Las presiones económica y política han sido claves para la brevísima independencia catalana, declarada por poco más 40 segundos. Lo que queda es un llamado al diálogo donde Cataluña parte con desventaja: el gobierno central y la comunidad internacional apoyan la unidad de España. El proceso sigue abierto y el final es incierto.
Foto FACTUM/Majo Siscar
40 segundos pueden dar para mucho. En el partido de fútbol más frenético de este verano dos equipos ingleses ya habían empatado 1-1 a los 40 segundos de juego. En 1998, Michael Jordan remontó a los Bulls en los últimos 40 segundos, volviendo histórica esa final de la NBA. El pasado 19 de septiembre, en México, un sismo de 40 segundos acabó con la vida de 331 personas.
Los catalanes también hacen muchas cosas en 40 segundos. El mediático cocinero Miquel Antoja prepara todo tipo de postres en ese lapso. Y 40 segundos fue lo que duró la República catalana este martes 10 de octubre.
40 segundos exactos transcurrieron desde que el presidente Carles Puigdemont terminó la frase donde asumía el mandato “del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república” y añadía que “y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo”.
40 segundos. 40 segundos e independencia suspendida. 40 segundos, el tiempo para ganar más tiempo.
Puigdemont hizo el martes una pirueta estratégica para posponer el salto al vacío al que le había orillado el manejo de los acontecimientos del último mes. Según sus propios dichos, el controvertido referéndum del 1 de octubre les legitimaba para conformar una República propia, pero de declararla se enfrentaba a la judicialización y a la intervención de las instituciones catalanas por parte del Estado español, además de a la fuga de capitales que ya habían empezado a desfilar. Ante ello optó por internacionalizar discursivamente el conflicto. La mayoría simple del Parlamento catalán firmó una declaración de independencia y suspendió sus consecuencias para dejar paso al diálogo, de la mano de una mediación internacional.
Miles de catalanes se congregaron a las afueras del Parlamento a seguir lo que pensaban que iba a ser la declaración de Independencia de un nuevo país. Foto FACTUM/Majo Siscar
Una compleja jugada para contentar a quiénes recibieron golpes en los colegios electorales hace diez días y a la vez frenar el vértigo de los mercados, amainar la tensión y tirar la pelota a la cancha contraria. Cual estratega, convocó a su equipo, convenció a su extremo izquierda más independiente para que siguiera defendiendo la cancha, y lanzó un saque de córner que en 40 segundos mandó el partido a prórroga. Una prórroga a la espera que un árbitro internacional le evite llegar a los penales.
La jugada fue un éxito a nivel de comunicación política, en tanto Cataluña apareció –ante un millar de medios internacionales acreditados en la sesión– abierta al diálogo frente a un gobierno español que, en boca de la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, se apresuró a rechazar cualquier mediación internacional. Además, el presidente esquivó, por ahora, la acusación por delito de rebelión que planea sobre él, con una perífrasis discursiva. Dejó a manos del pueblo la declaración de independencia. Pero, si él no la declaró, ¿como podía él suspenderla?, preguntó desde la oposición el diputado socialista Miquel Iceta.
A nivel jurídico, la jugada resbala y aparece más como escenificación y contentamiento de las bases independentistas que con algún tipo de consecuencia real ante un gobierno español cerrado al diálogo y que deja la política a los tribunales. 40 segundos de aire y una noche de tregua.
Al día siguiente, el jefe del ejecutivo español, Mariano Rajoy, ha cachado la pelota y se la ha vuelto a lanzar hábilmente al catalán. Ha mandado un “requerimiento al presidente de la Generalitat” en el que le da cinco días, es decir hasta el lunes 16, para que “aclare” si ha declarado o no la independencia. Si lo ha hecho, tendrá hasta el jueves 19 para desdecirse o aplicará con fuerza el artículo 155 de la Constitución Española, una medida excepcional y que implica el control político de las comunidades autónomas por parte del Estado y que nunca antes se ha aplicado en España.
Rajoy juega con ventaja. Pese a que los catalanes aseguran que tienen ofertas de mediadores internacionales sólidos, desde la Unión Europea acuerpan al gobierno español. Y así lo han hecho saber los dos países a la cabeza, Francia y Alemania.
El Consejo de Europa, que define las orientaciones y prioridades políticas generales de la UE, abrió una vía de comunicación con Cataluña y hace unos días ya pidió una investigación por la actuación de la policía española el 1 de octubre. Pero su presidente, Donald Tusk, pidió el martes, antes de la comparecencia de Puigdemont, que respetase “el orden constitucional y no anuncie una decisión que impida el diálogo un conflicto que tendría efectos negativos para los catalanes, los españoles y Europa entera”.
La solidaridad europea se acaba cuando se le toca el bolsillo. La deuda de España con Europa fue, al terminar el 2016, del 99,4% de su PIB, más de mil cien millones de euros. Las consecuencias económicas de una crisis política en España, afectan directamente las cuentas europeas.
“La declaración de Puigdemont ha sido buena porque ha calmado los mercados, ha calmado a España, a Europa, a Sudamérica”, dice con satisfacción Carlos Manresa, empresario hostelero y hotelero barcelonés que ha visto como en el último mes le han caído los ingresos entre un 10 y un 15%. No hay cifras oficiales todavía del impacto económico, pero el principal diario catalán estima pérdidas de un 30% en la economía local desde los días previos al 1 de octubre.
Horas antes de la comparecencia, Manresa, que forma parte de varias patronales del sector del ocio, ya anunciaba off the record que el presidente catalán iba a ser suave. Las presiones de fuera y de dentro de Cataluña habían hecho mella. En los últimos días, las empresas insignias catalanas, que hasta hace poco iban de la mano del partido de Puigdemont, habían entrado en el juego moviendo sus sedes fiscales a otras regiones españolas. Por si acaso la independencia no duraba 40 segundos.
El mismo Manresa asegura que votó a la derecha nacionalista, la misma que durante décadas pactó con el Partido Popular de Rajoy, hasta que ésta se volvió abiertamente independentista en 2012. Ahora en cambio pide mano dura del gobierno español. El ultimátum que ha mandado el Congreso lo es.
Pere Ortiz (bandera de democracia) se volvió independentista para romper con un régimen que para él, militante troskista en la transición, ya era insuficiente después de la dictadura. Foto FACTUM/Majo Siscar
Muy diferente es la opinión de un pequeño empresario jubilado de la periferia de Barcelona. Pere Ortiz, 67 años, con una empresa familiar de inyección de moldes de plástico, viajó con su hija hasta las afueras del Parlament para vivir, entre una multitud que estaba expectante siguiendo el discurso en pantallas gigantes, “lo que había estado esperando 50 años”. No piensa que una independencia cierre a su hija e hijo, que ahora llevan el negocio, la relación con sus clientes españoles. “Nuestro trabajo no va a cambiar y los clientes nos van a seguir comprando como lo hacen desde cualquier otro país”, decía, con una bandera al cuello donde se leía “Democracia”. Pero su emoción pronto se convirtió en desconcierto y decepción. “Esto no se acaba aquí”, alcanzó a decir.
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