencia durante las últimas dos décadas, y la protección de los periodistas.
Entre los casos recientes de ataques contra los periodistas se ha registrado el homicidio un reportero en Tacuba, Ahuachapán. Nicolás García tenía 23 años y trabajaba en una radio comunitaria. Al parecer ya había sido amenazado por pandilleros de la zona debido a su labor, según denunció la APES.
Las amenazas también han venido de las instituciones. En julio de 2014, el periodista de El Faro, Óscar Martínez, regresaba de una cobertura cuando fue retenido de forma arbitraria e interrogado por la policía durante 30 minutos. En febrero de ese mismo año, el periodista Ciro Granados, director del diario digital La Página, denunció amenazas de muerte por parte de un alto dirigente de un partido de derecha.
Según Reporteros Sin Fronteras, la situación de la libertad de información se ha deteriorado desde que Salvador Sánchez Cerén llegó a la presidencia de la República. “Las autoridades, que en general son hostiles con los medios de comunicación, no garantizan la protección de los periodistas ni favorecen su trabajo”, señala la organización.
Sin embargo, hasta la fecha, nadie ha presentado una propuesta de ley para proteger al gremio de las amenazas que sufren a diario por parte de la delincuencia, el crimen organizado y las instituciones del Estado. Esto impacta directamente en el ejercicio de la libertad de expresión, destaca el Diagnóstico sobre la labor periodística en El Salvador realizado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) entre 2015 y 2016.
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